Nos encontramos en un contexto social en el que la desigualdad y los procesos de exclusión conducen a las personas a situaciones más complejas, pudiendo desarrollar distintas problemáticas de salud mental que, con frecuencia, además se acompañan de la entrada en prisión.
Los estudios ponen de manifiesto que la inmensa mayoría de las personas con problemas de salud mental no son violentas, pero la precariedad a la que muchas veces se ven abocados o la ausencia de un tratamiento adecuado, pueden ser el origen de la relación entre salud mental, delincuencia y prisión. Cuando la persona entra en el circuito judicial el peso de las decisiones va a recaer sobre la conducta delictiva, no tanto sobre el problema de salud mental, por lo que no es raro que la respuesta a esta persona sea una respuesta punitiva que finaliza en la prisión.
La experiencia de la prisión no deja indiferente a nadie. A veces es una experiencia de recuperación, pero en otros muchos casos, la persona sale más deteriorada de lo que ya estaba. El contexto hostil de la cárcel incrementa los niveles de ansiedad, que unido a la pérdida de contacto con el exterior, también fomenta la sintomatología depresiva. Por tanto, si la persona no había sufrido problemas de salud mental, pueden aparecer como respuesta natural al contexto penitenciario, y si ya los traían, pueden incrementarse debido a dicha vivencia.
En 2017, en España, el 19% de la población general presentaba diagnóstico de enfermedad mental. Esto se traduce en más de 7 millones y medio de personas. En el caso de las prisiones españolas este porcentaje se incrementó extraordinariamente. En 1997 el Defensor del Pueblo Andaluz en su informe anual, puso de manifiesto, por primera vez, la situación de las personas con problemas de salud mental encarceladas y concluyó que las prisiones no eran el lugar de tratamiento para dichos enfermos. La respuesta que antes se daba desde los llamados psiquiátricos, que permitían contener determinadas conductas, ahora se la pedimos a los profesionales penitenciarios, que en numerosas ocasiones se sienten impotentes, entre otros motivos porque no están capacitados para ello.
La Unión Europea también indica que las personas enfermas mentales no deben estar en prisión. Es necesario aplicar la legislación vigente para que estas personas hagan uso de los servicios y recursos de salud mental comunitaria, favoreciendo el cumplimento de la pena en recursos especializados en la patología y no en la conducta delictiva.
Como sociedad necesitamos repensar qué estamos haciendo para que cada vez tengamos a más personas con problemas de salud mental, muchas veces asociados a procesos de exclusión. También debemos reflexionar sobre la respuesta social que damos cuando aparecen determinados problemas como el delito, así como la necesidad de incrementar los recursos comunitarios y capacitar a los profesionales que deben acompañar y apostar por la recuperación de estas personas.
En estos días en los que celebramos La Merced, patrona de los presos, y el día mundial de la Salud Mental, queremos hacer visible estas dos realidades que a veces van de la mano y otras veces por separado, pero que igualmente suponen un enorme sufrimiento para las personas.