La fiscalidad madrileña

¿Es realmente la presidenta madrileña, Díaz Ayuso, la representante de los derechos e intereses legítimos de todos los madrileños o es sólo de una parte de ellos, los económicamente más poderosos? Pienso que después del gran trabajo realizado por el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE) titulado "Madrid, capitalidad, economía del conocimiento y competencia fiscal" que realiza un estudio en profundidad sobre la fiscalidad madrileña la respuesta no ofrece duda alguna: representa sólo a las élites económicas, esas que mueven el poder político como si fuera una marioneta de feria y que la hace actuar conforme a sus exclusivos intereses.

No es de recibo que la presión fiscal para los ricos sea inversamente proporcional a los principios de igualdad y progresividad del sistema tributario español previstos en el artículo 31 de la CE. En Madrid, los impuestos de la Renta de las Personas Físicas, el de Patrimonio y el de Sucesiones y Donaciones para los más pudientes son infinitamente más bajos que en el resto de las Comunidades Autónomas. No se ajusta tampoco a los principios del deber ser de una fiscalidad propia de un Estado Social y democrático de Derecho que el impuesto sobre el Patrimonio en Madrid tenga una bonificación del 100 %, es decir, no se paga nada. Así, un ciudadano que declare un Patrimonio de 15 millones de euros, tendría que pagar este año al fisco 418.000 euros en Extremadura o 331.500 en Andalucía (por poner sólo dos ejemplos) mientras que en Madrid pagaría 0 euros.

La consecuencia más inmediata de estas rebajas es que Madrid deja de recibir 4.100 millones de euros de ingresos anuales. Los ingresos de Madrid provenientes de estos impuestos son los más bajos de España, lo que tiene unas consecuencias muy negativas para los sectores más desfavorecidos de la sociedad madrileña, para los más pobres. Una reducción de ingresos públicos implica destinar un bajo nivel de gasto público por habitante. A los ricos no les perjudica, dado que utilizan muy poco los servicios públicos sanitarios, educativos o de protección social. Quienes más sufren, por tanto, son los ciudadanos con menos recursos, es decir, la mayoría de la población.

Otra de las circunstancias negativas de estas políticas de "cero impuestos" para los más ricos en Madrid, es el efecto llamada, por un lado, ya que Madrid ha ganado más de 103.000 contribuyentes grandes hacendados en los últimos 10 años y, por otro, el efecto dominó en la fiscalidad de otras Comunidades Autónomas, cuyos dirigentes se ven compelidos a rebajar este tipo de impuestos, lo que tendrá efectos demoledores sobre el gasto en servicios públicos esenciales y de calidad para los ciudadanos, que en su mayoría no pueden permitirse el lujo de prescindir de esos servicios.

Así las cosas, no es de extrañar que las condiciones laborales de los profesionales de la sanidad pública madrileña sean precarias y sus salarios, de miseria, que les obliga, en muchos casos, a abandonar España para trabajar en otros países que les reconozcan mejor su importantísima labor.

Por todas estas consideraciones, es obligado que se trabaje por una armonización fiscal en todos los territorios del Estado; mensaje que, por otra parte, es la cantinela que utiliza el PP exclusivamente para desgastar al gobierno, cuando le interesa, porque, cuando no, los argumentos los retuercen, alargan, estiran o encogen a su exclusiva conveniencia al mejor estilo doctrinario de Groucho Marx. Ya se sabe que al PP y sus dirigentes lo que les importa, no son precisamente los intereses generales de los ciudadanos, sino acceder al poder y mantenerse en él perpetuamente, para vivir, como parásitos, del mismo.