Amnistía Internacional ha publicado el pasado 4 de diciembre un informe titulado Abandonadas a su suerte. La desprotección y discriminación de las personas mayores en residencias durante la pandemia covid-19 en España.
Lucía Corvo Belda
Defensora de los Derechos Humanos
Se denuncia aquí la situación que la mayoría de personas mayores en residencias de Madrid y Cataluña vivieron durante la primera ola de la pandemia, pues "no fueron atendidas adecuadamente, ni derivadas a hospitales cuando lo precisaban, se vieron aisladas en sus habitaciones, a veces durante semanas, sin contacto con sus familiares y algunas ni siquiera pudieron morir dignamente durante los primeros meses de la pandemia de COVID-19".
Amnistía Internacional ha indicado que se han vulnerado al menos cinco derechos humanos de las personas mayores residentes en estas residencias. Estos derechos humanos, aseguraba Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional en España, han sido "el derecho a la salud, a la vida y a la no discriminación de las personas mayores. Además, las decisiones de las autoridades han impactado también en el derecho a la vida privada y familiar y en el derecho a tener una muerte digna". Desde Amnistía llaman a la necesidad de tomar medidas para que esto no vuelva a suceder en la tercera ola de la pandemia ni nunca más.
Uno de los mayores problemas detectados por la organización ha sido la falta de protección para el personal que trabajaba en las residencias, donde no contaban con EPI (equipos de protección individual) ni PCR suficientes. A pesar de la falta de medidas, dentro de los protocolos de derivación de ambas comunidades se recomendaba el tratamiento de las personas en las propias residencias y no trasladarlas a los hospitales. Además, tanto en la Comunidad de Madrid como en la Generalitat de Cataluña se elaboraron y tomaron medidas de manera ineficaz y sin alternativas para garantizar una asistencia sanitaria médica adecuada para las personas mayores residentes.
Esta discriminación de no derivar a las personas a los hospitales o, en caso de derivación, que esta fuese tardía, ha atentado contra el derecho a la salud, a la vida y a la no discriminación de los residentes, causándoles un deterioro no solo físico, sino también emocional. Sumado a esto, el momento más grave de la pandemia implicó un aislamiento de las personas residentes en sus habitaciones, a veces por tiempo indefinido, y, en ausencia de una supervisión eficaz de las autoridades tanto estatales como automáticas, supuso una total vulneración de los derechos a la vida privada y familiar de las personas mayores. Amnistía Internacional ha recogido testimonios de familiares de personas residentes que denunciaban como en algunos casos los médicos tenían prohibido llevar a los enfermos de las residencias a los hospitales, pudiendo solo "ponerles oxígeno y paliativos hasta que su cuerpo aguantara".
Amnistía Internacional señala la necesidad de tomar medidas autonómicas a corto plazo que aseguren una atención médica en las residencias de manera individualizada y ha exigido la eliminación de las disposiciones de los protocolos de derivación que pueden dar lugar a medidas discriminatorias. Además, advierte de que el contacto regular entre familiares y residentes debe estar garantizado. A largo plazo abogan por una ley estatal que reforme el modelo residencial de manera que se garanticen los derechos de las personas residentes en todo el estado, y exigen a la Fiscal de Sala para la Protección de Personas con Discapacidad y Mayores el seguimiento de cerca de la situación en las residencias e "impulsar investigaciones de rendición de cuentas cuando se produzcan abusos o irregularidades".