"Para la libertad, sangro, lucho, pervivo...".
MIGUEL HERNÁNDEZ
La reciente propuesta gubernamental de reforma del Código Penal para incorporar como delito en España la apología o exaltación del franquismo, viene a enfrentar de nuevo en uno mismo el explosivo deseo visceral de que así ha de ser con la más pausada reflexión democrática de que no puede ser. Similar conflicto personal que el sufrido hace años cuando, en Alemania, se declaró delito la negación del Holocausto y la defensa del nazismo que lo causó, hoy vuelve a plantearse en este país (y en las entrañas mismas de quienes detestamos todo lo relacionado con el criminal Franco y sus secuaces), precisamente en un tiempo en el que, si hay que ser especialmente cuidadoso con la defensa de la muy amenazada libertad de expresión, más hay que serlo con su ejercicio y la educación que lo justifica.
La absoluta repugnancia que causa el franquismo y sus crímenes; el frontal rechazo a la dictadura y a la vileza de sus asesinatos; la indignación que nos mantiene despiertos por el afán de justicia que repare aun en parte las persecuciones, extorsiones, torturas y chantajes del más negro período de la historia de este país; la urgencia que tenemos del juicio general al franquismo y a sus responsables por el impune asesinato de todo un país, no bastan, no deberían bastar para fabricarnos como defensa contra todo ello, en lugar de la verdad y las pruebas que la informan, una mordaza que poner a sus detestables defensores. La repugnancia y aun el asco no pueden ser argumento suficiente para negar nuestros más caros valores, como lo es la libertad de expresión, ni dar así argumentos a los mismos que pretenden pisotearla. La fuerza de la razón se sustenta en su verdad, no en sus prohibiciones.
Juristas, especialistas en Derecho, constitucionalistas y expertos en el ámbito e interpretación de la Ley mantienen una mayoritaria opinión contra la inclusión en el Código Penal del delito de apología o exaltación del franquismo. Es cierto que ese rechazo "jurídico" no está totalmente fundamentado en argumentos de tipo garantista o de defensa de la libertad, sino que buena parte se basa en la mera defensa del franquismo que todavía se enseñorea por los juzgados de este país. Los votos particulares de muchas sentencias relacionadas con el franquismo, la Ley de Memoria Histórica y la dictadura, nombran a sus abanderados y retratan las diferentes posturas que ahora convergen en condenar la inclusión en el Código Penal de ese delito de opinión. Deberíamos ser cuidadosos en distinguir los diferentes noes.
La transmisión de ideas, aunque se trate de ideas execrables que resulten contrarias a la dignidad humana, como en el caso del franquismo (o del Holocausto), no pueden ser tipificadas penalmente porque caeríamos en aquello que pretendemos atacar: la limitación de la libertad de expresión y la negación de la adhesión ideológica a posiciones políticas de cualquier tipo. Otra cosa es la difusión del odio o la incitación directa a la violencia contra los ciudadanos en general o contra determinadas razas o creencias en particular, lo que, obviamente, no solo ha de ser condenado y penado sino que, hoy por hoy, ya figura en varias leyes penales españolas.
La represión penal de la opinión es un terreno extremadamente resbaladizo por lo que tiene de inconcreta su extensión, ya que la exaltación del franquismo en sí misma no podría conllevar la alabanza de sus crímenes o la defensa de sus excesos, lo que plantea enormes problemas de asociación, inclusión, generalización o confusión entre lo que es una ideología y el contenido concreto de ponerla en práctica en unas circunstancias determinadas. Sucede también, por ejemplo, con el comunismo, cuya defensa como ideología no debería asociarse, como interesadamente hace la reacción en todo el mundo, con los crímenes, sevicia y barbarie que en su nombre se realizaron, pusieron en práctica y exaltaron durante décadas en muchos países. Como siempre, la educación veraz, la información pura, la explicitación de la verdad y el conocimiento son la mejor defensa de la libertad (y de la de expresión) frente a mezquinas apologías, falaces alabanzas, pírricas exaltaciones y ridículas banderías.
La conclusión ética no es sencilla pero es honesta: para la libertad hay que defender la de expresarse a todos, a toda costa y frente a toda repugnancia. No prohibir la exaltación del fascismo: despreciarla. Tomar partido por el pensamiento libre, la inteligencia libre y la reflexión crítica libre frente al adoctrinamiento, la falsificación y el ladrido; prohibir éstos daría argumento al odio e identidad al escupitajo. Un antiguo adagio afirma que no hay mejor bofetada que la que no se da. Pues eso.