El derecho internacional exige a los estados, a través de los tratados ratificados, una respuesta basada en los derechos humanos para la prevención y la lucha contra cualquier forma de trata.
Lucía Corvo Belda. Defensora de los derechos humanos.
Este año también se cumple el vigésimo aniversario del Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños (Protocolo de Palermo), que complementó la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. Como bien dicen estos tratados, la trata de personas es una grave violación de los derechos humanos que, además, afecta de manera desproporcionada a mujeres y niñas, principalmente en casos con fines de explotación sexual.
Lejos de ser motivo de orgullo el formar parte de estos tratados, en España se están cometiendo errores en la prevención, detección y protección de las víctimas que dejan clara la necesidad de un cambio estructural en la forma de manejar la situación. Según datos del informe “Cadenas Invisibles” publicado por Amnistía Internacional sobre la identificación de víctimas de trata en España, solamente mil de las 75.000 personas que estaban en situación de riesgo de trata con fines de explotación sexual fueron efectivamente identificadas como víctimas entre 2013 y 2019. Esta cifra confirma que la identificación efectiva de las víctimas en España es muy baja.
Gran parte del problema reside en que España sigue sin contar con una ley integral sobre la trata de personas, y también en que los cuerpos policiales son los encargados de esta detección e identificación de las víctimas, priorizando así las investigaciones y el enfoque policial de persecución del delito sobre la protección de las personas víctimas de trata. Esto lleva a que las víctimas no cuenten con la protección necesaria llegando a no querer denunciar a sus agresores por miedo a no ser amparadas por la justicia y a las amenazas que penden contra ellas o sus familiares.
Por otra parte, la situación es especialmente grave para las personas extranjeras ya que la actual ley de extranjería supone un obstáculo para que las víctimas accedan a sus derechos. Así, Amnistía Internacional ha mostrado su preocupación por el hecho de que algunas operaciones policiales contra la trata con fines de explotación sexual han finalizado con la detención de las mujeres por su situación de irregularidad administrativa, a pesar de la existencia de indicios de trata o explotación, lo que está claramente en contra de las obligaciones derivadas de los tratados anteriormente mencionados.
No podemos olvidar que para muchos migrantes caer en las redes de trata es mucho más sencillo, siendo una vez más las mujeres y niños los más vulnerables y objeto de, principalmente, explotación sexual. Además, España es un lugar de destino y tránsito de muchos migrantes, entre ellos posibles víctimas de trata, y por lo tanto se deberían tomar las medidas necesarias para luchar contra estos hechos cumpliendo así con el derecho internacional que exige a los estados, a través de los tratados ratificados, una respuesta basada en los derechos humanos para la prevención y la lucha contra cualquier forma de trata.
España necesita cambiar su forma de tratar este tema y cumplir con los tratados internacionales para así proteger a las personas y tratarlas como víctimas y no como pruebas del delito. Crear mecanismos paralelos al uso de la policía en estos casos es imprescindible para una mejor prevención, detección y protección demiles de personas que sufren diariamente estos tratos.