Los conflictos armados no cesan y están afectando a la población civil. Además de un aumento de la violencia ejercida por los gobiernos, destacan las limitaciones de la libertad de expresión y otras medidas autoritarias impuestas por los diferentes gobiernos de la región.
Paula Acero Bermúdez. Defensora de los derechos humanos.
El Informe Anual del año 2020/21 elaborado por Amnistía Internacional, pone en el punto de mira a las diversas regiones del mundo. En este informe, se recoge de manera organizada una serie de declaraciones acerca de la situación de los derechos humanos en las distintas zonas geográficas. Al inicio de 2020 se preveía una mejora de la situación de los derechos humanos, pero la aparición de la pandemia de la Covid-19 ha agravado los problemas en torno a ellos, además de haber servido como excusa para que los gobiernos más irresponsables se eximiesen de sus responsabilidades.
África, al igual que las demás regiones, también se ha visto afectada por la pandemia de la Covid-19. Los conflictos armados no cesan y están afectando a la población civil. Además de un aumento de la violencia ejercida por los gobiernos, destacan las limitaciones de la libertad de expresión y otras medidas autoritarias impuestas por los diferentes gobiernos de la región. Todo eso, sumado a las dificultades socioeconómicas que tiene la región y la incapacidad de sostener las infraestructuras, que acaba suponiendo un problema para la ciudadanía. Asimismo, hay que tener en cuenta que se da una situación no muy favorecedora con catástrofes naturales y medioambientales.
La perspectiva que teníamos sobre la finalización de los conflictos armados en este año no parece llegar, ni se han visto frenados por la llegada de la Covid-19. Los derechos humanos se han visto más amenazados que nunca durante los conflictos bélicos con torturas y ataques a la población civil, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzosas por parte de los propias autoridades gubernamentales como por parte de otros grupos armados, como es el caso de Mozambique y los secuestros en Cabo Delgado, o el de Burkina Faso con ataques a civiles por motivos étnicos, o incluso el de Níger con ataques a civiles y a la ayuda humanitaria por parte de Estado Islámico.
Así pues, estos conflictos atentan directamente contra los derechos de las personas, vulnerando el derecho humanitario con la continua violencia y ataques ejercidos tanto a la población civil, como a los cooperantes y miembros de la ONU, destruyendo no sólo las viviendas de los civiles, sino también infraestructuras públicas, hospitales, mercados e iglesias. Las guerras y conflictos bélicos siempre acaban impactando contra las personas más vulnerables y empeorando su situación.
Pero este tipo de problemas no lo encontramos de manera única en el conflicto y en los daños que esta causa en sí, sino también en la impunidad generalizada de las propias autoridades, de modo que no se puede hacer efectiva la justicia y aplicarla de manera igualitaria. Lo cual pone de relieve la necesidad de transparencia e independencia dentro de los tribunales para que realicen investigaciones profundas de los casos y se tomen las medidas adecuadas.
Igualmente, hemos podido observar cómo los gobiernos han buscado la excusa apropiada para evadir sus responsabilidades con la crisis sanitaria y coartar de manera abierta los derechos y libertades de la ciudadanía con la puesta en marcha de los estados de excepción.
De esta manera, se han producido abusos de fuerza por parte de las autoridades, haciendo uso de la violencia de manera excesiva y poco adecuada, causando muertes en países como Kenia, Uganda y Sudáfrica que incluso han producido la muerte de un niño de catorce años de edad que recibió un disparo de la policía en Angola. Por lo que se solicita que se haga uso de las Fuerzas de Seguridad del Estado de manera adecuada y que se lleven a cabo las investigaciones pertinentes en caso de abuso de las mismas.
A su vez, esta violencia policial se ha reflejado en la represión de las protestas pacíficas y de los manifestantes de manera arbitraria, bajo el pretexto de la pandemia, pero con un trasfondo de distinto carácter, vulnerando el derecho de reunión. Estas protestas realizadas han sido frenadas de manera violenta atacando a los manifestantes para disolverlas e incluso provocando el fallecimiento de algunos, como en el caso de Guinea o en Nigeria con el movimiento #EndSARS para la disolución de la Unidad Especial Antirrobo.
Así como el derecho de reunión y manifestación se ha visto brutalmente reprimido, también se ha visto afectada por la pandemia de manera evidente la libertad de expresión, pues los gobiernos han aprovechado para sancionar las críticas, suspendiendo y prohibiendo a medios y periodistas. Esto se ha visto en el caso de Tanzania, o en el caso de Mozambique donde asaltantes sin identificar han atacado oficinas de periódicos independientes.
Los ataques sufridos por manifestantes y periodistas no han sido únicos, también se han producido ataques hacia personas defensoras de los derechos humanos y cooperantes, e incluso a la oposición del gobierno. Sucesos que se han dado en el caso de Burundi, Níger y Mozambique, con detenciones ilegales y desapariciones forzosas tanto de opositores como de activistas.
Como hemos podido observar, la pandemia ha mermado la situación de los derechos humanos en general. Y además de lo descrito con anterioridad, los derechos sociales y económicos también se han visto resentidos dada la insuficiencia en las infraestructuras públicas de la salud y la incapacidad por parte de los gobiernos de proteger a la población de los estragos de la pandemia.
Las circunstancias descritas sobre lo sucedido en torno a los derechos humanos en África nos dejan ver que hay mucho camino por recorrer respecto a los mismos; mucho que avanzar y multitud de personas que proteger si queremos construir un mundo más humano, donde exista respeto a la libertad de opinión, manifestación y expresión, al derecho internacional humanitario, a la población civil, cooperantes y activistas.