OPINIóN
Actualizado 10/04/2021
Ángel González Quesada

"...la pérdida de la libertad por parte de algunos no se compensa por el hecho de que otros gocen de un mayor bienestar." JOHN RAWLS, Teoría de la justicia.

Que la emergencia sanitaria ha conseguido desenmascarar las miserias de las sociedades y los países, no es menos cierto que el descaro, el desprecio y el egoísmo, tanto de las personas como de los grupos, han generado grandes cotas de insolidaridad y un lamentable empobrecimiento ético general. Sin que se adivine un próximo y necesario debate público sobre el tema, es preocupante la irrupción de la idea del llamado pasaporte de vacunación, certificado, permiso o como quiera llamarse al futuro documento que preparan autoridades de muchos países, y que habrá de permitir a quienes hayan sido vacunados contra la Covid-19, realizar actividades personales e interacciones sociales prohibidas a quienes no dispongan de tal salvoconducto. Las implicaciones de tipo ético que conlleva expedir semejante certificación han sido directamente ignoradas; los problemas de tipo moral que implican a la igualdad, la equidad y la justicia, ignorados; las bases garantistas que conforman el respeto a los derechos subjetivos, derribadas.

Un breve repaso a cualquier definición de la ética de las sociedades, o solo poner atención a las advertencias, estudios y razonamientos de pensadores a lo largo de la historia sobre las mínimas exigencias y la necesidad de una robusta moral cívica, tendrá que poner sobre la mesa de debate la incongruencia que significa primar a unas personas sobre otras con el solo argumento de haber sido previamente favorecidas en el orden de vacunación. Esa caída en el monismo impositivo, que es el código moral único de una sociedad dictado por el afán de rentabilidad económica, va frontalmente en contra del principio moral deliberativo de las sociedades democráticas, que consiste en compartir unos mínimos (la igualdad entre las personas) desde los que se respetan los máximos (la justicia universal) y desde los que es posible entenderse.

Hace casi un año, cuando la evidencia de que el coronavirus era más dañino y perjudicial en las personas de más edad, algunos visionarios apuntaron (y ejercieron criminalmente en algunos lugares) la posibilidad de suspender el ejercicio de derechos (libertad de movimientos) solo a las personas nacidas con anterioridad a determinada fecha. Afortunadamente, esa aberración no se generalizó y se tuvo en cuenta el principio humanitario de solidaridad que impide la creación de guetos.

Otorgar derechos a unos ciudadanos sobre otros significa privar a éstos de los suyos y, salvo que se persiga el bien común (lo general, la vacunación, lo es; lo parcial, el certificado, no), significa todo lo contrario de la generalización social que busca el entendimiento y que considera a todas y cada una de las personas como legitimadas para ostentar y ejercer, sin excepción y al tiempo, todos sus derechos. Y aunque en una sociedad bien ordenada los proyectos de vida de cada uno de sus miembros sean diferentes, esa diferencia no puede estar dictada ni impuesta por las decisiones de tipo político que deciden calendarios de vacunación, orden, prioridades y esperas, salvo que se considere que el ejercicio de un derecho fundamental como la igualdad está condicionado criterios de calendarios, orden, prioridades o esperas.

La existencia de una pandemia sanitaria pudiera haber significado la cristalización de la conciencia de especie y una natural comprensión solidaria de la humanidad. No ha sido así, y la explosión del egoísmo en todos los niveles viene ahora a retratarse con la creación de ese pasaporte indigno, pero por el que babean ya rentistas, especuladores e insolidarios institucionales, gubernamentales y, lamentablemente, personales de todo tipo y latitud. El argumento de que la existencia del salvoconducto será temporal no le quita un ápice de su indignidad. El impulso institucional a la vacunación y la consecuente protección debería ser la preocupación primera antes que la parcelación de los derechos y la siembra de xenofobia, que bien podría evitarse esperando una protección general.

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