Desde CERMI, por su parte, apuntan que "la mayor exclusión a la que están expuestas las personas con discapacidad y sus familias no se ha recogido con suficiente sensibilidad en la norma ya aprobada"
Aproximadamente un 7% de los hogares que recibirán el ingreso mínimo vital cuentan con algún miembro de la familia con discapacidad, según ha apuntado el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, que ha emplazado a las asociaciones del movimiento de la discapacidad a mantener una reunión próximamente para que le planteen sus demandas sobre la nueva prestación que, a juicio de estas asociaciones, tiene "poca aproximación a la discapacidad".
Así lo ha transmitido este jueves 25 de junio durante un encuentro online organizado por Plena inclusión y Servimedia, en el que han participado, además del ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el presidente del CERMI, Luis Cayo Pérez; el director de Dincat-Plena inclusió Catalunya, Carles Campuzano; el director de Plena Inclusión, Enrique Galván, y la coordinadora del Área Jurídica de Plena Inclusión, Inés de Araoz.
"La mayor exclusión a la que están expuestas las personas con discapacidad y sus familias no se ha recogido con suficiente sensibilidad en la norma ya aprobada", ha subrayado Luis Cayo Pérez. Por ello, el movimiento de la discapacidad ha preparado un paquete de enmiendas para que el Gobierno estudie algunas posibles mejoras en el Ingreso Mínimo Vital, sobre determinados aspectos "insuficientes y en algunos casos lesivos" para el colectivo, según ha precisado el presidente del CERMI. En esta línea, Carles Campuzano ha apuntado que quieren que la ley del IMV reconozca que las familias con personas con discapacidad tienen un "sobrecoste" para cubrir sus necesidades, así como "un mayor riesgo de pobreza".
Además, Inés de Araoz, ha manifestado su preocupación sobre la incompatibilidad del ingreso mínimo vital con la prestación por hijo a cargo en el caso de las familias con un hijo con menos de un 33% de discapacidad, pues muchas de estas familias pueden quedar "en situación de vulnerabilidad económica".
Igualmente, desde Plena Inclusión piden que se reconozca como unidad de convivencia a las personas con discapacidad mayores de edad que aún viven con su familia, para que puedan acceder al Ingreso Mínimo Vital porque, de no hacerlo así, se "hace más difícil que puedan alcanzar su proyecto de vida independiente".
En respuesta a estas observaciones, Escrivá se ha comprometido a estudiarlas y ha emplazado a las asociaciones a mantener una reunión multilateral para analizarlas. En todo caso, se ha mostrado convencido de que todas estas demandas tendrán encaje en la nueva prestación, bien sea a través del "desarrollo reglamentario", bien sea porque "requiere interpretación" o incorporando algunas de las propuestas "en el trámite de enmienda". "Vamos a tener respuesta para todo lo que se ha planteado", ha afirmado.
Además, ha achacado el hecho de no haber tenido estas consideraciones en cuenta antes de aprobar la norma a la urgencia para sacarla adelante. "Hay que tener en cuenta que lo hemos tenido que hacer en muy poco tiempo", ha explicado el ministro para justificar que no hayan podido tener toda la "interacción" que les "hubiera gustado" con los diferentes sectores implicados. En todo caso, se ha mostrado de acuerdo con que "los discapacitados que tengan rentan más bajas reciban un apoyo proporcionalmente mayor".
Por su parte, las asociaciones de discapacidad han aceptado la invitación del ministro para reunirse y han indicado que harán llegar sus propuestas de enmiendas tanto al Ejecutivo como a todos los partidos del arco parlamentario.
El director de Plena inclusión España, Enrique Galván, ha cerrado el acto pidiendo una estrategia de reconstrucción "encaminada a la inclusión", en la que las medidas tengan en cuenta a las personas con discapacidad y a sus familias.
Desde este jueves 25 de junio ya se puede solicitar presencialmente también el Ingreso Mínimo Vital y hasta el momento, cuando solo se podía hacer de forma telemática, han recibido 350.000 solicitudes de la prestación que en estos momentos están pendientes de resolución, según ha informado José Luis Escrivá.