Ante la llegada de la “fiesta de la democracia”, la celebración de las próximas elecciones autonómicas en nuestra Comunidad, es el momento de la reflexión por parte de los ciudadanos tanto de las actuaciones del Gobierno autonómico, como de las propuestas de los diferentes líderes políticos. Amnistía Internacional, como Organización civil independiente, tiene la responsabilidad de hacer llegar a los candidatos de los distintos partidos políticos las preocupaciones que, hacia esta región, existen en materia de Derechos Humanos. Veamos.
Autor: Jesús Piñuela Martín. Activista por los derechos humanos.
Violencia contra las mujeres: centros de atención a las víctimas de violencia sexual abiertos 24 horas al día todos los días. El Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres (Convenio de Estambul), aprobado en 2011 y en vigor desde 2014, establece la necesidad de crear centros de atención de emergencia para las víctimas de violencia sexual. Diez años después, España cuenta con tan solo dos en todo su territorio; ninguno de ellos en Castilla y León.
Derechos humanos de las personas mayores en residencias. De acuerdo con la investigación realizada por Amnistía Internacional, en general, las medidas adoptadas por las autoridades españolas para responder a la pandemia COVID-19 han sido inadecuadas y han vulnerado los derechos humanos de las personas mayores que vivían y viven en residencias; en concreto, el derecho a la salud, a la vida y a la no discriminación. Más en general, Amnistía Internacional espera que la necesaria revisión del modelo de atención residencial se lleve a cabo con una perspectiva de derechos humanos y de género.
Sanidad: atención primaria. Amnistía Internacional considera que el derecho a la salud se ha vulnerado durante la pandemia. Las causas no se encuentran únicamente en una situación coyuntural derivada de la actual emergencia sanitaria, sino en cuestiones estructurales que tienen que ver con un sistema infradotado en términos materiales y humanos, con una inversión alejada de la que tienen otros países europeos. Por ello, es más necesario que nunca el incremento urgente de la inversión en ese pilar fundamental del sistema público de salud. Por ello, no podemos dejar pasar un día más en Castilla y León: necesitamos alcanzar el porcentaje del 25% del total del gasto sanitario público, tal y como recomienda la OMS.
Derecho a la vivienda: asegurar la accesibilidad del derecho para todas las personas. Amnistía Internacional recomienda que se asegure que la Comunidad Autónoma dispone de canales adecuados para que todas las personas con necesidades de vivienda (en particular, aquellas pertenecientes a colectivos especialmente vulnerables) puedan ser identificadas y acceder a ayudas públicas; evaluando los requisitos exigidos para el acceso a ayudas públicas para compra y alquiler, de manera que se asegure que ninguna persona con necesidades queda excluida.
Promoción de los derechos humanos en todo el mundo y apoyar a defensoras y defensores de derechos humanos. Aunque la Constitución española atribuye las competencias en política exterior a la Administración Central, también es cierto que, de hecho, todas las comunidades autónomas, y también la de Castilla y León, mantienen una política de presencia internacional, en diversos aspectos, que incluye frecuentes contactos con autoridades políticas de otros estados, visitas a los mismos y otras reuniones de alto nivel. Debido a ello, en opinión de Amnistía Internacional, también las autoridades autonómicas han de asumir su parte de responsabilidad en la tarea de contribuir a la promoción y protección de los derechos humanos en aquellos estados con los que mantienen algún género de relación.
Amnistía Internacional estará atenta, en la próxima legislatura autonómica, para que tanto el próximo Gobierno resultante de las urnas como los partidos políticos en la oposición, actúen con la finalidad de cumplir con los objetivos relativos a los Derechos Humanos.