Villoria instará al Gobierno de España a no apropiarse de los recursos de las entidades locales

El Grupo Popular del Ayuntamiento de Villoria presentará en el pleno de la corporación municipal una moción para instar al Gobierno de España a no apropiarse de los recursos de las entidades locales.

Julián Barrera, alcalde de Villoria y los concejales del equipo de Gobierno de este municipio manifiestan así su rechazo a que el Gobierno de la nación se haga con un dinero que es necesario para el buen funcionamiento de los Consistorios.

El Grupo Municipal del Ayuntamiento de Villoria, conforme a lo previsto en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, desea elevar al Pleno Municipal -mencionada- propuesta de moción.

Moción presentada en el pleno:

MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO POPULAR DEL AYUNTAMIENTO DE VILLORIA, PARA INSTAR AL GOBIERNO DE ESPAÑA A NO APROPIARSE DE LOS RECURSOS DE LAS ENTIDADES LOCALES

El Grupo Municipal del Ayuntamiento de Villoria, conforme a lo previsto en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, desea elevar al Pleno Municipal la siguiente Propuesta de Acuerdo/Moción:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Desde el inicio de la pandemia provocada por el virus COVID-19 las entidades locales (EE.LL.) pusieron en marcha medidas - adelantándose en muchos casos a las decisiones tomadas por el gobierno central- para contener la expansión del virus y preservar la salud de empleados públicos y vecinos. También fueron pioneras en implantar programas y ayudas para paliar los efectos de la crisis sanitaria, social y económica derivada de la pandemia.

El extraordinario esfuerzo realizado por los gobiernos locales no se ha visto correspondido por el gobierno de España que, durante la fase más dura de la pandemia, no destinó un solo euro a apoyar a las entidades locales en su lucha contra el virus y las negativas consecuencias del mismo.

Ante esta situación, las entidades locales- de todo signo político- a través de los órganos de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y de los legítimos representantes de los españoles en el Congreso de los Diputados han solicitado, en reiteradas ocasiones durante los últimos meses, al gobierno de España medidas como:

1. Poder disponer del 100% los remanentes de Tesorería- sus "ahorros", los "ahorros de los vecinos"- generados durante los últimos años para implementar aquellos servicios y medidas que permitan actuar primero, contra la pandemia y después, contra la crisis sanitaria, social y económica derivada de la misma; sin poner en riesgo la capacidad financiera de la entidad local y siempre en coordinación con las CC.AA. y el Estado.

1. Transferencia de una parte proporcional de los Fondos Europeos que reciba España a las Entidades Locales para poder compensar el impacto del COVID19 en sus ingresos y gastos presupuestarios.

1. Creación de un fondo de 5.000 millones en ayudas directas e incondicionadas a las Entidades Locales

1. En el mes de julio, el gobierno de España presentó a la FEMP una propuesta de acuerdo que no respondía a las necesidades y peticiones de las Entidades Locales; excluía al mundo rural y a más de 3.000 Entidades Locales que ha cerrado 2019 con deuda o no han tenido Remanente de Tesorería positivo; destruía la autonomía local reconocida en la Constitución y suponía un chantaje inaceptable a todos los Ayuntamientos y Diputaciones de nuestro país.

La Junta de Gobierno de la FEMP aprobó, el 3 de agosto, con los únicos votos a favor de los alcaldes socialistas más el voto de calidad de calidad del Presidente de la FEMP, el socialista Abel Caballero.

Ninguna de las restantes fuerzas políticas con representación en este órgano directivo de la FEMP apoyó esta propuesta: Partido Popular, Ciudadanos y Junts per Cat votaron en contra y los socios de gobierno de Sánchez, IU-Podemos, se abstuvieron.

El 3 de agosto fue un día tristemente histórico para la institución que representa y debe proteger los intereses de todas las entidades locales puesto que, por primera vez, se rompía el consenso que siempre había presidido su actuación.

