Al darse de alta, la administración y las empresas imposibilitan la entrada a portales online donde se puede apostar
Bingos, loterías, apuestas deportivas, casinos virtuales, juego online... Tan accesible como adictivo. El juego es legal, y en nuestro país está socialmente aceptado, lo que puede llevar a subestimar tanto los riesgos de engancharse al juego como el alcance real de la problemática de la adicción al juego o ludopatía. Las nuevas tecnologías se han convertido además en una herramienta que permite el acceso al juego las 24 horas de los 365 días del año.
Cuando una persona detecta que lo que empezó como mera diversión se ha convertido en una necesidad incontrolable de jugar, una de las medidas de protección que existen en nuestro país es la inscripción en el registro de autoprohibidos, que le impide el acceso a la actividad. Esto es lo que han hecho 430 salmantinos, autoexcluirse del juego online dándose de alta en el Registro General de Interdicciones de Acceso al Juego (RGIAJ), según los datos del Ministerio de Consumo. Un registro que ha seguido creciendo, ya que 45 de ellos se inscribieron en 2020, el año de la pandemia.
En Castilla y León son 3.406 las personas excluidas del juego (303 se autoexcluyeron de los juegos online en 2020), siendo Valladolid la que cuenta con más personas en el Registro de Interdicciones de Acceso al Juego (1.207), seguida de Burgos (6 20) y León (469).
Al darse de alta, la administración y las empresas imposibilitan la entrada a portales online donde se puede apostar. En esta base de datos se pueden inscribir voluntariamente aquellas personas que quieren protegerse a sí mismas y a sus familias de los efectos de una acción compulsiva del juego.
Actualmente existe un registro de carácter estatal y cada comunidad autónoma posee uno propio. La base de datos que depende del Ministerio de Consumo impide el acceso al juego online, mientras que si una persona se inscribe en el de su comunidad, verá restringida su capacidad de jugar en aquellos establecimientos físicos de juego regulados por las Comunidades Autónomas.
El RGIAJ, a día de hoy, solo muestra los datos de personas que se autoexcluyen del juego online de ámbito estatal y no existe una conexión - a excepción de Castilla-La Mancha- con los registros de las comunidades autónomas sobre el juego presencial. En la práctica supone que una persona que se haya inscrito en el registro del Ministerio de Consumo no puede acceder a portales de juego online, que son de competencia estatal, pero sí a establecimientos físicos de juego, que son competencia autonómica, salvo que su normativa lo impida. De igual forma, una persona que se haya inscrito en el registro de su comunidad autónoma no puede acceder a un establecimiento de juego en su región, pero sí puede hacerlo en otra.
A efectos de protección, cuando se avance en la interconexión, los registros de interdicciones se comunicarán como una única base de datos. En este trimestre, y tras varios meses de diálogo entre las instituciones, el Ministerio de Consumo presentará el proyecto de interconexión de los registros de autoprohibidos.