Los primeros días de 2020 han visto el asesinato de 20 líderes sociales colombianos, que se suman a los más de cien asesinados el año 2019. La defensa de los Derechos Humanos en Colombia se paga con la vida.
Guillermo Castán Lanaspa
Activista por los Derechos Humanos
Desde 2016 más de 500 activistas colombianos han sido asesinados por su compromiso en defensa de los Derechos Humanos, cifra oficial suministrada por la oficina del Defensor del Pueblo y que ha llevado a la ONU a pedir al gobierno un plan urgente y eficaz de prevención para evitar el asesinato de ciudadanos que defienden derechos fundamentales en sus comunidades. El número de mujeres víctimas de violencia y de estos crímenes va en constante aumento, especialmente en la zona selvática que limita con Ecuador y Perú, donde los escuadrones de la muerte actúan con aparente impunidad impidiendo el normal desarrollo de la vida de unas comunidades que llevan más de medio siglo atrapadas en una guerra incivil de la que son víctimas predilectas. Todo ello deja una honda preocupación sobre el destino de la democracia colombiana, que tiene que fortalecer sus instituciones y ampliar los espacios para que la sociedad civil sea protagonista y pueda vehiculizar las aspiraciones a una vida social pacífica y digna.
Hay en todo esto una responsabilidad política innegable de las autoridades colombianas y, en particular, de su presidente Iván Duque, pues están demorando las medidas para prevenir con eficacia los innumerables ataques que sufren las defensoras y los defensores de los derechos fundamentales en el país, al punto que los organismos internacionales urgen medidas capaces de frenar tanto crimen impune.
Organismos locales que se centran en la consecución de la paz y de la reconciliación, tras tantos años de guerra en el país, afirman que los asesinatos de líderes sociales son producto de una política gubernamental tímida y limitada, escasamente preventiva, así como de la situación social que se vive en zonas que son especialmente vulnerables y que resultan ser las más pobres y las que fueron más arrasadas por la violencia de años anteriores.
Tras el largo y contradictorio proceso que finalmente culminó con el final de la guerra civil y la desmovilización (incompleta) de las guerrillas, tras el optimismo que la paz llevó a la vida de los colombianos, va a resultar que la violencia residual y la indiferencia de los poderosos podría dar al traste con tantos esfuerzos y tantas esperanzas de una sociedad que, como la colombiana, ha mostrado tantas veces capacidad para superar graves traumas y voluntad de convivencia pacífica, justa y solidaria.