El Consejo de Ministros, a pesar de que la propuesta de acuerdo no contaba con el aval de la FEMP, aprobó el 4 de agosto, el Real Decreto-ley 27/2020, de 4 de agosto, de medidas financieras, de carácter extraordinario y urgente, aplicables a las entidades locales, que mantiene los aspectos más lesivos del acuerdo rechazado por la mayoría de los miembros que integran esta institución y que incluso cambia las condiciones pactadas con los alcaldes socialistas de la FEMP el mismo día.

El gobierno ofrece un fondo de 5.000 millones ? -a ingresar a las EE.LL. entre 2020 y 2021- totalmente condicionado puesto que solamente se repartirá entre las EE.LL. que entreguen al gobierno la totalidad de sus remanentes de tesorería para gastos generales a 31/12/2019 (minorado por una serie de conceptos reseñados en el artículo 3.1 del Real Decreto-ley 27/2020) durante 17 años, desde 2020 al 2037.

A cambio de que las EE.LL. cedan todos los ahorros municipales, los ahorros de los vecinos, el gobierno les ofrece un fondo -que supone solamente una pequeña parte de esos ahorros- y que deberán emplear únicamente en las actuaciones definidas por el gobierno en el propio Real Decreto-ley 27/2020.

En resumen, una propuesta que esconde un chantaje inaceptable y que podría vulnerar los artículos 137 y 142 de la Constitución Española, que consagran los principios de autonomía y suficiencia financiera como base de la gestión de las entidades locales.

Por lo expuesto, el Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Villoria, presenta la siguiente:

PROPUESTA DE ACUERDO

Manifestar:

1. solicitar al Gobierno de España que cualquier fondo que dedique a las entidades locales lo sea de forma incondicionada, al igual que el Gobierno de España ha solicitado a la Unión Europea.

1. el profundo rechazo de este Ayuntamiento de Villoria al procedimiento negociador que el Gobierno de España ha mantenido con la FEMP para lograr un acuerdo que diera una "apariencia" de apoyo unánime de las EE.LL. al Real Decreto-ley 27/2020.

Un procedimiento en el que el Gobierno solamente ha negociado con los representantes socialistas y de IU-Podemos en la FEMP excluyendo al resto de fuerzas políticas con representación en dicha institución.

1. solicitar a los órganos competentes de la FEMP la reprobación de su Presidente, Abel Caballero, por:

• no transmitir con la debida diligencia ni transparencia información adecuada sobre las negociaciones con el Ministerio de Hacienda al resto de miembros de los órganos de gobierno de la institución.
• no defender los intereses de las EE.LL. como está obligado a hacer por razón de su cargo.
• provocar con esta actitud que, por primera vez en la historia de la FEMP, se rompa el consenso histórico que solía presidir los acuerdos de este organismo.

1. el compromiso del Ayuntamiento de Villoria con la Ley de Estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera como herramienta que garantiza el correcto funcionamiento de las finanzas locales que ha permitido a muchos ayuntamientos de España generar los ahorros que ahora reclama el gobierno de la Nación.

1. y el profundo rechazo de este Ayuntamiento, a cualquier medida del Gobierno de España tendente a apropiarse de los ahorros acumulados por los vecinos de los municipios españoles, tanto de forma directa como vía suscripción de préstamos de las EELL al Estado a devolver a largo plazo

Instar al gobierno de España a:

1. respetar y garantizar la autonomía que la Constitución Española y las leyes otorgan a las entidades locales para la gestión de sus recursos, para la gestión del dinero público que es de todos y cada uno de los españoles, no de un gobierno en concreto.

1. que el Ministerio de Hacienda cumpla con la totalidad del acuerdo consensuado por todas las fuerzas políticas, incluido el Partido Socialista, en el seno de la Federación Española de Municipios y Provincias.

Dar traslado de este acuerdo al Presidente del Gobierno, a la Ministra de Hacienda, a la Ministra de Política Territorial y Función Pública, a los Portavoces de Grupos Políticos del Congreso, Senado y de las Cortes y a la Junta de Gobierno de la FEMP.