Imagen de archivo de la clínica iDental que se encontraba ubicada en Santa Marta


LOCAL
Actualizado 30/01/2020
Redacción

El mobiliario y los equipos de laboratorio y protésicos de la clínica que se ubicaba en Santa Marta de Tormes se suma a los bienes intervenidos en toda España y que desde hace meses se están subastando para indemnizar a los afectos

Los bienes intervenidos en la clínica de iDental ubicada en el municipio salmantino de Santa Marta de Tormes forman parte de los lotes de mobiliario, material informático, equipamiento industrial y equipos de laboratorio y protésicos que, desde hace meses, la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos, dependiente del Ministerio de Justicia, ha comenzado a sacar a subasta pública. El objetivo es destinar el dinero recaudado con las ventas a indemnizar a los afectados por el presunto fraude de esta cadena dental. Desde aparatos de rayos X hasta sillones dentales o mobiliario de oficina entre los bienes que hasta ahora se han venido subastando.

En el caso de Salamanca, por encargo de la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos, se han vendido mediante subasta casi una treintena de lotes que, entre otros, incluían sillones dentales, impresoras, mobiliario de oficina, equipos de rayos X, escáneres o teléfonos. Subasta de los bienes intervenidos en la clínica iDental de Santa Marta que han permitido recaudar más de 35.600 euros, tal y como constata la lista de bienes vendidos.

Cabe recordar que la compañía llegó a contar con más de una veintena de clínicas repartidas por diferentes comunidades autónomas, todas ellas cerradas las tras denuncias de fraude. Así, además de los bienes intervenidos en la clínica de Santa Marta de Tormes, el Ministerio también ha sacado a subasta bienes de clínicas de iDental ubicadas en Andalucía, Castilla-La Mancha o Comunidad Valenciana, entre otras.

El fraude de las clínicas lowcost iDental

La instrucción judicial apunta que iDental engañaba a sus clientes haciéndoles contratar préstamos para financiar sus tratamientos dentales con supuestos descuentos de hasta el 80%, a costa de inflar el presupuesto y basándose en supuestas subvenciones de organismos públicos estatales inexistentes y políticas muy agresivas de marketing.

De este modo, tratamientos que debían ejecutarse en cuestión de meses, se prolongaban hasta dos años, plazo durante el que las clínicas se garantizaban que la entidad financiera que respondía por el tratamiento del paciente seguía pagando las cuotas. Con algunos clientes no llegaron a completar la asistencia contratada. A otros, la mala praxis en las clínicas les ocasionó lesiones e incluso contagios.

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