OPINIóN
Actualizado 12/12/2020
Julio Fernández

Profesor de Derecho Penal de la Usal

Que a la derecha política española actual le traiciona el subconsciente es una verdad empírica incuestionable. En sus actuaciones, en las declaraciones públicas, en la dialéctica política y en el falso patriotismo que profesan, emiten un tufillo más parecido a la vieja España del nacional catolicismo de la posguerra civil que al Estado Social y Democrático que Derecho que, gracias a la Carta Magna, disfrutamos desde hace 42 años todos los españoles. Resulta cómico que personajes como Díaz Ayuso, Casado, Abascal o Martinez Almeida vengan a dar lecciones de democracia cuando, por un lado, califican sistemáticamente al gobierno central como "ilegítimo" y de ser la "anti España" por sumar apoyos a los PGE de una mayoría de formaciones políticas del arco parlamentario, que han sido elegidas democráticamente por el pueblo y, por otro, celebren el día de la Constitución con mensajes del tipo "en la constitución cabemos todos". ¿Realmente cabemos todos? ¿también los que no pensamos como ellos? Con su lenguaje fundamentalista, que pretende excluir y criminalizar a los que legítimamente y por los cauces democráticos quieren defender sus postulados diferentes, parece que la respuesta es clara: en su idea de Constitución, sectaria y reaccionaria, no cabemos todos.

Con motivo de la celebración del 42 aniversario de la CE, el PP ha colocado en la cristalera de su sede en la calle Génova algunos artículos de la Carta Magna que guardan relación con la Corona, el Estado Autonómico, el derecho a la educación, el derecho a la familia, a la propiedad privada o sobre la independencia judicial. En cambio, ha silenciado algunos tan importantes como el de los principios que informan el sistema tributario, conforme a la capacidad económica de los ciudadanos y en la igualdad y progresividad; algo que parece desconocer la Comunidad de Madrid, que pretende ser un paraíso fiscal para las grandes fortunas; o el de la función pública de la riqueza, previsto en el 128 al establecer que "toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general". Por su parte, sí han transcrito el 117, el de la independencia judicial, pero no el 122.3, que obliga a renovar el órgano de gobierno del Poder Judicial (Consejo General del Poder Judicial) cada 5 años. El PP se niega a renovarlo, a pesar de que hay un mandato claro previsto en la CE y en la LOPJ. Tampoco parece muy compatible esa hipócrita defensa de la independencia judicial con los whatsApp detectados al ex portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, cuando afirmaba que, ante la tentativa de pacto de renovación judicial de 2018, iban a "controlar desde atrás la Sala Segunda del Tribunal Supremo". Y este señor sigue en política, ahora como asesor del presidente de la Junta de Castilla y León, Fernández Mañueco, incluso, a pesar de estar implicado en la trama de corrupción Kitchen.

Pero no se quedan sólo ahí las diatribas de la derecha con la Carta Magna. Este jueves, sin ir más lejos, cuando un diputado de la Asamblea de Madrid, de Más Madrid, interpelaba a la presidenta de la Comunidad de Madrid sobre los intentos del rey emérito de regularizar su situación fiscal con la Hacienda Pública, la respuesta de Díaz Ayuso fue categórica: el rey emérito no es igual que cualquier ciudadano espetándole al diputado que "no es ni muchísimo menos como usted". Ayuso, que va de "hooligan" de la CE se ha cargado de un plumazo el artículo 14, uno de los derechos y libertades más importantes de los ciudadanos, el de la igualdad ante la ley; permitiendo, además, que el rey emérito pueda regularizar su situación con la Hacienda Pública "cuando considere oportuno". ¡Olé!

Casado, por otro lado, en esta celebración de la Carta Magna manifestó que la Constitución la construyeron "los moderados" incluyendo entre ellos a liberales, conservadores, socialdemócratas y democristianos, no mencionando a los comunistas de Carrillo y la Pasionaria, quienes también apoyaron, sin fisuras, el texto constitucional. A su vez Casado omitió que la derecha de la que provienen se dividió en tres subgrupos ante el reto de la CE. Mientras unos diputados de AP votaron a favor, otros lo hicieron en contra y unos terceros se abstuvieron. Esta maliciosa ignorancia no parece propia de un líder, como Casado, "ilustre jurista" que, al parecer, aprobó la mitad de las asignaturas de la Licenciatura de Derecho en tan sólo cuatro meses, mientras que para superar la primera mitad de la carrera había empleado nada menos que siete años.

Que la actual derecha española se identifica con el ideario y pensamiento franquista, utilizando el mismo lenguaje y odiando al adversario, al que considera enemigo, no es difícil de probar. Cuando la dictadura franquista condenaba a muerte y ejecutaba a miles de ciudadanos por pensar de otra manera y por adherirse o auxiliar a "la rebelión" ?cuando fueron ellos los que se rebelaron contra un régimen democrático-, cuando torturaba, vejaba y mancillaba, lo hacía porque calificaba a los disidentes peyorativamente de judíos, masones, marxistas, comunistas y bolcheviques; quienes, por cierto, según el psiquiatra Vallejo Nájera, tenían un gen (el gen rojo) que demostraba que eran seres inferiores e incluso proclives a la sistemática comisión de delitos. Hoy, el lenguaje que utilizan los líderes de Vox y PP contra quienes no comulgan con su pensamiento, va por los mismos derroteros, con una pequeña diferencia: ya no hablan de judíos y masones, pero sí de comunistas y marxistas, añadiendo, eso sí, los calificativos de "chavista y bolivariano", además de amigos de los traidores independentistas y de los terroristas. ¡Qué pena de país!

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