Estados Unidos es una de las grandes potencias mundiales términos económicos, pero no sanitarios. Descuida la salud de sus ciudadanos, sobre todo de los más vulnerables.
Marta Martín González
Activista por los Derechos Humanos
Los estados tienen la obligación de estudiar el impacto que pueda generar una reforma sanitaria, porque si se transgreden los límites vulneraría uno de los Derechos Humanos. La salud no es un juguete al servicio de las autoridades, sino que debe estar protegida como el derecho fundamental que es. Se reconoció en la Carta Internacional de Derechos Humanos, en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
Todos los países han de velar por el derecho a la salud: adoptando las medidas necesarias para prevenir, tratar y controlar las enfermedades. En las circunstancias mundiales de epidemia en las que vivimos será necesario y obligatorio garantizar unos servicios mínimos de bienestar y servicios sanitarios: pero esto no está garantizado en Estados Unidos.
Con el estallido de la enfermedad conocida como coronavirus (COVID-19), muchos estados vieron en jaque su sistema sanitario. Hay que tener en cuenta que la salud y la seguridad de cada uno de nosotros está ligada a la del resto, ahora más que nunca. Para proteger a la población los gobiernos propusieron medidas de confinamiento, pero realmente no fuimos conscientes de lo que estaba sucediendo. Mientras quealgunos estados estaban aislados, en otras partes el mundo se continuaba con la cotidianeidad. El problema está en que si no conocemos los verdaderos riesgos, no seremos capaces de vencer esta pandemia.
El Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en un primer momento se refirió al virus de forma discriminatoria, como si a su nación no le fuera a afectar. Lo que no sabía es que sería uno de los mayores focos de contagio. Ha perdido más de 73.000 personas y supera el millón de contagios. Ahora se muestra en modo combate, y se ha dado cuenta que el virus no conoce de razas y que sólo lo superarán quienes más apuestan por la sanidad. Las medidas que se proponen desde la Organización Mundial de la Salud no están siendo respetadas por el Gobierno, y mucho menos por los ciudadanos estadounidenses.
Su sistema sanitario se caracteriza por ser privado y no cubre a todos, únicamente a aquellos que tienen las posibilidades de contratarlo. De hecho, más de 30 millones de personas no tienen un seguro médico y no pueden acceder a ningún tratamiento o consulta; tampoco en caso de que padezcan coronavirus. El sistema sanitario está mostrando las diferencias sociales: no todos los ciudadanos tienen las mismas garantías de sobrevivir ante la epidemia, sólo quienes tienen un mayor poder adquisitivo tendrán más posibilidades de curarse. Cabe plantearse ¿sólo quienes tienen dinero son titulares del derecho a la sanidad? La respuesta debería ser que no. La sanidad va ligada en EE.UU. al sueldo de cada persona, y la epidemia viene acompañada de graves efectos económicos. Tan solo en los primeros quince días de abril de 2020 se quedaron sin trabajo más de 6 millones de personas.
Los hospitales norteamericanos están menos equipados que los europeos. Esto ha requerido una inversión estatal en la sanidad pública; porque el tratamiento para enfrentar esta nueva enfermedad supera los 20.000 dólares, y no toda la población puede hacer frente a ello. Además de la inversión, la Casa Blanca propone pagar los tratamientos de aquellos que no tengan recursos, pero las condiciones son vagas y los requisitos demasiado severos.
Esta situación ha aumentado las diferencias de la sociedad neoyorquina dividiéndola más si cabe. Mientras que aquellos que podrían trabajar desde casa se quedaron en sus hogares, e incluso se escaparon a segundas residencias, otro grupo mantuvo su vida normal, acudiendo a sus puestos de trabajo sin protección. Es verdad que el centro de Nueva York se ha quedado desierto, pero en distritos como Bronx continúan las aglomeraciones. Este barrio está ocupado por afroamericanos, latinos o mestizos que ocupan puestos de enfermeros o sanitarios, conducen el transporte público, furgonetas, y trabajan como cajeros en los supermercados. Ante esta situación, las autoridades de la ciudad no han limitado la movilización de los ciudadanos, ni han impuesto el uso de mascarillas en el transporte público, ni han prohibido las grandes reuniones. ¿No resulta paradójico? Estamos viendo como el virus no es igualador, sino que ataca a los más vulnerables.
El Alcalde de Nueva York ha indicado públicamente que se está empezando a doblegar la curva de muertos e infectados por coronavirus. Ahora bien, esto no es así en Bronx, ya que la tasa duplica la media de muertes de la ciudad. El Gobierno de Donald Trump no considera necesaria la implementación de ayudas para proteger a los sanitarios o trabajadores de comercios que no pueden quedarse en sus casas y están expuestos al contagio. La Asociación de Enfermeros del estado de Nueva York ha librado una batalla para conseguir el equipo básico de protección individual (EPI).
El desgaste sanitario está elevando la tasa de defunciones, obligando a cavar grandes tumbas porque mucha gente no puede pagar un entierro. El recuerdo en la ciudad neoyorkina no va a ser hospitales saturados como estamos viendo en España, sino grandes franjas construidas para enterrar a todos aquellos que no han podido vencer al coronavirus. Desde hace años se construyen grandes fosas en el distrito de Bronx, al lado del centro penitenciario de Hart Island, hoy día ocupan hasta sesenta metros. En los últimos años, cerca de un millón de fallecidos se han depositado aquí, pero al final del presente año el número habrá aumentado exponencialmente.
Desde Naciones Unidas proponen medidas para aquellos que viven en lugares sin saneamiento y que no puedan acceder al sistema sanitario. Se debe garantizar a toda la población la misma posibilidad de acceso a la sanidad, realización de pruebas y tratamientos. Esta enfermedad solo se acabará cuando todos tengamos garantizado nuestro derecho a la salud. Hay que preservar el derecho a la sanidad y a la vida, de quien sea y en las circunstancias que sean porque todos somos titulares de los mismos derechos humanos.