La ONU informa que durante la pandemia y los confinamientos se han notificado 31 millones de casos nuevos de violencia de género y 7 millones de embarazos no deseados; y se espera que en la próxima década haya 13 millones de matrimonios infantiles adici
Irene Medina López
Defensora de los Derechos Humanos
Las personas que pertenecen a colectivos que sufren desigualdades como pueden ser las mujeres y niñas, las personas del colectivo LGTBI, las que viven en situaciones de pobreza o las personas de una etnia o raza determinada, pueden ver aumentar estas desigualdades en situaciones de crisis como la causada por la pandemia que vivimos actualmente. Uno de los grupos que ha visto aumentar más las desigualdades que sufre es el de las mujeres y niñas, especialmente en África, pues han sufrido un aumento de la discriminación al ser víctimas en mayor medida de la violencia de género, sufrir enfermedades de transmisión sexual e incrementarse los embarazos adolescentes y los matrimonios infantiles.
Las medidas de confinamiento, para actuar frente a la pandemia, han provocado que, al cerrarse las escuelas, muchas niñas se hayan visto obligadas a volver a casa de sus padres, lo que en muchas ocasiones supone un peligro para niñas que viven en países en vías de desarrollo. Volver a casa en la situación de pobreza y de inseguridad económica y alimentaria que sus familias pueden estar viviendo a causa de la crisis, unido a la falta de medidas de protección social, se traduce con frecuencia en el recrudecimiento del intercambio de alimentos y otros bienes básicos por relaciones sexuales, lo que provoca un aumento de los embarazos en adolescentes y toda una constelación de efectos muy negativos en la salud física y emocional de las víctimas. Así se constató, por ejemplo, en Sierra Leona durante la crisis del Ébola del 2014, cuando el número de embarazos en menores aumentó en un 65% respecto a años anteriores.
Todo esto se produce en el caldo de cultivo de la profunda desigualdad de género y del predominio de las estructuras patriarcales, muy arraigadas en algunas zonas de África, donde los padres creen que tienen derecho de control total sobre sus hijas o que así las protegerán de sufrir otras formas de violencia de género; por no mencionar que funestas tradiciones sociales y el bajísimo nivel educativo y cultural en estas zonas desembocan también en prácticas muy dañinas como la mutilación genital antes de casar a las niñas o como la explotación infantil.
Según la ONU, durante la pandemia y los confinamientos se han notificado 31 millones de casos nuevos de violencia de género y 7 millones de embarazos no deseados; y se espera que en la próxima década haya 13 millones de matrimonios infantiles adicionales, sumándose esta cifra a los 12 millones de niñas que son casadas anualmente; además los casos de mutilación femenina aumentarán hasta los 2 millones debido a que los programas de prevención han tenido que ser suspendidos porque las medidas de seguridad no permiten que se lleven a cabo, y también porque los recursos han sido desviados a programas dedicados a la contención de la pandemia.
Por todo ello es necesario, sobre todo en épocas de crisis como la actual, proteger los derechos de las niñas asegurando un espacio seguro para su buen desarrollo. Esto implica disfrutar de una educación completa y no ser forzadas a tener relaciones sexuales o a casarse, ya que de otro modo no se acabará con el ciclo de pobreza que la maternidad infantil implica y no se verán protegidos los derechos fundamentales de estas niñas.
En algunos lugares se han puesto medios por parte de algunas organizaciones para acabar con este problema en la medida de lo posible. Por ejemplo, en Uganda se ha creado un Comité de Protección Infantil con la colaboración de organismos internacionales como World Vision; en Sierra Leona, distintas ONG como Save the Children pusieron en marcha un programa para dar de comer a niñas vulnerables que viven en asentamientos informales en las zonas más pobres del país. Y también varios grupos de mujeres activistas han estado haciendo campañas de sensibilización durante el confinamiento en diferentes zonas con alta incidencia de matrimonios infantiles y embarazos en adolescentes; a través de estas se recalca la importancia de la educación para las niñas, así como la desmitificación de la necesidad de casar a estas niñas antes del final de la pandemia. También alertan de que el retraso en la implementación de los programas de protección a niñas y adolescentes provocado por la pandemia frenará los avances hasta ahora conseguidos con el peligro añadido de volver al aumento de estas prácticas.
También la alianza No Quiero, en defensa de los derechos de las niñas y formada por Amnistía Internacional, Entreculturas, Mundo Cooperante y Save the Children, urge a los gobiernos a reactivar los programas, tratando principalmente de conseguir que se priorice la prevención y la respuesta a la violencia de género tomando medidas para garantizar el acceso a servicios de atención de la salud mental y de salud psicosocial, sexual y reproductiva; también haciendo de las escuelas lugares seguros y de toma de conciencia, así como aumentando los espacios seguros, servicios y líneas de asistencia que brinden protección a las víctimas en situación de riesgo.