Existe un factor común en las protestas, y es el uso desmedido de la fuerza desplegada por los gobiernos y por las policías contra los ciudadanos que ejercen sus derechos.
María José Mogollón
Defensora de los Derechos Humanos
Octubre de 2019 ha sido un periodo turbulento para América Latina. Pues las revueltas y el protagonismo de los movimientos sociales han sido claves en este periodo para lograr visibilizar tensiones en distintos países de la región como Chile y Ecuador entre otros.
Si bien es cierto el pueblo latinoamericano se alzó al ver que el Estado no está cumpliendo con sus funciones de responder a las necesidades sociales existentes, la represión por parte de los gobiernos no se ha hecho esperar. Y así varios organismos internacionales han mostrado su preocupación por la violación sistemática de los derechos humanos.
En los primeros días de octubre, Ecuador vivió varias revueltas teniendo como mayor protagonista al movimiento indígena, todo esto por la eliminación del subsidio a la gasolina como respuesta del gobierno a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Al terminar estas protestas, una misión de la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos visitó Ecuador para recopilar información al respecto. Según los datos recabados, 11 días de disturbios tuvieron como resultado la muerte de nueve personas, 1507 heridos y el número de detenidos ascendió a 1382, de los cuales existen numerosas denuncias de detenciones arbitrarias. (Noticias ONU, 2019).
De igual manera, cerca de las mismas fechas y por motivos similares al ecuatoriano -establecimiento de políticas económicas neoliberales- Chile vivió una ola de protestas masivas. La represión de estas protestas chilenas causó un número de vulneraciones de los derechos que alertó a varios defensores de derechos humanos. Pues se alertó que hubo un excesivo uso de la fuerza dejando como resultado 113 casos específicos de malos tratos y 24 casos de violencia sexual contra hombres, mujeres, niñas, niños y adolescentes; y cuatro muertes que se dieron dentro de privación arbitraria de la vida, y otras muertes ilícitas que involucran agentes del Estado. (Alto Comisionado de los Derechos Humanos, 2019). Las imágenes de la actuación de la policía chilena contra los ciudadanos han impresionado a todos los demócratas del mundo.
En ambos casos, y como se señaló anteriormente, existe un factor común en las protestas, y es el uso desmedido de la fuerza. Haciendo una evaluación tanto de normas supranacionales como nacionales de cada Estado se encuentran varias violaciones a la ley. El artículo 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece que todo individuo tiene derecho a la reunión y asociaciones pacíficas. Por otro lado, el Principio básico No. 9 sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley dicta que los funcionarios no pueden hacer uso de armas de fuego para dispersar una asamblea, el uso de estas armas sólo se consiente en casos extremos y de manera escalada. Por último, tanto las Constituciones de Chile como de Ecuador establecen la protesta pacífica como derecho de los ciudadanos.
En todo caso, la movilización social ha vuelto ser protagonista en el último semestre de 2019 pero cabe resaltar el uso excesivo de la fuerza del Estado hacia estas protestas. Es de gran importancia que cada funcionario, policías o carabineros, se encuentren capacitados desde la protección a los Derechos Humanos en el marco de la protesta social. Y así, lograr que los movimientos sociales no sean reprimidos y los derechos de los ciudadanos sean garantizados y protegidos. Los gobiernos de esos países son los responsables.