Es necesario proteger el derecho de los ciudadanos a informar, investigar y denunciar cualquier decisión de la administración pública.
María José Mogollón
Defensora de los Derechos Humanos
La crisis mundial ocasionada por la pandemia del virus SARS-CoV-2 ha provocado el establecimiento de diferentes instrumentos administrativos con el fin de que los gobiernos de todo el mundo puedan establecer medidas aplicables para aplanar la curva de contagios de la enfermedad. Sin embargo, los estados de emergencia y otros instrumentos jurídicos han sido utilizados por gobiernos despóticos para vulnerar derechos humanos, como es el caso concreto del país latinoamericano de Bolivia.
El pasado 25 de marzo, la autoproclamada presidenta Jeanine Añez emitió el Decreto Supremo 4200 con varias medidas que restringían algunos derechos humanos. El citado documento ordenó el cierre total tanto de fronteras terrestres como de áreas del país, lo que ocasionó que varios residentes del país no pudieran retornar desde Chile. Este drama ha provocado que más de 400 personas que quedaron varadas en la frontera entre ambos países tuvieran que refugiarse en un campamento provisional para hacer una cuarentena de quince días en Pisiga (Bolivia); en estos campamentos ya se han denunciado maltratos y falta de alimentos.
El drama de las personas que han quedado atrapadas en la frontera siguió del lado chileno, ya que alrededor de 1.000 personas retornaron a Chile en espera de volver a su país. Dentro de este drama migratorio, el gobierno boliviano permitió el ingreso de 36 personas, aludiendo que contaban con los recursos necesarios para volver y que, a su vez, se encontraban en situación de vulnerabilidad.
Estas medidas, ideadas en principio para proteger a los ciudadanos que viven en determinados países del coronavirus, han logrado poner en una situación de vulneración a migrantes que desean retornar a sus países por diferentes motivos. El drama boliviano ha puesto en alerta a las Naciones Unidas, y la Alta Comisionada de los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, se ha pronunciado instando a los estados a proteger a sus ciudadanos.
Sin embargo, el drama de la vulneración de los derechos humanos en Bolivia continúa. El contenido del citado decreto presidencial declaraba que "las personas que desinformen o generen incertidumbre en la población, serán sujeto de denuncia penal por la comisión de delitos contra la salud pública". Claramente, esta medida vulnera el derecho de la libertad de expresión, pues es una medida totalmente discrecional que permite a la justicia perseguir a cualquier ciudadano que pretenda informar sobre el tema de la pandemia en el país iberoamericano. Esta situación ya ha sido objeto de denuncia por parte de organizaciones internacionales como Human Rights Watch o Amnistía Internacional.
Es necesario que el gobierno tome en cuenta el Estado de Derecho y la protección de los ciudadanos que este conlleva, para que estas arbitrariedades no dejen en el limbo a los ciudadanos. Y que, a su vez, proteja el derecho de los ciudadanos a denunciar, informar e investigar cualquier decisión de la administración pública dentro del marco de la crisis sanitaria por el COVID-19.