Profesor de Derecho Penal de la Usal
La situación de alarma que vive la sociedad española por culpa del "coronavirus" pone de manifiesto la importancia que tiene para los ciudadanos que el Estado cuente con una sanidad pública, universal y de calidad, además de con unas políticas públicas que tengan por finalidad la lucha contra la marginalidad, la pobreza y las desigualdades y por la consecución del equilibrio económico. En situaciones de crisis, ya se sabe, o hay un sector público potente o las cosas van a ir muy mal.
Estas políticas sociales y universales son la mejor garantía y protección para los ciudadanos y el espíritu, la filosofía y los principios del Estado Social y Democrático de Derecho son los inspiradores del denominado "welfare state", estado del bienestar, que consiste en proteger y promover el bienestar económico y social de los ciudadanos. Esta es la concepción que hay que trasladar a la ciudadanía, porque no podemos dejar al albur de las circunstancias, no podemos abusar del lema principal del liberalismo doctrinario "laissez faire, laissez passer, le monde va de lui meme" porque, aunque en éste se mueven muy bien las grandes fortunas, la inmensa mayoría del pueblo necesita que el Estado intervenga en los procesos económicos para corregir los desequilibrios, mejorar la convivencia y conseguir la tan ansiada paz social.
La crisis del "coronavirus" ha dejado en evidencia las políticas de recortes salvajes llevados a cabo durante los gobiernos de M. Rajoy en España y los de Gallardón, Esperanza Aguirre y los que vinieron después, en Madrid (González, Cifuentes, Garrido, Roldán y Díaz Ayuso), muchos de ellos investigados actualmente por delitos de corrupción. Recortes en políticas públicas acompañados de bajadas de tributos, que siempre benefician infinitamente más a los más poderosos que a los sectores económicamente más humildes de la sociedad.
En estos días hemos comprobado que representantes de profesionales sanitarios de la Comunidad de Madrid, entre ellos Sanchez Bayle (presidente de la Federación de asociaciones en defensa de la sanidad pública FASP), están denunciando la falta de recursos materiales y humanos en la sanidad pública madrileña. A pesar de que en la comunidad de Madrid vive medio millón de personas más que hace 12 años, los hospitales públicos tienen unas 2.000 camas menos y el número de trabajadores a su servicio también ha descendido en más de 2.000. Se ha preferido potenciar la sanidad privada en perjuicio de la pública y las estadísticas así lo demuestran: existen 33 hospitales públicos y 50 privados en toda la comunidad. Además, los políticos regionales que promovieron y potenciaron esa privatización e intentaron desmantelar la sanidad pública madrileña, como Fernández-Lasquetty han sido elegidos por la actual presidenta de la comunidad, Díaz Ayuso para formar parte del ejecutivo regional. Actualmente es consejero de Hacienda.
Indudablemente los ideólogos de estas políticas que han llevado a cabo los diferentes gobiernos conservadores del PP ayer y del PP+Ciudadanos+Vox, hoy, en diferentes administraciones territoriales (nacional, autonómica y local), transmiten mensajes convincentes a corto plazo a una mayoría de ciudadanos que impiden reflexionar sobre las consecuencias de los mismos a medio y largo plazo y en situaciones de alarma y calamidad, como la actual de la pandemia del Covid-19. Estos mensajes consisten en prometer bajadas de tributos, que enganchan inmediatamente, sin que el ciudadano medio se de cuenta de que a él las bajadas de impuestos le supondrán unos pocos euros al mes mientras que a las grandes fortunas son miles y miles de euros menos los que entregarán a la Hacienda Pública. El ciudadano que queda "atrapado" por ese peligroso mensaje, no se da cuenta que el adelgazamiento del Estado y el engorde de los grandes empresarios será muy perjudicial para él en momentos críticos. Ahí es donde siempre tiene que aparecer el Estado y ahí es donde, en realidad, la mayoría de esos grandes empresarios pasan de puntillas. Es más, también estos piden ayudas al Estado en momentos de crisis porque no están dispuestos a que sus cuantiosos beneficios se vean mermados. Por tanto, es infinitamente mejor un Estado fuerte, que obligue a los ciudadanos a contribuir al sostenimiento de los gastos públicos -como establece nuestra CE en su artículo 31-, "de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad" y que ese Estado sea riguroso en la aplicación del gasto, protegiendo los derechos individuales y sociales de todos, fundamentalmente los que más lo necesitan.
El mensaje político de rebajas de impuestos que siempre proclama la derecha es, además, egoísta e insolidario. Egoísta, porque transmite a los ciudadanos que es mejor pagar menos al Fisco y eso es síntoma de picardía, pero también de inteligencia, lo que tiene como consecuencia negativa que la ciudadanía vea como héroes a los que evaden capitales, llevan su dinero a Suiza o Panamá y, además, portan la bandera española en la solapa y en la muñeca. Siempre hemos escuchado, sobre todo en nuestros pueblos de la España vaciada, mensajes como "ese sí que es listo, no paga casi impuestos y se está haciendo de oro, a ver si aprendemos de él". E insolidario, porque promueve y apoya aquello de "primero yo y después, el que no pueda, que espabile". El "sálvese quién pueda", siempre ha sido un mensaje egoísta e insolidario, que sólo puede ser justificante o exculpatorio en casos de auténtico estado de necesidad.