Cualquier país occidental que se precie de vivir en un mundo desarrollado y libre cuida al máximo su propia seguridad. Es cierto que las naciones no pueden, ni deben, basar esa seguridad exclusivamente en los propios medios. Las alianzas in-ternacionales buscan cubrir las carencias de cada uno de los miembros a base de proporcionar la información -o los medios, si fuera necesario- suficientes para garantizar en forma racional pero eficaz esa seguridad. Una seguridad que, por lo exten-dido de los medios de comunicación y la capacidad de movilidad entre las personas, puede verse afectada desde diversos colectivos, internos o externos.
Como sucede en nuestro entorno, España dispone de su Consejo de Seguri-dad Nacional. Por ser miembro de la Unión Europea y con una situación geográfica muy particular, además de asegurar su posición, nuestro país busca la seguridad apoyando la paz y la estabilidad internacional.
Las corrientes migratorias, el terrorismo internacional, la amenaza cibernética, la pobreza, las catástrofes atmosféricas o sanitarias, son algunos de los agentes de inestabilidad a tener en cuenta. Para dar forma a estos propósitos, el Consejo de Seguridad elabora la Estrategia de Seguridad Nacional, que será la cuarta en la re-ciente historia de España, revisable cada cinco años.
En sesión celebrada el pasado día 6 de octubre, el gobierno ha dado un paso más bajo el paraguas de esa Seguridad Nacional. En un mundo donde los tradicio-nales medios de comunicación han sufrido un profundo cambio, se hace precisa una herramienta que contrarreste, o al menos interfiera, cualquiera de las llamadas "fake news" que puedan atentar contra los intereses propios. A tal fin, el gobierno saca a la luz una nueva "Ley contra la desinformación", basándose en la circular europea European Democracy Action Plan. En teoría, se trata de garantizar unos sistemas electorales libres y justos, incrementar su integridad, controlar los medios que pretendan interferir en los métodos democráticos y atajar cualquier desinformación que afecte a nuestra estabilidad. Dicho así, hasta suena bien y merece la aprobación de cualquier español bien intencionado.
Cuando sigues leyendo y descubres la creación de una Comisión de Alto Nivel y la falta de independencia de las personas que vigilarán el cumplimiento de esta ley, ya comienzas a tener dudas ¿Será esa la verdadera finalidad que busca este gobierno? ¿O acaso será una forma de amenazar la libertad de expresión de quienes pretenden dejar al descubierto los fallos del gobierno o sencillamente, de los que piensan de forma distinta? Llegados a este punto, siempre recuerdo la anécdota de aquel joven que se lamentada de que su padre, cansado de afear su mala conducta, le pegaba al tiempo que repetía: ¡Y no me llores!
Hay fuerzas políticas ?y no miro a nadie- que tienen distinta vara de medir según el puesto que ocupen. Algunos, cuando están en la oposición y se afean sus desmedidos ataques al poder, lo primero que invocan es su democrático derecho a la libertad de expresión. Cuando llegan al poder y dicen aquello de "¡Ahora nos toca a nosotros!", suelen olvidar ese derecho y no toleran la más mínima crítica. Es la conducta de los aprendices de dictador.
Si algo caracteriza a nuestro presidente del gobierno, desde luego no es la sinceridad. Antes de que viera la luz la llamada "Ley Celaá", Pedro Sánchez ya había ensayado su predilección por la ley del mínimo esfuerzo. Basta recordar su tesis doctoral, fruto más de su habilidad tipográfica que del esfuerzo y la investigación. Con ser grave tal pretensión de engaño, lo es mucho más si el autor es alguien que pretende dirigir la política de un país y, además, probada su falsedad, se niega a reconocerlo.
Llegado a la presidencia y necesitado de los votos necesarios para sacar ade-ante su política, prometió hasta la saciedad no establecer negociaciones con aquellos partidos contrarios a la Constitución, partidarios de la independencia o simpatizantes del terrorismo. Conviene recordar que estas premisas fueron las que facilita-ron su triunfo en la moción de censura. Los partidos de la oposición le negaron su apoyo, no sólo porque su esbozo de programa era manifiestamente mejorable sino porque estaban convencidos de que incumpliría sus promesas. Quienes sí le apoya-ron es muy posible que tampoco comulgaran con sus ideas ?luego se ha visto que no estaban tan alejadas- pero, aunque pensaran que tampoco cumpliría lo prometido, les venía muy bien su mandato para negociar todas las aspiraciones que nunca habían sido escuchadas.
Tampoco habrá que insistir en las veces que se ha faltado a la verdad cuan-do, con ocasión de esta pandemia, se ha facilitado a los ciudadanos unas informaciones sin base científica o claramente falsificadas. Desde que el virus no llegaría a España, que no era necesaria la mascarilla, que no existía ningún inconveniente para asistir a concentraciones de ciudadanos, que éramos la nación que con más efectividad estaba atacando al virus, que el personal sanitario estuvo siempre dotado de los medios necesarios para desarrollar su función, que no hubo ninguna negligencia a la hora de adquirir los primeros materiales o que el número de fallecidos era el que facilitaba el gobierno y no el que manejaban las funerarias o el INE, son algunas de las veces que se siguió faltando a la verdad. Lo grave del caso es que la consecuencia directa de esta conducta ha sido la pérdida de vidas humanas que nunca debieron llegar a tales niveles y la constatación de que España es una de las naciones cuya economía ha resultado más afectada por esta pandemia.
Empeñados en esta sorda batalla contra el covid-19, nos vemos envueltos en un continuo despropósito. Para evitar una más que probable tercera oleada de contagios, se están dando palos de ciego para acabar con la segunda. Las Autonomías deben solucionar el problema, pero nunca empleando fórmulas que no tengan la patente monclovita. Es el señorito que gobierna la finca sin bajarse del caballo. En el verano salimos más fuertes que nadie y ahora, antes que nadie y con más dosis de vacuna que nadie. Cualquier problema que surja será superado inmediatamente. Ya está todo suficientemente claro.
Por todo ello, cuando el gobierno pretende sacar una ley contra la desinformación, conviene dejar muy clara su verdadera pretensión. Si hasta el momento se sigue empleando la mentira como forma constante de justificación y se hace oídos sordos a quienes lo ponen de manifiesto, ¿Qué nos hace pensar que esta vez no vuelva a suceder? ¿Se quiere evitar la desinformación o se quiere emplear la desin-formación como forma de gobierno? Pedro Sánchez es el nuevo Pilato del siglo XXI. Cuando ha visto las orejas al lobo y le llueven las críticas de dentro y de fuera, se ha lavado las manos de la responsabilidad. Si la verdad no le interesa, repite, como Pi-lato, aquello de: "La verdad ¿qué es la verdad".