La norma prohíbe cualquier método de modificación de la orientación, que podrá multarse con hasta 150.000 euros
El borrador de la Ley LGTBI que prepara el Ministerio de Igualdad plantea que las administraciones educativas puedan valorar la integración y el respeto de los centros a la diversidad sexual, de género y familiar, a la hora de conceder un concierto educativo.
Así lo recoge en su artículo 39, en el que señala que "la Administración General del Estado y las comunidades autónomas, en el ámbito de sus respectivas competencias, a la hora de otorgar subvenciones o ayudas en el ámbito educativo y de suscribir conciertos educativos podrán valorar si las medidas adoptadas por el centro educativo contemplan la integración y el respeto a la diversidad sexual, de género o familiar".
Además, mandata a las administraciones públicas, en el ámbito de sus competencias, que velen por que el contenido de los materiales didácticos promueva el respeto y la protección del derecho a la igualdad y no discriminación por razón de orientación sexual, identidad de género, expresión de género o características sexuales, en todos los niveles de estudios y en función de las materias y edades.
LIBROS DE TEXTO CON VALORES CONTRARIOS: HASTA 150.000 EUROS
De hecho, recoge que la elaboración, utilización o difusión de libros de texto y materiales didácticos que presenten a las personas como superiores o inferiores en dignidad humana en función de su orientación sexual, identidad de género, expresión de género, o características sexuales es una infracción administrativa muy grave que puede castigarse con entre 10.001 y 150.000 euros, pudiendo suspender las ayudas públicas y vetarlas durante tres años, incluso el cierre del centro durante ese mismo periodo.
Igualmente, recoge que el conocimiento y el respeto a la diversidad sexual, de género y familiar se incluirá en el currículo básico como un objetivo en todas las etapas educativas.
El borrador de esta norma, al que ha tenido acceso Europa Press, y susceptible de modificaciones, aspira a consagrar en todos los ámbitos la no discriminación por "razón de orientación sexual, identidad de género, expresión de género o características sexuales" y contiene una cláusula general antidiscriminatoria.
Así, se prohíbe explícitamente cualquier método, programa o terapia destinada a modificar la orientación sexual, la identidad de género o la expresión de género de las personas, aun con el consentimiento de las mismas o de sus representantes legales. Estas prácticas estarán penadas con multas de hasta 150.000 euros.
Asimismo, garantiza el acceso a técnicas de reproducción humana asistida de todas las mujeres y personas trans con capacidad de gestar, independientemente de su orientación sexual. En lo que respecta a las personas intersexuales, se prohíben todas aquellas prácticas de modificación genital en personas recién nacidas, salvo en los casos en que las indicaciones médicas exijan lo contrario.
ASISTENCIA INTEGRAL A LA VÍCTIMAS DE VIOLENCIA INTRAGÉNERO
Además, se recogen medidas específicas para una asistencia integral frente a la violencia intragénero y la basa en LGTBIfobia, con asistencia psicológica y orientación jurídica y atención a sus necesidades económicas, laborales, de vivienda y sociales. Asimismo, se reconoce el derecho a la asistencia jurídica gratuita a las víctimas de violencia intragénero y de violencia basada en LGTBIfobia.
Por otro lado, obliga a las administraciones públicas a que adecuen su documentación y formularios administrativos a la diversidad sexual, de género y familiar y se introduce la posibilidad de establecer, mediante la negociación colectiva, medidas de acción positiva para favorecer el acceso de las personas LGTBI al empleo, especialmente de mujeres trans. En materia deportiva, destaca la prohibición de los procedimientos de verificación de sexo en las prácticas y competiciones deportivas.
También se eleva a rango de ley la obligación de las demarcaciones consulares situadas en países que no se opongan expresamente al matrimonio entre personas del mismo sexo de celebrar este tipo de matrimonios, así como la aplicación de la ley española cuando la ley extranjera no permita el establecimiento del doble vínculo materno en la determinación de la filiación de parejas de mujeres residentes en el extranjero.
ELIMINA EXCLUSIONES MÉDICAS EN EL EJÉRCITO
Igualmente, contempla que el Ministerio de Defensa elimine las causas de exclusiones médicas a efectos del ingreso en los centros docentes militares de formación las disgenesias, hipogenesias y agenesias gonadales y genitales. A estos efectos, deberá modificar las normas reglamentarias que contemplen las anteriores patologías como causa de exclusión genérica.
Asimismo, recoge la reparación a las personas que se sometieron a tratamientos e intervenciones médicas u otras prácticas obligatorias contra su voluntad, así como de quienes padecieron represión, persecución, violencia o privación de libertad por razones de orientación sexual o identidad de género, durante la dictadura franquista.
