Desobedecer a los agentes de la autoridad puede resultar muy caro, ya que están estabelcidas todo tipo de multas


LOCAL
Actualizado 16/03/2020
Redacción

Retirar una valla, desobediencia o resistencia a la autoridad, así como la alegación de datos falsos o inexactos supondrán multas

El que no cumpla con las nuevas normas del estado de alarma puede encontrarse con sanciones que oscilan entre los 100 y los 30.000 euros. De 100 a 600 por retirar "vallas, encintados u otros elementos fijos o móviles colocados por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para delimitar perímetros de seguridad, aun con carácter preventivo, cuando no constituya infracción grave.

Además, la desobediencia o la resistencia a la autoridad o a sus agentes, la alegación de datos falsos o inexactos en los procesos de delito, así como la negativa a identificarse a requerimiento de la autoridad serán sancionados con multa de 601 a 30.000 euros.

Por otra parte, la Ley de Salud Pública incluye infracciones graves, con multas de 3.001 a 60.000 euros para los que lleven a cabo "conductas u omisiones que puedan producir un riesgo o un daño grave para la salud de la población, cuando ésta no sea constitutiva de infracción muy grave". Y es que, si estos actos son graves, las sanciones oscilarán entre 60.001 y 600.000 euros.

Del mismo modo, la Ley del Sistema de Protección Civil incluye infracciones graves, de 1.500 a 30.000 euros, por "el incumplimiento de las órdenes, prohibiciones, instrucciones o requerimientos efectuados por los titulares de los órganos competentes o los miembros de los servicios de intervención y asistencia, así como de los deberes de colaboración a los servicios de vigilancia y protección de las empresas públicas o privadas, cuando no suponga una especial peligrosidad o trascendencia para la seguridad de las personas o los bienes". El castigo puede ser mayor, de 30.001 a 600.000 euros, si el incumplimiento supone "una especial peligrosidad o trascendencia para la seguridad de las personas o los bienes".

Y el Código Penal también recoge los delitos de desobediencia que pueden suponer la pena de prisión de tres meses a un año.

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