Una parte importante de las actuaciones se refieren a servicios sociales, especialmente relacionadas con el funcionamiento y carencias de las residencias de ancianos
El Defensor del Pueblo de Castilla y León ha tramitado 435 expedientes relacionados con la pandemia provocada por la Covid-19 durante el estado de alarma, es decir, del 14 de marzo al 21 de junio. La mayoría (406) se refieren a quejas ciudadanas y 29 corresponden a expedientes iniciados de oficio por la Defensoría. Además de estos expedientes relacionados con la Covid-19, lógicamente también han sido tramitadas y resueltas otras quejas y actuaciones de oficio ajenas a la crisis sanitaria.
En total se han emitido 174 resoluciones relativas a quejas planteadas por los ciudadanos y a las actuaciones de oficio promovidas por la Institución. Con referencia a las actuaciones de oficio relativas a la situación de emergencia sanitaria, doce lo han sido sobre bienes y servicios municipales, destacando, a título de ejemplos el tratamiento de residuos en plena pandemia o sobre las medidas de seguridad en las instalaciones municipales, deportivas o de ocio dependientes de las diferentes administraciones. Dos han afectado a la actividad productiva, en particular sobre la oportunidad de aprovechar los recursos industriales de Castilla y León para la elaboración de material sanitario en aras de garantizar la autosuficiencia, así como sobre la necesidad de publicar los contratos como exigencia de la transparencia de la actuación pública.
En materia de enseñanza no universitaria se ha abordado la forma en que se estaban garantizando los derechos y el cumplimiento de los deberes de los alumnos y su escolarización en plena pandemia. También se han tramitado y resuelto varias actuaciones de oficio sobre centros residenciales, centros de discapacidad o sobre la necesidad de eliminar la suspensión de plazos en la tramitación de los procedimientos en materia de renta garantizada de ciudadanía. En cuanto a sanidad, se han emitido algunas resoluciones sobre los derechos de los ciudadanos a una sanidad adecuada, especialmente de las personas de la tercera edad. Relacionada con la situación derivada de la necesidad de garantizar la seguridad sanitaria y la continuidad de la actividad económica, se han tramitado y resuelto actuaciones de oficio sobre el uso del dominio público por terrazas y veladores, así como sobre los mercados al aire libre, entre otras.
Se ha abordado la resolución con mayor celeridad de aquellas quejas y actuaciones de oficio que requerían una respuesta rápida, como las referidas al funcionamiento de residencias de ancianos y a la atención sanitaria de los mayores, con todos los medios disponibles, al margen de la edad.