Nuestra sociedad, a lo largo de toda su trayectoria democrática, ha ido consolidando dos logros, dos conquistas sociales, por tanto, con el esfuerzo de todos, como son la sanidad y la educación públicas.
Este tiempo, en que la pandemia ha puesto todo patas arriba, nos hemos dado cuenta del altísimo valor social que tienen y que cumplen tanto la sanidad (no hace falta dar detalles, pues está en la memoria de todos su decisiva contribución para atajar y solucionar la crisis sanitaria originada por el covid-19), como la educación (pues, durante y tras el confinamiento, los centros educativos han sacado adelante los cursos y la progresión en los estudios de todo el alumnado).
Pero tales logros –sanidad y educación– están vinculados con lo público, esto es, con ese servicio al bien común que han de tener los servicios esenciales del estado. Pero es curioso que, cada vez con un mayor empuje, en ambos sectores, los conceptos de lo privado y del negocio tratan de aminorar e incluso desbaratar ese logro social que constituye el de una sanidad y una educación pública con buena salud.
En este sentido, los recortes en uno y otro ámbito son una muy mala noticia para el interés de todos, para el bienestar de toda la sociedad.
Pero nuestra sociedad tiene aún varias asignaturas pendientes, en la dirección del bien común, que no acaba de saber abordar con valentía. Podemos enumerarlas y todos nos daremos cuenta de que, en la medida en que se fuera avanzando en tales aspectos, progresaríamos como sociedad.
El problema de la vivienda y de los precios abusivos, inflados (como se dice en el argot), tanto de los alquileres como de las compras o adquisiciones, es algo que nuestra sociedad no ha sido capaz de solucionar aún. Se interponen intereses privados y conceptos como los de negocio, que no debieran de aparecer en las necesidades llamadas básicas de los ciudadanos.
Si tenemos en cuenta la precariedad de muchos salarios y las dificultades de no pocas familias y sectores jóvenes de nuestra sociedad para poder alquilar vivienda y poder sobrevivir (recordemos los significativos informes de Cáritas, en este aspecto), los precios de los alquileres son, por lo general, abusivos.
A ello, tendríamos que añadir otras asignaturas pendientes, que no acaban de arrancar ni de gestionarse bien y con satisfacción por todas las comunidades autónomas, como es el de la renta básica universal y de emancipación, aprobada ya no hace muchos meses, pero que, debido a la burocratización (ese mal irremediable de nuestro país), no acaba de arrancar ni de llegar a las familias y personas que la necesitan.
Y podríamos seguir: pues en dignidad y seguridad en el empleo hemos retrocedido. Y tampoco las libertades andan en sus mejores tiempos y momentos. Y la realidad de las mujeres, de inmigrantes y de minorías sexuales… tampoco viven sus mejores tiempos, pese a ese despertar de la conciencia en tales campos.
Todos los aspectos que hemos indicado (y algunos otros) constituyen hilos básicos y necesarios para tejer ese tapiz social que arroje un dibujo digno, a la altura de este tiempo.
Y merece la pena consolidar los logros y avanzar por las vías de la dignificación social en aquellos ámbitos pendientes de solución aún.