Recientemente el Congreso de los diputados ha aprobado en una sesión cuatro leyes, tres decretos leyes, tres dictámenes y dos proyectos de ley. No estaba entre estas normas la nueva ley de memoria histórica, que no saldrá ya hasta el 2022. (O, al menos, eso esperamos). Estos retrasos ya se dieron con la ley de memoria anterior, que se anunció en 2002 y no se promulgó hasta 2007; pero aún se retrasó más su aplicación. Así, por ejemplo, el protocolo de exhumaciones no salió hasta 2011 y hubo que esperar hasta 2017 para que el ayuntamiento de Salamanca retirarse el medallón de Franco de la plaza Mayor, a pesar de que la ley pedía la eliminación de los símbolos franquistas de las vías públicas. Y el mapa de fosas comunes aún está pendiente de hacer en Castilla y León.
Al parecer, la discrepancia que retrasa la ley se refiere a la amnistía de 1977, que algunos querrían derogar por completo, considerándola una ley de "punto final" contraria a los principios de la justicia internacional, tal como han denunciado repetidamente los relatores de Naciones Unidas. Un asunto que ha reavivado un debate ya antiguo y que molesta a los entusiastas de la transición. Estos sienten que impugnar esa ley es tanto como poner en cuestión aquella operación política en su conjunto, la cual consideran "modélica". No voy a entrar en el debate, pero si me interesa rechazar el argumento, ahora repetido, según el cual dicha amnistía era lo que se pedía en las manifestaciones callejeras al grito de "¡amnistía y libertad!". Esas manifestaciones eran reprimidas por la policía siguiendo órdenes de las autoridades y parece absurdo imaginar un masoquismo tal de los ciudadanos golpeados (o de otros encarcelados), que ya estarían pensando perdonar a sus represores aún antes de que fueran juzgados. No habiéndolo sido, parecería que todos compartimos la tesis del ex ministro franquista Martín Villa según la cual "Sería injusto, radicalmente injusto, política y moralmente, que un proceso como el que nosotros conducíamos permitiera la más mínima depuración". Pero no se puede ser juez y parte, ni se pueden perdonar u olvidar delitos sin que antes hayan sido investigados y sentenciados. Cosa que, según algunas opiniones autorizadas, sí podía haber hecho la judicatura española a pesar de la ley de amnistía.
Pero el caso es que, como pedía Martín Villa, no hubo la más mínimo depuración, a diferencia de lo que ocurrió en 1936-39 y en 1931. Ni entre magistrados, ni ministros, ni policías, ni altos funcionarios.
Ni entre mandos militares. En este aspecto, según creo, no se presta apenas atención al otro repertorio delictivo que es tanto o más grave que el de crímenes contra la humanidad, en los que se integran las desapariciones forzadas, las reclusiones, las agresiones, las incautaciones, etc. Estos lógicamente han acaparado el foco al atender a lo que es más perentorio: las víctimas de la Guerra civil y del franquismo. Pero señalemos también los crímenes de la guerra, sin los cuales aquéllos no se hubieran producido. En el origen de todos estos atropellos está una sublevación armada contra un gobierno legítimo que provoca una guerra civil, de modo que la responsabilidad principal está en quienes urdieron ese levantamiento armado y luego prolongaron deliberadamente una guerra civil que desangró al país. El juicio de Núremberg justificó sus condenas en los principios establecidos en la paz de París de 1919 y en los acuerdos Briand-Kellogg, que condenaban el recurso a la guerra como medio para resolver los conflictos entre naciones y entre grupos dentro de ella. Aquí además se podría recurrir a las leyes y ordenanzas militares. ¿Qué mayor crimen que provocar una guerra como medio para conseguir determinados fines políticos?
(Foto: Martín Villa. RTVE)