Para llevar a cabo y verificar todas estas políticas, se crea la Conferencia Sectorial de Igualdad LGTBI entre entre la Administración General y comunidades autónomas, el Comisionado para la Igualdad de las personas LGTB y el Consejo de Participación de las Personas LGTBI. También contempla la redacción cuatrienal de la Estrategia Estatal para la Igualdad de Trato y No Discriminación de las Personas LGTBI cuatrienal. Finalmente, recoge la creación del Centro Nacional de Memoria Histórica LGTBI.
TEXTO IMPULSADO POR LA FELGTB Y EN EL CONGRESO EN 2019
Este texto está basado en la norma redactada por la Federación Estatal LGTB (FELGTB) en 2017 y que Unidas Podemos llevó al Pleno en su nombre. Esta proposición de ley fue tomada en consideración por la Cámara baja pero su tramitación decayó en mayo de 2019 por la convocatoria de elecciones generales.
Durante la tramitación del Congreso, la FELGTB criticó la actitud del PSOE con esta norma. En concreto, acusó a los socialistas de "transfobia" por haber presentado más de cien enmiendas al texto y, particularmente, por no reconocer el derecho a la reproducción asistida a transexuales con genitales femeninos. Además, les acusó de estar retrasando su aprobación.
MONCLOA DICE QUE EL BORRADOR SOLO RECOGE LA VISIÓN DE PODEMOS
El Gobierno ha querido dejar claro que el borrador de la Ley Trans redactado por el Ministerio de Igualdad sólo recoge los postulados de Unidas Podemos y que las posiciones de los dos socios en el seno del Ejecutivo en torno al contenido de esa futura norma están hoy "alejadas".
Fuentes gubernamentales han precisado que el texto impulsado por el departamento que dirige Irene Montero debe ahora ser estudiado por el resto de ministerios implicados, entre ellos Sanidad o Justicia (ambas carteras en manos del PSOE), por tener competencias sobre las materias afectadas.
En todo caso, insisten en que se trata sólo de un primer borrador que Igualdad ha remitido a los colectivos implicados y que, como es "lógico", sólo contempla las posiciones de Unidas Podemos, pero que después deberá someterse al trabajo de otros ministerios.
SÓLO ES LA PRIMERA FASE
Las mismas fuentes precisan que la futura norma se encuentra en estos momentos en la primera fase, en la que las posiciones del PSOE y Unidas Podemos están en algunos casos "lejos". "Las posiciones aún están alejadas y lo que nos ocupa es la tarea de llegar a acuerdos", apuntan.
La ley, según recalcan desde el Ejecutivo, tiene complejidad técnica y, por tanto, aún queda mucho trabajo por hacer pero la idea es que las partes vayan remando en la misma dirección para que la futura norma cuente con la misma calidad normativa y seguridad jurídica que otras leyes pasadas del PSOE sobre Igualdad, que han pasado el filtro del Tribunal Constitucional.
Esta futura ley lleva ya meses siendo objeto de discrepancias dentro del Gobierno entre Unidas Podemos y el PSOE, con la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, a la cabeza, desde que Montero diera a conocer sus intenciones de recoger en la norma la libre determinación de género, algo que finalmente ha incluido y que varios colectivos feministas no comparten.
En concreto, el borrador que se ha difundido, y al que ha tenido acceso Europa Press, elimina la despatologización de la transexualidad, permitiendo el cambio de sexo sin necesidad de pruebas médicas o psicológicas, y recoge como único requisito para el cambio en el Registro Civil la "declaración expresa" de la persona.
LAS NEGOCIADORAS: CALVO Y MONTERO
La 'número dos' de Podemos pretende llevar el anteproyecto de ley al Consejo de Ministros en la primera quincena de febrero, si bien las fuentes consultadas avisan de que el texto todavía no ha acabado de ser tramitado dentro del Gobierno, porque sólo ha pasado por Igualdad, y "solo recoge los postulados de Unidas Podemos".
El equipo de la ministra Montero se encuentra en la actualidad negociando esta norma con Calvo, en su calidad de ministra de la Presidencia, Memoria Democrática y Relaciones con las Cortes, por lo que es susceptible de sufrir algún cambio antes de su aprobación por parte de todos los miembros del Ejecutivo.
En este contexto, Calvo y Montero mantuvieron una reunión la semana pasada para analizar la propuesta de Igualdad de la ley Trans y también la ley LGTBI, que la ministra quiere impulsar conjuntamente en febrero.