La política española, y sus partidos, parece incapaz de generar un debate con sentido común sobre el país, sus necesidades y soluciones. Con una profunda y grave crisis originada por la pandemia, lo razonable sería buscar diálogo y consenso, algo genuinamente democrático, para reconstruirlo con sólidas bases corrigiendo los errores presentes. Pero va más la bronca y originado por ese tóxico e incomprensible ambiente creado, y también su propia incapacidad, el Plan de Recuperación del gobierno (y sus sorprendentes "errores") evidencia esa falta de encuentro en nuestra sociedad.
Extraido del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno.
Dentro de esa falta de discusión sosegada y con datos está el siempre espinoso tema de los impuestos. Lo que cuesta sostener servicios públicos indispensables para nuestra vida y bienestar, y quién los paga. Algo expresado en nuestra Constitución en su artículo 31.1 "Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio."
Un gasto público financiado por toda la ciudadanía son las infraestructuras del transporte. Nada ajenas a los graves problemas ambientales de contaminación y Cambio Climático. Que han crecido de forma espectacular en las últimas décadas, España es el país europeo con más kilómetros de autovías y autopistas, e incluso AVEs. Desde hace tiempo se plantea cobrar en todas por su uso directo, como se hace con el tren por cierto. Aparte de construirlas, también hace falta dinero para su mantenimiento. Las constructoras llevan años pidiendo esto.
En 2011 aparece la llamada "euroviñeta" resultado del consenso dentro de la Unión Europea, cuyo objetivo es cobrar por el uso de las carreteras al transporte de mercancías, quien más las deteriora. Se busca ayudar a mantenerlas y provocar un uso más racional de las mismas. Compromiso del que España se ha desentendido hasta el momento. Ya intentó Mariano Rajoy lo de peajes para todos como ahora, y entonces fue el PSOE su principal opositor junto a "lobbies" del transporte y supuestas asociaciones de conductores. Las conclusiones de ese "debate" fueron? cambiar el papel de los partidos políticos.
Los estudios sobre los costes del transporte convierten en falaz la asumida creencia de ser el propio sector quien genera recursos suficientes para mantener las carreteras, por ejemplo la fiscalidad de los carburantes. Esto quiere decir que de los presupuestos del Estado se paga colectivamente el uso de esas infraestructuras a quienes circulan por ellas. También quienes no las utilizan, como el 44% de la población sin licencia para conducir (en su mayoría mujeres).
Si el estúpido debate político español hace imposible plantear los impuestos desde el principio constitucional, ampliar y mantener carreteras, vías, puertos o aeropuertos al final se vincula con recortes en sanidad, educación, pensiones, etc. Y donde el peaje es común, la mayoría de países de la Unión Europea, el transporte de mercancías por carretera sigue existiendo sin catástrofes, aunque seguramente sea más racional que el español. Porque uno de los principales objetivos es precisamente trasladar la mayor cantidad posible de mercancías al ferrocarril, obligatorio en algún caso incluso. Claro que a lo mejor esto evidencia la irracionalidad y el derroche de la ingente inversión ferroviaria española desde 1992, topándonos con una red que no sirve.
A nadie le hace gracia pagar por nada, y es evidente que culturalmente han conseguido en poco tiempo vincular coche y carretera con derecho y libertad. Pero encuestas apuntan la predisposición mayoritaria de la población a pagar por mantener y mejorar servicios públicos y el medio ambiente. No estaría de más dejar la histeria y hablar en serio sobre España y sus gentes, de futuro desde el dialogo y el consenso. Y si hay que subir impuestos, desde el principio constitucional, evitemos que acaben donde no deben.