Contra la pena de muerte en el mundo

Irene Medina López

Defensora de los Derechos Humanos

La pena de muerte significa la imposición judicial y la ejecución de personas condenadas por un delito, lo cual supone una violación del derecho a la vida proclamado en la Declaración Universal de Derechos Humanos, siendo la forma más extrema de pena cruel, inhumana y degradante.

En el 2019, la cifra de ejecuciones confirmadas fue de 657, produciéndose así un retroceso frente a las 690 del año anterior; y registrándose por segundo año consecutivo el menor número de ejecuciones en el mundo en un periodo de 10 años. Pero pese a esta constante disminución, el número de ejecuciones sigue siendo muy alto, registrándose en 56 países al menos 2.307 condenas a muerte, y aplicándose la pena de muerte en 20 países, además teniendo en cuenta que estas cifras no son probablemente las reales dada la ocultación constatada en varios países.

En este momento, el número de países abolicionistas en la ley o en la práctica es de 142, siendo probablemente Kazajistán el próximo en abolir la pena de muerte, pudiendo además suponer esto un impulso para que Asia Central se convierta en una región libre de pena de muerte. En otros países también se han visto algunas señales positivas que indican la intención de abolir la pena de muerte. Por ejemplo, en Estados Unidos, Nuevo Hampshire se convirtió en el vigesimoprimer estado que abolía la pena capital para todos los delitos y el gobernador de California decretó una moratoria de las ejecuciones. Además, también se aplicaron moratorias en Kazajistán, la Federación Rusa, Tayikistán, Malasia y Gambia. Barbados eliminó la pena capital de su Constitución, y ha habido medidas que podrían propiciar en breve la abolición en Gambia, Guinea Ecuatorial, Kazajistán, Kenia, la República Centroafricana y Zimbabue.

Pero pese a esto, por otro lado algunos países se resisten a la tendencia hacia la abolición total de la pena de muerte y son 56 países los que aún la mantienen: Arabia Saudí, Irak, Sudán del Sur y Yemen aumentaron de forma significativa el número de ejecuciones en comparación con 2018; Bahréin y Bangladesh las reanudaron tras un año de interrupción; en Filipinas se propuso reintroducir la pena de muerte, y tanto Sri Lanka como el gobierno federal de Estados Unidos amenazaron con reanudar las ejecuciones después de años sin haber llevado a cabo ninguna.

Arabia Saudí es uno de estos países en los que se ha incrementado el uso de la pena de muerte y, especialmente, contra la disidencia política, conllevando esto además que en casos de personas susceptibles de ser condenadas a muerte, los juicios se celebren en secreto, con procedimientos injustos, y sin asistencia ni representación por un abogado tanto en la detención como en el enjuiciamiento. Así, por ejemplo, los acusados pueden ser declarados culpables sin más pruebas que las obtenidas mediante tortura u otros malos tratos.

Por esta razón es de especial importancia conocer lo que está ocurriendo en estos países para así poder condenar estas acciones; la transparencia se muestra como un factor clave en la abolición de la pena de muerte, como podemos ver a través del claro ejemplo de lo que ocurre en China, país que considera que los datos sobre la pena de muerte son un secreto de estado, lo que produce que en las cifras recogidas a nivel mundial de ejecuciones no se incluyan los datos de China a pesar de que este es el país que más ejecuciones realiza en el mundo según la información que se ha logrado recopilar, que señala que la cifra de condenas y ejecuciones es de miles de personas. De esta manera, podemos ver que sin transparencia en los datos es muy complicado luchar para abolir la pena capital al no tener conocimiento de los procesos que se están llevando a cabo ni de los delitos por los que se está condenando con esta pena.

Estados Unidos también es un ejemplo de país y potencia mundial en el que se sigue imponiendo la pena de muerte, y es que a pesar de que durante dos décadas el gobierno federal norteamericano respetó una moratoria implícita de la pena de muerte, en julio, por decisión de Donald Trump, el Gobierno federal retomó la pena capital y desde entonces ha ejecutado a ocho personas.

Un caso reciente es el de una mujer condenada a la inyección letal por el asesinato de una mujer embarazada, y la extirpación y secuestro de su bebé. Estos hechos nos llevan a pensar en el fin último de la imposición de una condena, que debería ser la reinserción, y más en un caso como este en el que la condenada debería recibir un tratamiento psiquiátrico o cumplir una privación de libertad en un centro de internamiento acorde a sus problemas, que además, como se mostró en el juicio, provienen de una serie de abusos sufridos desde la infancia. Así, también observamos el problema que supone condenar a muerte, además de manera discriminatoria a personas pertenecientes a minorías como son las personas con enfermedades mentales, negras o aquellas que no pueden permitirse una costosa asistencia letrada; produciéndose así que no solo se vulnere su derecho a la vida si no también otros derechos humanos como el derecho a la no discriminación por razón de género, raza, religión, opinión u otras condiciones.