La detención indefinida, la privación de la libertad sin el debido proceso legal, la desaparición forzada, la tortura y los tratamientos crueles y degradantes son crímenes contra la humanidad universalmente reconocidos. Ningún presidente, político, legislador, abogado, agente de seguridad puede convertirlos en prácticas legales, tanto en periodo de paz como de guerra.
Giulia Balzano. Defensora de los derechos humanos.
"No hay ninguna justificación más allá de la política para que el Congreso nos impida cerrar una instalación que nunca debió abrirse", afirmó el ex presidente de EEUU Barack Obama en 2013 acerca de la prisión de Guantánamo. "Imaginen un futuro dentro de 10 o 20 años en el que EEUU sigue teniendo bajo custodia a gente que no ha sido acusada de ningún crimen en un pedazo de tierra que no es parte de nuestro país", añadió. Ocho años después de esta declaración, Guantánamo sigue funcionando.
La cárcel de alta seguridad situada en la base naval que Estados Unidos tiene en la bahía de Guantánamo, en Cuba, fue instalada en 2002 bajo la orden ejecutiva del presidente Bush con el fin de detener a personas acusadas o sospechosas de terrorismo. Más de 700 hombres han pasado por el centro de detención, la mayoría de ellos capturados tras los atentados del 11 septiembre en EEUU, durante las invasiones militares en Afganistán e Iraq. Hoy en las celdas quedan 40 personas, todas llevan al menos 12 años en la cárcel, y solo dos de ellas cumplen condenas tras haber sido juzgados por comisiones militares especiales.
Guantánamo es un emblema del fracaso gubernamental estadounidense en respetar las obligaciones de los tratados internacionales. A partir de la instalación, su ubicación ha sido concebida como un limbo legal para evitar el escrutinio judicial sobre las detenciones: situándose en territorio cubano ocupado por Estados Unidos, los prisioneros no están protegidos ni por la legislación cubana ni por la estadounidense. Entre ellos, algunos ni siquiera tienen derecho al status de prisioneros de guerra, porque la Convención de Ginebra se aplica entre los Estados firmantes, pero no a grupos organizados externos, como podrían ser los Talibanes o los miembros de Al Qaeda.
EEUU considera a los detenidos “combatientes enemigos ilegales”, por lo cual se les niega las garantías fundamentales de un proceso justo, el derecho de ser asistidos por un abogado, de recurrir sus causas frente a un tribunal ordinario, o incluso el derecho a no ser detenidos indefinidamente sinjuicio alguno. En caso de que sean procesados, son juzgados por comisiones militares expresamente creadas, que han sido criticadas a nivel internacional por violar los requisitos de imparcialidad, independencia y no discriminación. Además, muchas de las pruebas se obtuvieron mediante tortura, lo que las deslegitima a la hora de exponerlas en un juicio.
A pesar de que Washington insiste en que los prisioneros reciben un “trato humanitario”, informes de Amnistía Internacional, Naciones Unidas, Cruz Roja Internacional o Humans Rights Watch denuncian la condición degradante de las personas detenidas, y son muchas las evidencias de tortura sufrida por ellas. Golpes, violaciones sexuales, alimentación forzada o ayunos, esposados en corto, privación del sueño, shocks térmicos, son algunas de las practicas crueles a las que son sometidos los detenidos en los campos infernales de Guantánamo y en las cárceles secretas de la CIA.
Zayn al Abidin Muhammad Husayn, conocido como Abu Zubaydah, lleva encarcelado sin cargos bajo custodia de la Agencia Central de Inteligencia desde hace 19 años. Fue capturado en Pakistán y entregado en 2002 a las autoridades estadounidenses, transferido por ellas a una instalación secreta, ubicada presuntamente en Tailandia, donde permaneció por cuatro años y medio. Su celda no tenía ni luz natural ni ventanas; música a alto volumen y generadores de ruido eran empleados para causarle sensación de desorientación, a menudo se le forzaba a estar desnudo y se le privaba del sueño, y sufrió ahogamientos simulados 83 veces en un mes. Durante la “fase agresiva de interrogación”, que duró unos 20 días, Abu Zubaydah permaneció 11 de ellos en un ataúd poco más grande que su cuerpo, y 29 horas en una “caja” aún mas pequeña, antes de ser transferido en secreto a la cárcel de Guantánamo. Abu nunca ha sido acusado, y a pesar de ello nadie fue llevado ante la justicia por los crímenes cometidos contra él.
La detención indefinida, la privación de la libertad sin el debido proceso legal, la desaparición forzada, la tortura y los tratamientos crueles y degradantes son crímenes contra la humanidad universalmente reconocidos. Ningún presidente, político, legislador, abogado, agente de seguridad puede convertirlos en practicas legales, tanto en periodo de paz como de guerra. Sin embargo, la bahía de Guantánamo y las cárceles secretas de la CIA son ajenas a cualquier principio humano: el Estado de Derecho se pisotea continuamente y sin reservas en estos pedazos de tierra que parecen ser de nadie.
Estados Unidos, con la complicidad de la Unión Europea, entra en el vigésimo año de humillación de derechos fundamentales en nombre de una presunta seguridad nacional. Bajo distintas políticas, tres presidentes han fracasado en acercar a los EEUU a la rendición de cuentas por los crímenes cometidos contra los detenidos. Bajo distintas retóricas, cada presidente ha intentado justificar la omisión de las obligaciones estadounidenses hacia el derecho internacional: Bush, en su segunda administración, culpó a los otros Estados de no acoger a sus detenidos connacionales, y Obama, que mostró un intento de cerrar la cárcel de Guantánamo, culpó al Congreso y a “políticos partidistas” de su fracaso. Luego llegó Trump, que justificó y apoyó las torturas y que, a pesar de no encarcelar a nadie, cerró la oficina previamente creada para negociar y monitorizar la liberación de los prisioneros. Ahora es el turno del nuevo presidente, Joe Biden. Su deber es completar el trabajo del último presidente demócrata y cerrar definitivamente Guantánamo. Queremos dejar de imaginar un futuro en el que Estados Unidos sigue deteniendo personas acusadas de ningún crimen en un pedazo de tierra que ni siquiera es parte de su país.