Profesor de Derecho Penal de la Usal
La actitud de disidencia de algunos Diputados del PSOE, de UP y de la izquierda plural ante la votación de los 4 miembros del TC que han pactado las fuerzas políticas mayoritarias (PSOE Y PP) es honesta, sincera y desprovista del halo de corrupción política y degradación de los valores del Estado de Derecho a los que estamos asistiendo diariamente.
En primer lugar, resulta racionalmente incomprensible que la derecha política más rancia, prepotente e intolerante que hemos tenido en España desde la restauración del Estado de Derecho a finales de los años setenta del siglo pasado, esté sistemáticamente torpedeando la renovación de algunas instituciones del Estado. Lo hace, además, disfrazando su inquisidora faz con el rostro de Montesquieu, intentando defender la separación de poderes, cuando la realidad ontológica nos confirma que con los antecedentes de corrupción política y económica en la que están enfangados (Gürtel, Lezo, Púnica, Kitchen, Palma Arena, Brugal, Fabra, Campeón, Andratx, Auditorio, Bárcenas? y así hasta 261 casos en los tribunales de justicia) ?confirmado en las últimas declaraciones con el escrito a la fiscalía del ex alcalde de Boadilla del Monte, González Panero, que el dinero conseguido ilícitamente a través de comisiones ilegales lo enviaban para financiación del PP en las campañas electorales- y su pasado político unido a los ideales de la dictadura franquista, el PP no posee ni la dignidad política ni la credibilidad para gestionar los intereses generales de los ciudadanos.
Todo esto demuestra que el PP quiere llevar al límite -e imponiendo su criterio- los acuerdos políticos, en este caso de renovación de las altas instituciones del Estado, como el TC. Su estrategia es la de intoxicar permanentemente, disfrazar la realidad, manipular -con la ayuda de sus aduladores mediáticos- a la opinión pública, para así tapar sus vergüenzas y alcanzar su auténtica pretensión, que no es otra que el PODER (con mayúsculas y desde una cosmovisión ancestral y caciquil) y controlar políticamente todas las instituciones. Hablan de independencia judicial cuando lo que quieren es que en el Poder Judicial haya magistrados afines que modulen a la baja las consecuencias de sus actuaciones desviadas, algunas ya han sido declaradas penalmente relevantes y otras pueden serlo en un futuro inmediato. Hay que recordar que también son penalmente responsables las personas jurídicas y quieren evitar, a toda costa, que haya resoluciones judiciales que presuntamente puedan condenar al PP a su disolución, que produciría la "pérdida definitiva de su personalidad jurídica, así como la de su capacidad de actuar de cualquier modo en el tráfico jurídico o llevar a cabo cualquier clase de actividad, aunque sea lícita", conforme a lo establecido en el artículo 33.7 b) del Código Penal. Esto es algo que se está ocultando al electorado y que en un Estado Social y Democrático de Derecho los ciudadanos tenemos el derecho y el deber de conocer.
En estas condiciones, que el PP chantajee, no sólo al gobierno, sino a la ética y al Estado de Derecho -que es más grave- no parece de recibo. Y estamos hablando de dos magistrados, Concepción Espejel y de Enrique Arnaldo que son cuestionados por actuaciones nada despreciables. La primera fue recusada para juzgar el caso Gürtel por su estrecha vinculación al PP y del segundo hemos conocido que pesan sobre él maniobras de presunta corrupción para favorecer a altos cargos del PP ?incluso llegó a estar imputado en una pieza de otra trama de corrupción del PP, "el Palma Arena" o el "Lezo", en el que pudo intervenir subterráneamente para "intentar mover" a fiscales que favorecieran a Ignacio González, ex presidente de la Comunidad de Madrid.
Es triste la realidad política, jurídica y social. Estas maniobras son un ataque frontal a los principios y valores de una sociedad democrática. A veces me pregunto dónde quedan aquéllos años, los finales de los setenta y primeros de los ochenta del pasado siglo, en los que se aprobó la Carta Magna y la adaptación de nuestro sistema normativo a las exigencias de un Estado moderno, libre, justo, igual, cohesionado, pluralista, solidario y tolerante. Dónde quedan aquéllos juristas, intelectuales y políticos honestos que fueron nuestros maestros y que tanto se esforzaron por inculcarnos esos valores universales y el respeto a la dignidad y los derechos del ser humano. Que personas y profesionales del estilo de Concepción Espejel y Enrique Arnaldo hayan sustituido a los más grandes, a personajes comprometidos con los valores democráticos y con una ética profesional y una honestidad personal encomiables, como Gloria Begué, García Pelayo o Tomás y Valiente, quién tanta admiración y emoción me proporcionaba y tanta dignidad e integridad destilaba en cada una de sus las clases de Historia del Derecho a las que asistí, es sencillamente lamentable. Le hubiera venido bien a Casado y compañía haber tenido aquél elenco docente en sus estudios. Eso sí, seguro que hubiera tenido más complicado superar la mitad de las asignaturas de la licenciatura de Derecho en tan sólo unos meses como consta en su expediente académico.