Profesor de Derecho Penal de la Usal
Este jueves ha sido aprobado en el Congreso de los Diputados el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2022 y pasarán al Senado para su último trámite. Los votos a favor han sido 188 (es decir, 12 más de los necesarios que exige la CE para la aprobación de las Leyes Orgánicas). El éxito para el Ejecutivo es mayor, si cabe, dado que los votos en el Congreso de las dos formaciones políticas que lo componen (PSOE y UP) no llegan a la mayoría absoluta. Han logrado el apoyo de la mayoría de los grupos parlamentarios, con la excepción de las "tres derechas" (PP, Vox y Ciudadanos). Esta posición de radicalidad y enfrentamiento que exterioriza la oposición más reaccionaria y troglodita, beneficia sobre todo a Vox; al PP lo aleja peligrosamente de un centro derecha civilizado y democrático del estilo de los partidos conservadores europeos y a Ciudadanos lo convierte en un partido títere, residual e insignificante que tiene unos líderes totalmente abducidos. A los líderes "naranjas" se les vio inmediatamente el plumero en cuanto llegaron al poder. Antes de ello prometían regeneración democrática, cuando la realidad es que cuando han llegado a ocupar "sillones de poder" lo que menos les ha interesado es esa supuesta "regeneración democrática". Y éstos me recuerdan una viñeta que vi hace años ?y de la que desconozco el autor- en la que se veía a un jefazo sentado en su sillón de poder que volviendo la vista se encontró a un caracol en lo alto del sillón donde reposa la cabeza del usuario. El "jefazo" visiblemente enfadado le espetó al caracol: "¿pero cómo has llegado hasta aquí?", a lo que el caracol le contesto: "lo mismo que tú, arrastrándome".
El resurgir del "trío de Colón" tendrá su máxima expresión este sábado en el que han decidido ir de la mano de un sindicato policial que, ante la posible derogación de la ley de Seguridad Ciudadana aprobada por el gobierno de M. Rajoy en 2015 -la coloquialmente conocida como "Ley Mordaza"- quiere presionar para que siga vigente y en los términos actuales. A Casado y al resto de dirigentes de PP y de Vox les da lo mismo lo que opinen los organismos internacionales sobre la referida Ley. Llevan a sus últimas consecuencias los "principios" de Groucho Marx y cuando les interesa apelan a la Unión Europea, pero cuando no les interesa, la silencian. Casado insiste día sí y día también que se niegan a pactar la renovación del CGPJ porque la UE recomienda que 12 de los 20 miembros del órgano de gobierno de los jueces deberían ser elegidos por sus "pares", pero Casado silencia interesadamente que la misma UE está urgiendo a España para que renueve ya el CGPJ, conforme a la normativa vigente, que está bloqueado miserablemente por el PP desde hace más de mil días.
En el caso de la Ley de Seguridad Ciudadana, tanto la Comisión Europea como el Consejo de Europa han solicitado varias veces a España que la reformen y dicha revisión ?como establece la Comisión de Venecia, órgano consultivo del Consejo de Europa- "debe ir acompañada de una evaluación en profundidad del funcionamiento práctico de la ley y su impacto en los derechos humanos debido a su potencial represivo". Esto es lo que está haciendo el gobierno actual, no sólo porque sea razonable y mas acorde con la normativa sobre seguridad y derechos humanos en un Estado Social y Democrático de Derecho, sino, también, porque nos lo exigen los organismos internacionales.
El dictamen del referido órgano consultivo continúa diciendo que la Ley de Seguridad Ciudadana "contiene una serie de disposiciones que confían a la policía amplios poderes, pero no indican en qué situaciones se pueden utilizar estos poderes, o qué tipos de medidas se pueden tomar. Algunos delitos también están formulados en la ley de manera excesivamente amplia". El informe de la Comisión de Venecia es demoledor porque considera que esta disposición no garantiza un trato igualitario sino arbitrario y tampoco garantiza la seguridad jurídica, que es particularmente importante en un Derecho Penal en el modelo de Estado Social y Democrático de Derecho. Esta "inseguridad jurídica" provocará indefensión en los ciudadanos, conculcando gravemente los derechos humanos. Después de todas estas consideraciones, la Comisión de Venecia concluye estableciendo que "si una norma conduce a abusos en la práctica, esta norma debe ser modificada, circunscrita o acompañada de salvaguardas adicionales, aunque en teoría sea constitucionalmente aceptable".
A Casado ?que se está escorando peligrosamente a posiciones ideológicas extremistas y radicales, más próximas a las de sistemas políticos autoritarios que democráticos- lo que realmente le importa es el ruido; cuánto más haya, mejor, para tapar sus vergüenzas, que cada vez son mayores y más graves. A los ya consabidos casos de corrupción de la Gürtel por los que el PP ya ha sido condenado en varias ocasiones y va camino de una más con el enjuiciamiento actual de la pieza separada del municipio madrileño de Boadilla del Monte, se ha unido el "caso Mañueco y del PP salmantino", por el que han sido formalmente declarados como "investigados", algunos altos cargos del PP de esta provincia, dado que en las primarias en las que los afiliados eligieron a Fernández Mañueco como candidato para la presidencia de la Junta de Castilla y León en las elecciones autonómicas de 2019 ?y actualmente presidente de la Junta- se abonaron de una sola vez las cuotas impagadas de una multitud de afiliados del PP de la provincia de Salamanca que no estaban al día del pago y, por consiguiente, no podían votar en las primarias. Con el pago de esas deudas todos esos militantes pudieron votar, lo que pudo inclinar la balanza a favor de Mañueco en detrimento del otro candidato, Antonio Silván, entonces alcalde de León. Además, se sospecha que parte de ese dinero que se depositó para saldar la deuda de esos militantes, tiene un origen oscuro, que no se ha podido acreditar, lo que constituye un indicio razonable de presunta "financiación ilegal" del PP salmantino.