Llama la atención el ruido que se hace, a nivel político, durante todo el proceso de tramitación de los presupuestos, desde la confección y aprobación por el Gobierno, hasta su aprobación por parte del Congreso de los Diputados. Será, sin duda, porque en el trámite parlamentario y valiéndose de las oportunas enmiendas, cada grupo político busca llevarse el agua a su molino, tratando de dotar de recursos económicos sus políticas.
Está previsto que las cuentas públicas renazcan cada año con los presupuestos, aunque no siempre sea así y haya que recurrir a la prorrogación de los presupuestos del año anterior. Son las cuentas de las entidades que integran el sector público, en su conjunto, o según el ámbito estatal, autonómico o local.
La incidencia de los presupuestos en la marcha del país y de los diferentes ámbitos es tan importante y poderosa que no solo determina la acción de los gobiernos, sino que llegan a derriba a los mismos, aquellos que fueron fruto del resultado de las urnas en un proceso electoral. Los ejemplos son abundantes en todas las latitudes y a lo largo de la historia, el último en el vecino Portugal hace unas horas, donde ha caído el Gobierno de Antonio Costa, tras tumbarle la oposición de derechas e izquierdas los Presupuestos del Estado para el 2022 en la Asamblea de la República.
Es más, las cuentas públicas pueden llegar a modificar y cambiar la Constitución, incluso por procedimiento ordinario, sin consultar a la ciudadanía con un referéndum. La Constitución Española de 1978 ha sido modificada en dos ocasiones, ambas a petición de la Unión Económica y Monetaria Europea y relacionadas con las cuentas públicas.
La primera modificación de la Constitución fue en 1992, la segunda en 2011, buscando la estabilidad presupuestaria, aunque esta condicionara la capacidad de actuación del Estado y del mantenimiento y desarrollo del Estado Social que proclama el artículo 1.1 de la propia Constitución. La reforma del artículo 135 de la Constitución realizada en 2011, perseguía garantizar el principio de estabilidad presupuestaria, vinculando a todas las Administraciones Públicas en su consecución y exigiendo a las Entidades Locales un equilibrio presupuestario, o sea, igual ingresos que gastos.
La ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) no solo se repite cada año, con excepciones, sino que es la ley más importante, aprobada anualmente por el poder legislativo a propuesta del Ejecutivo, del Gobierno, autorizando la totalidad de los gastos e ingresos del sector público estatal. Y lo hace bajo el principio de estabilidad presupuestaria que rige la actividad financiera de las administraciones públicas, por el cual, sus presupuestos deben cerrarse con equilibrio o superávit (salvo autorización expresa).
El reparto de las inversiones está centrando estos días la tramitación y los debates en la Cámara. Históricamente, tanto el Partido Popular como el Partido Socialista han utilizado los Presupuestos para mantener sus gobiernos y los nacionalistas han hecho lo propio para sacar tajada económica o de cesiones para sus territorios representados.
La asignación de partidas a las inversiones territoriales reabre el debate público con la mirada puesta sobre dónde gasta más el Estado, qué autonomía recibe más y cuál es el equilibrio justo. Los reinos de taifas afloran como la espuma. Aunque las reacciones a los Presupuestos Generales del Estado por parte de los Ejecutivos autonómicos no son nada originales: producen satisfacción allí donde sube la inversión y genera críticas en aquellas regiones donde se reduce.
El tremendismo de la retórica, las quejas y los lamentos, pierden valor cuando se constata el bajo nivel de realización de las inversiones previstas en los Presupuestos. La media, en el conjunto de España, de la ejecución de proyectos e inversiones previstas en los presupuestos es del 71%, con lo que algunas comunidades se quedan muy por debajo.
Cuesta de ver que ningún grupo político se preocupe por la rendición de cuentas, que debería ser lo más importante, desde el punto de vista de la gestión de los recursos públicos. Pero claro, la rendición de cuentas está al final del proceso y ahí ya no se puede sacar nada. Eso se deja para la obligación que los cuentadantes o titulares de las entidades del sector público estatal tienen de presentar, ante el Tribunal de Cuentas y por el conducto de la Intervención General de la Administración del Estado, las cuentas anuales, acompañadas de los oportunos informes de cumplimiento de las obligaciones, de la gestión y de las auditorías que correspondan, siempre en el plazo establecido por la normativa correspondiente.
En los Presupuestos para el 2022 se aprecia la doble apuesta por la reconstrucción tras la pandemia y que aquella sea más equitativa, incrementando el gasto social. Estos Presupuestos, como todos los de las cuentas públicas, tienen el hándicap del tiempo, especialmente en momentos de incertidumbre como los que nos ha tocado vivir.
Todo parece indicar que el crecimiento del PIB español, previsto inicialmente en un 6,5% para este año y un 7% en 2022, será menor y, en consecuencia, los ingresos serán menores. Amén de la situación de desabastecimiento de materiales como los microchips que hacen parar la producción de vehículos, la escalada de precios de las energías que afecta a la producción y a los hogares y la inflación galopante, generada por tales circunstancias, que en estos momentos se sitúa en el 5,5%, la tasa más alta en 29 años. Pero las incertidumbres no deberían impedir que las cuentas públicas atiendan y reparen las brechas sociales, de género y entre colectivos.
Más allá de las lógicas y necesarias disputas parlamentaria, el país y la ciudadanía necesitan esos presupuestos para 2022, reforzados con un gran paquete de ayudas europeas para la recuperación. En la buena ejecución de esos fondos comunitarios hay que contemplar las inversiones necesarias para reformas estructurales en sanidad y educación, que mejoren la salud del país, tanto económica como social a un plazo medio y largo.
Escuchemos a Tito Fernández en El presupuesto
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