OPINIóN
Actualizado 19/09/2020
Julio Fernández

Profesor de Derecho Penal de la Usal

Hace dos días se dio a conocer el barómetro del CIS del mes de septiembre en el que se ha vuelto a preguntar a los ciudadanos por su intención de voto en unas hipotéticas elecciones generales. El resultado de la encuesta sigue siendo favorable a las expectativas del partido más votado (PSOE), que mantiene una importante ventaja sobre la segunda formación política (PP), de 13,4 puntos porcentuales. Según esta encuesta, también baja Vox, se mantiene Podemos y, en cambio, quién experimenta la mayor subida es Ciudadanos, de casi 4 puntos, desde las Generales de noviembre de 2019.

En relación a la valoración de líderes políticos, Pedro Sánchez sigue siendo el más valorado (4,6), seguido de Inés Arrimadas (4), Pablo Casado (3,4), Pablo Iglesias (3,2) y el último que entra en esta lista es Santiago Abascal (2,5). Todos los líderes, salvo Inés Arrimadas, bajan en su valoración respecto a barómetros anteriores. Quién peor parado sale en este guarismo es Pablo Casado que, a pesar de ser el líder de la oposición, solo el 9,1 % de los españoles lo prefieren como presidente del gobierno frente al 27,9 % que prefiere a Sánchez. Por otro lado, Casado inspira poca o ninguna confianza al 85 % de los españoles. Aunque estos datos sólo se tengan en cuenta como tendencias, estoy seguro que al PP no le tienen que hacer gracia y, aunque oficialmente la sede de Génova se mantenga unida con su presidente, pronto comenzarán las voces críticas, como ha sucedido ya con Cayetana Álvarez de Toledo.

El inicio del curso político que está teniendo Casado y el PP acreditan de manera holgada los resultados del barómetro, por mucho que de forma interesada se diga que estén "cocinados". En una situación excepcional como la que vivimos, la oposición no puede seguir instalada en la trinchera, provocando la bronca permanente, descalificando y humillando al ejecutivo ante cualquier actuación que realice, negándose a sentarse para debatir y consensuar la aprobación de unos PGE tan necesarios en estos tiempos en que todos deben "arrimar el hombro" y dar sensación de unidad ante Europa para que los fondos de la reconstrucción se distribuyan adecuadamente y podamos salir cuanto antes de esta horrible crisis que ha provocado la pandemia de la Covid-19, que aún seguimos padeciendo y con notable virulencia.

Tampoco le favorecen al PP las esperpénticas actuaciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid, región que sigue estando a la cabeza de infectados y fallecidos por la pandemia, que ha descuidado la atención primaria, que tiene una ratio de rastreadores muy inferior a la de otras Comunidades Autónomas y que, a pesar de ello, siguen echando "balones fuera" y culpando al gobierno central de las consecuencias de una catastrófica gestión que corresponde a Ayuso y no a Sánchez. La última peripecia, que sigue siendo de chiste de "Pepe Gotera y Otilio", la han protagonizado, por un lado, el Consejero y Vice consejero de Sanidad de la Comunidad y, por otro, la propia presidenta Ayuso. Primero, el Vice Consejero de sanidad habló de "confinamientos selectivos" en las zonas de Madrid con mayores contagios, lo que generó gran incertidumbre en la población y provocó que al día siguiente el consejero de sanidad grabase un video difundido por los medios de comunicación y manifestara que su departamento va a realizar una propuesta de "restricciones de movilidad y de reducción de actividad" en zonas de la región con más transmisión del coronavirus. Todo ello sin concretar nada más y evitando la palabra "confinamiento". Por su parte, Ayuso suspendió el jueves la agenda que tenía este viernes con alcaldes del sur de Madrid: Getafe, Parla, Villaverde, Leganés o Fuenlabrada, alegando que lo hizo debido a su preocupación por la pandemia. Los alcaldes no dejan de mostrar su sorpresa dado que la reunión con la presidenta era para abordar esa problemática de la pandemia en esas zonas de Madrid, precisamente. Ayuso no ha dejado de lanzar críticas y descalificaciones contra el gobierno central por la gestión de la crisis sanitaria, primero acusándole de las declaraciones del Estado de Alarma alegando que Madrid tenía competencias para abordar la problemática, reclamando ahora todo lo contrario. Sánchez se ha reunido en multitud de ocasiones con los presidentes de las CC.AA, pero, en cambio, Ayuso no lo ha hecho en ningún momento con los alcaldes de los municipios más afectados de la región. Paradojas incomprensibles solo imputables a una presidenta que ha demostrado con creces su incapacidad para gestionar, no sólo la crisis del coronavirus, sino el resto de los problemas de los ciudadanos de la Comunidad de Madrid. Ante este cúmulo de insensateces políticas, muchos ciudadanos nos preguntamos: ¿Hasta cuándo va a esperar el líder de Ciudadanos en Madrid, Ignacio Aguado, para apoyar, sin fisuras, una moción de censura contra Ayuso?

