Veo que un grupo de ciudadanos pretende que el mar Menor sea considerado persona jurídica con el fin de otorgarle ciertos de derechos, como el de vivir, mantener su ley ecológica sin agresiones externas y recuperarse del daño recibido.
Supongo que, si se hubiera cumplido la normativa protectora de humedales y puesto coto en su momento a los excesos de la agricultura intensiva y del turismo en gran escala, no hubiéramos llegado a la situación en que ahora está el mar Menor, cercano a la muerte ecológica. Y no sería necesaria esta nueva figura jurídica. Sea como sea, esta iniciativa legislativa popular se inspira en las de otros países, que dan protección a ciertos ríos y lagos, y se presta a alguna reflexión. Si tiene éxito y sirve como antecedente en España, sería un gran avance en el progreso de los derechos, que, por primera vez, creo, harían de un conjunto ecológico el sujeto de ellos.
Desde hace décadas el código penal viene reforzando los castigos por delito ecológico y por abandono y maltrato animal, con lo que, implícitamente, se reconocen ya unos derechos básicos semejantes a los que ahora se admitirían de modo expreso para entornos naturales de especial protección. (Ya que el código penal no lo exceptúa, no entendemos por qué esta normativa no se aplica al ganado bravo).
Dada la naturaleza del asunto, me seduce la idea de ver el mundo de los derechos como un árbol frondoso que crece con el paso del tiempo. La copa habría ido a más con la multiplicación de las ramas, que son los distintos tipos de derechos. Primero, los personales y políticos, que vieron su primera formulación moderna en las declaraciones de Virginia y de Estados Unidos en 1776. Hablamos de derechos como el de la vida, la libertad, la igualdad jurídica, el gobierno representativo, etc. Luego vinieron los derechos sociales, a la educación, la asistencia sanitaria y social, al trabajo digno y otros. Más adelante, ya en el siglo XX, aparecen los derechos relativos a los pueblos y a las relaciones entre ellos. Ahí están los de autodeterminación, no injerencia exterior, la paz. Y, por fin, los derechos de los animales y entornos naturales a los que nos veníamos refiriendo.
El auge de la educación y de la sensibilidad hacia el entorno social y natural va creando el sustrato cultural que abona el desarrollo normativo de los derechos de todo tipo. Ahí deberíamos ver las raíces del árbol. Y, en el tronco, los sujetos de los citados derechos. Al principio eran una minoría: sólo los hombres libres y arraigados en un territorio. Poco a poco, fruto de movimientos revolucionarios, por lo general, fue ensanchando ese tronco hasta albergar a "todos los miembros de la familia humana", tal como reza la declaración universal de 1948. Es más: el concepto de desarrollo sostenible, hoy guía insoslayable para la supervivencia de la humanidad, alude a los derechos de las generaciones futuras, cuyo destino se halla comprometido por lo que hagamos -o dejemos de hacer- en el presente.
Ahora bien, las leyes al principio no son sino solemnes declaraciones escritas sobre un papel, donde permanecen inertes, a veces durante mucho tiempo, antes de regir la vida social. "Es difícil hacer libre por las leyes ?decía Larra? a un pueblo esclavo por las costumbres". Así vemos que Thomas Jefferson, redactor de la declaración de independencia de EE.UU. y su tercer presidente, invoca al Creador para afirmar que todos los hombres han sido creados libres e iguales, pero mantuvo cientos de esclavos en su plantación de Virginia, negándoles cualquier derecho político con el argumento de que no mostrarían más interés por los asuntos de estado que el ganado. Quizá algunos se expliquen por qué se vienen abatiendo sus estatuas en EE.UU.
Este artículo también pudiera haberse titulado "los derechos del árbol", tomando a este como símbolo de la vida y del anhelo de pervivencia de la misma.
(Retrato de Thomas Jefferson, por Rembrandt Peale. Commons)