Por desgracia, no es la primera vez que debo dedicar estas líneas a los desbarres de la ministra Celaá. Desde que accedió a su actual cargo ?lleva más de 30 años en puestos políticos para los que fue designada "digitalmente"-, ha dado sobradas muestras de anteponer sus convicciones ideológicas a las exigencias del departamento, y de plegarse a los requerimientos de su presidente desdeñando cualquier apelación llegada de la oposición. Entiendo que todo ministro debe seguir las directivas que figuran en el programa electoral del partido que gobierna, pero también existe una tradición en las verdaderas democracias por la cual, al elaborar las leyes, se suele escuchar a la oposición en aquellas enmiendas que tengan aspectos cargados de lógica, o que supongan la continuación de procedimientos que siempre se emplearon por ser los más eficientes.
Nuestra ministra de Educación, impulsora de la actual LOMLOE, contó con la inestimable ayuda de un estado de alarma que está permitiendo al gobierno tramitar las leyes por el procedimiento de "¡No hay más que hablar!" También es cierto que, en condiciones normales, nuestra democracia aún no ha crecido lo suficiente como para permitirse el lujo de aprobar alguna de las enmiendas que presente la oposición. Nunca se cede por persuasión, ni aunque vaya en ello el interés general.
La hipoteca que firmó Sánchez para tomar posesión de la Moncloa llevaba aparejada una serie de cláusulas, sacadas de su añejo programa electoral, pero también espoleadas por los partidos que le sentaron en el sillón. Una de ellas, vieja aspiración de la izquierda, es acabar con la enseñanza concertada. Cuando el Estado fue incapaz de alcanzar la total implantación de la enseñanza primaria gratuita, todo el mundo alabó la colaboración de la Iglesia y de la iniciativa privada. Y no sólo se alabó, sino que se valoró su elevada calidad.
Ahora mismo, seamos sinceros, no está en tela de juicio la calidad de la enseñanza concertada, porque muchos de los que la critican la prefieren para sus hijos. Lo que subyace en esta guerra subterránea es una maniobra que disimule otro ataque a la Iglesia. La última vez que llegó al poder la izquierda más cavernícola, le faltó tiempo para teñir de sangre y fuego no pocas iglesias y conventos ¿Qué pecado habían cometido aquellos cientos de mártires? El mismo que las personas que hoy dedican sus vidas a la formación integral de los niños y jóvenes cuyos padres eligen esos centros siguiendo lo recogido en el art. 27.3 de la CE. Siempre que se discute la última ley de educación que se propone en las Cortes, se suele olvidar lo fundamental ?corregir los fallos o excesos anteriores- para enzarzarse en meros aspectos relacionados con el credo político de cada litigante. Uno de los mantras empleados por la izquierda para satanizar la enseñanza concertada suele ser la manipulación ideológica a la que se somete a los niños. Parece ser que para esa izquierda sólo se manipula al niño cuando se le ofrece la posibilidad de conocer la fe católica. La formación del alumno comprende el aprendizaje de las materias contenidas en los libros de texto, siempre con el punto de vista del profesor -.que para eso goza de libertad de cátedra- a la vez que se va modelando su personalidad, la forma de pensar y de actuar frente a la realidad diaria. No vamos a descubrir ahora los abusos que se cometen a diario en no pocos centros de enseñanza de comunidades gobernadas por partidos nacionalistas, ni algún verso suelto en las consideradas constitucionalistas. Desde que el ser humano nace libre, nadie puede evitar la existencia de seres manipuladores. Para evitar una posible influencia perversa, deben intervenir los poderes públicos, complemento de la labor de los padres.
La última hazaña de la ministra Celaá tuvo lugar en el Congreso, el pasado día 24. La posible falta de las dotes de oratoria que se debe exigir a todo parlamentario suele enmascararse acudiendo al método de llevar preparadas las respuestas de antemano. Así, la impulsora de la LOMLOE, sabedora de que sería interpelada sobre las modificaciones que contempla esa ley sobre la enseñanza especial ?empeñada en no admitir que sí existen esas modificaciones-, se olvidó del fondo que contenía la pregunta y arremetió contra el interviniente, perdiendo totalmente las formas y acabando sin la pretendida educación que se supone a la ministra del ramo. Se puede dar cumplida respuesta a cualquier cuestión planteada sin necesidad de ofender a nadie, aun cuando se incluya la oportuna réplica que demuestre la equivocación del quien la interpela. El origen del problema radica en llevar preparada la respuesta. Ni las especiales circunstancias personales del parlamentario fueron suficientes para que moderara la respuesta que llevaba in mente. Habrá que convenir que, en la aplicación de la enseñanza especial, tiene mucha más experiencia el parlamentario Matarí que la Sra, Celaá. Solo me queda una duda: ¿Habría sido esa la respuesta si la ministra hubiera sido madre de un hijo con síndrome de Down?
Con ser bochornosa la respuesta de la ministra, lo fue mucho más que su intervención fuera jaleada desde los escaños de palmeros a sueldo. No quiero pensar lo que habríamos visto, leído y oído si la insolente respuesta hubiera salido de los labios del parlamentario. Pedir su dimisión habría sido un clamor general y su partido tachado de fascista, machista e intolerante. La Sra. Celaá se sentó en su escaño y se sintió halagada por los aplausos. Ni por un momento sintió la necesidad de disculparse. Tuvieron que transcurrir más de 24 horas para que, ante el sunami levantado por su desprecio, la ministra llamara por teléfono al parlamentario Matarí y tratara de justificar lo injustificable mediante un twitter exculpatorio.
Nadie nace con la exclusiva de la perfección. En todas las democracias han existido políticos que se han equivocado. A la historia han pasado los que los han reconocido, se han disculpado o han dimitido. El olvido, la indiferencia o la repulsa han acompañado a quienes, por obstinarse en el error, han dado lugar al bochorno.