Que los políticos del PP estén sembrando sistemáticamente la duda de que los fondos europeos de recuperación y resiliencia que España –como otros países- está recibiendo, van a ser distribuidos por el gobierno de forma caciquil y partidista, no es ni más ni menos que una respuesta torticera que pone de manifiesto la incompetencia y la impotencia de una oposición que no sabe a qué mentira, acusación falsa o manipulación recurrir para intentar anular la más que aceptable gestión gubernamental; que, en lo económico, ha finalizado 2021 con un interesantísimo acuerdo para la reforma laboral entre la patronal, los sindicatos y el gobierno y con la tasa de desempleo más baja desde 2008. Concretamente, en 2021, el paro descendió en 782.232 personas, la mayor caída anual de la historia. Resulta lamentable y obsceno que el secretario general de los populares, García Egea, haya comparado -en una entrevista en televisión- el futuro reparto de los fondos europeos con la corrupción de los ERE de Andalucía. Estas declaraciones, realizadas con el único fin tergiversar la realidad -sin indicios ni pruebas que lo verifiquen- deberían desaparecer del ruedo político, simplemente porque son una manifestación de juego sucio, que generan enfrentamientos inútiles y que tiene como triste consecuencia la ruptura de los girones de la convivencia. En argot futbolístico, la derecha quiere ganar el partido como sea, incluso intentando comprar al árbitro para que les permita los agarrones y las zancadillas al adversario.
Desde la derecha no quieren reconocer que España ha hecho los deberes que le impuso la Unión Europea para poder recibir los fondos y que están sometidos a un riguroso control por parte de la intervención general del Estado y de la propia UE. Por todo esto, no se entiende muy bien desde Bruselas la actitud negacionista del PP, de sus socios ultras y de sus aduladores mediáticos, que quieren controlarlo todo. Cuestionar la distribución de los fondos no es solo cuestionar al ejecutivo de Pedro Sánchez, sino también a la propia Comisión Europea; algo que ya le están afeando al PP desde Bruselas. En el fondo, lo que estos políticos opacos y atrabiliarios quieren es que no vengan esos fondos a España para inmediatamente echarle la culpa al gobierno, como siempre y así poder acceder al poder -que es su único objetivo- para, entonces sí, administrar y gestionar como saben bien hacerlo: con actitudes caciquiles y clientelares. Ya lo dice el refrán: “cree el ladrón que todos son de su condición”.
La actitud negacionista del PP se hace extensiva al resto de políticas públicas, ante las que parece que tienen alergia. Lo está demostrando Ayuso en Madrid con los sanitarios a los que parece que odia. Sin ir más lejos en estos días han salido imágenes deplorables en los medios de comunicación de los hospitales Gregorio Marañon y La Paz; en el primero, se ven pacientes hacinados por los pasillos –imágenes más parecidas a las condiciones de habitabilidad de una cárcel latinoamericana que de un hospital del primer mundo- y, en el segundo, se están mezclando enfermos COVID con enfermos de otro tipo de patologías en las mismas habitaciones; algo inaudito. Simultáneamente, también pudo verse en televisión cómo una periodista le preguntó a Ayuso por los motivos por los que se estaban mezclando pacientes en las habitaciones del hospital La Paz y del hacinamiento en los pasillos del Gregorio Marañón si se había construido un hospital de pandemias, el Zendal, que según la propia presidenta iba a ser “un referente mundial y un pulmón asistencial que aliviaría al resto de los hospitales madrileños y del resto de España”. Ayuso, que salía de IFEMA de “darse una vuelta” por FITUR con un séquito de comunicación y seguridad de 20 o 30 personas, con gesto despectivo y chulesco –algo habitual en ella- no contestó. Es más, sus miembros de seguridad apartaron por la fuerza a la periodista. ¿Por qué Ayuso no destina más fondos a la sanidad en lugar de tener un séquito de seguridad del estilo de Bolsonaro o Trump o de financiar chiringuitos como la oficina del español, para Toni Cantó?. Porque la triste realidad es que muchos sanitarios de los que la comunidad de Madrid ha prescindido tienen que emigrar, no sólo al Reino Unido, Alemania y Portugal, sino a otras comunidades autónomas españolas porque tienen mejores condiciones laborales y económicas y un trato personal y humano más digno. Este es un ejemplo más de lo poco o nada que le interesa la sanidad pública a los responsables de la comunidad madrileña, comenzando por su presidenta.
Ese negacionismo del PP hacia las políticas públicas es una constante allí donde gobiernan. El ejemplo más cercano es el de la Junta de Castilla y León, que después de 35 años gobernada por el PP y de desmantelar cientos de escuelas rurales, consultorios sanitarios de asistencia primaria y el tejido productivo –ya que la inmensa mayoría de la población que habita nuestra tierra son personas jubiladas y pensionistas-, ahora prometen en precampaña electoral que van a luchar contra la despoblación. Como chiste no es malo, ahora bien, como promesa electoral es una auténtica tomadura de pelo. ¿Realmente cree Mañueco que los castellanoleoneses somos imbéciles?