Mientras todo esto sucede, ¿qué se le ocurre hacer al líder nacional del PP, Pablo Casado? Acudir a Badalona para, junto con su amigo el alcalde de esta localidad, García Albiol, recuperar en la agenda política y mediática la problemática de los "okupas", intoxicando a la opinión pública y magnificando un problema que sigue teniendo la dimensión de hace algunos años. Al PP y a Vox les interesa manipular la realidad desinformando a los ciudadanos. Hay que dejar claro lo siguiente: 1.- La ocupación de viviendas (delito de usurpación) no ha experimentado un incremento en los últimos tiempos sino que las estadísticas nos confirman que el crecimiento ha sido insignificante. 2.- A la derecha política y mediática les interesa trasladar a los ciudadanos que vivimos en una estado de inseguridad permanente porque no sabemos si cuando volvamos a casa podemos encontrarnos con "okupas a los que no podremos echar". Esto genera ansiedad en la población, que es lo que realmente buscan estos políticos para atraer electoralmente a los ciudadanos, ya que sus mensajes son: "nosotros si gobernamos nos encargaremos de echar a esta gentuza y que no haya usurpaciones de viviendas". 3.- Los ciudadanos deben saber que cuando alguien entra en una morada ajena contra la voluntad de su morador (haya violencia o intimidación y sea primera o segunda residencia, eso no importa) y éste lo sorprende, ante la denuncia del morador, la policía tiene que actuar directamente y de forma inmediata desalojando a los ocupadores ilegales, puesto que el tipo penal del allanamiento de morada (artículo 202 del CP) lo estaría cometiendo el autor en ese momento de forma "flagrante" (el particular que, sin habitar en ella, entrare en morada ajena o se mantuviere en la misma contra la voluntad de su morador, con independencia de que la entrada o el mantenimiento en la misma se haga o no con violencia o intimidación, que sí es relevante para la pena a imponer, prisión de hasta dos años en el primer caso y hasta cuatro años y multa si hay violencia o intimidación). Y este procedimiento es idéntico cuando se allana la morada de la primera o de la segunda residencia (aunque en ésta solo moremos unos días al año para pasar las vacaciones). Y todo ello en virtud de que la morada significa el derecho a la vivienda, a la intimidad del hogar que todos tenemos. Y, 4.- Cuestión diferente es la ocupación de una vivienda desocupada que no es morada de nadie. En este caso, el delito que se comete es diferente, sería usurpación (artículo 245 del CP), tipo penal cuya conducta es la de "el que con violencia o intimidación en las personas ocupare una cosa inmueble o usurpare un derecho real inmobiliario de pertenencia ajena?". Aquí como no está en juego la morada, el derecho a la intimidad del hogar y de la vivienda, sí hay que iniciar procedimientos judiciales para el desalojo y los procedimientos han reducido los plazos en las últimas reformas. Además, en la realidad, un elevadísimo porcentaje de estas viviendas ocupadas son propiedad de bancos, de fondos buitre o pisos que iniciaron su construcción pero que por la crisis no se llegaron a vender. Por supuesto que puede haber alguno de propiedad de particulares, los menos, pero, en cualquier caso, no constituyen morada o vivienda habitual o de segunda residencia que estén disfrutando sus propietarios.

Esta es la realidad jurídica y social de las ocupaciones de inmuebles. Todo lo demás son intoxicaciones interesadas de la derecha política y mediática, algo que consiguen en muchos casos, porque, en conversaciones con algunos ciudadanos, incluso de los estratos sociales más formados e informados, transmiten que tienen miedo de salir una mañana de casa a pasar un fin de semana fuera del domicilio habitual y regresar encontrándose a "okupas ilegales" y no poder desalojarlos, cuando es radicalmente falso; sería "allanamiento de morada" y el desalojo es inmediato. Crear una sensación de inseguridad ciudadana entre la población es algo que siempre ha interesado a la derecha y la ultraderecha. Al crear un clima de miedo y temor en la población, los ciudadanos demandan más seguridad renunciando incluso a sus libertades fundamentales y siguiendo las tesis del "Leviatán" de Hobbes, la ultraderecha encuentra su objetivo: la justificación de un estado absoluto reduciendo a los ciudadanos a la condición de meros súbditos, sin derechos.

Esta es, por desgracia, la maldición de España, de las dos Españas, en la que una de ellas se considera la única heredera del poder, por casta y por tradición, identificada con la derecha y la ultraderecha. Quiere siempre mandar, quiere siempre imponer, vencer y someter a la "otra España", la que peyorativamente califican como "la criminal y comunista, la anti España, la separatista y rebelde". Por desgracia, sigue vigente el epitafio de Larra sobre España: "Aquí yace media España; murió de la otra media".

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