Se desarrollará una Ley Integral contra la corrupción que prevendrá represalias contra denunciantes
El PSOE considera urgente que España se ponga manos a la obra para transponer cuanto antes la Directiva de la Unión Europea que mejorar la protección a los denunciantes de corrupción, que fue aprobada en octubre de 2019, y ha registrado una iniciativa en el Congreso urgiendo al Gobierno a actuar en ese sentido.
Los distintos Estados miembros tienen de plazo hasta diciembre del año que viene para adaptar su legislación a esta normativa comunitaria, pero el portavoz del PSOE en la Comisión Constitucional, Odón Elorza, defiende que no se apure ese plazo y que se inicie ya la tramitación de una ley para asumir la legislación comunitaria en esta materia.
En su proposición no de ley, a la que ha tenido acceso Europa Press, el también secretario de Democracia Participativa y Transparencia de la Comisión Ejecutiva del PSOE recuerda, además, que, en el Programa de Regeneración Democrática del Gobierno de coalición se recoge el compromiso de aprobar una Ley Integral contra la corrupción que "incluirá un Estatuto del denunciante".
En este contexto, urge al Ejecutivo a promover un texto normativo que, como hace la citada directiva, establezca unas normas mínimas que permitan una "protección efectiva" de los y fomentar las denuncias procedentes de los también llamados 'alertadores'.
EVITAR REPRESALIAS
Elorza defiende la necesidad de actuar en esta materia de manera coordinada con el resto de países de la UE. "Sólo la acción de la UE puede aportar coherencia y armonizar las normas vigentes en los Estados", subraya el dirigente socialista.
Además, recuerda que distintas asociaciones que trabajan contra la corrupción y otros partidos han presentado diferentes propuestas de ley en materia de prevención y lucha contra la corrupción que incluyen de modo destacado la defensa de los denunciantes, a los que, recalca, hay que "proteger de cualquier tipo de represalia".
Este es el caso de la proposición de ley registrada el pasado mes de diciembre por ERC, Compromís, Más País y el BNG, que aún está pendiente de debate en el Congreso. Ese texto, redactado por la plataforma Xnet, busca precisamente la transposición de la directiva europea sobre denunciantes. También Vox registró el pasado mes de febrero una ley con similar objetivo.