Han presentado una moción para que se introduzca esa cláusula en el nuevo proceso de licitación
El Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo celebrará el próximo viernes 20 de diciembre su última sesión de Pleno Ordinario de 2019, en cuyo Orden del Día figura, entre otros asuntos, una moción presentada por Izquierda Unida-Ciudad Rodrigo en Común en la que se pide que el Ayuntamiento contrate el suministro de energía eléctrica para el alumbrado y edificios públicos con empresas que solamente suministren energía de fuentes 100% renovables.
La presentación de esta moción viene al hilo de que en el anterior Pleno Ordinario el Equipo de Gobierno contestó a una pregunta de IU que se está valorando iniciar el proceso de licitación del suministro energético del alumbrado y edificios públicos. Según recuerdan desde IU, en la anterior legislatura ya se habían iniciado "trabajos preliminares" al respecto, por lo que ellos llevaban en su programa electoral que en la licitación se introdujesen cláusulas que garantizasen el origen 100% renovable de la energía suministrada.
(function(w,d) { var i=w.invibes=w.invibes||{}; i.uc=0; i.prod=2547; var s=d.createElement('script'); s.type='text/javascript'; s.async=true; s.src='//k.r66net.com/GetLink'; d.head.appendChild(s); })(window,document);Sin embargo, según apuntan, "la sorpresa ha llegado con el rechazo explícito del Alcalde de Ciudad Rodrigo a este tipo de cláusulas en la Comisión Informativa de Hacienda", pese a que "han sido avaladas ya por los tribunales de contratación y por la justicia ordinaria (en sentencia firme) después de que el Ayuntamiento de Madrid limitase la concurrencia para esta licitación a aquellas empresas que dispusiesen de una certificación de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)".
Exactamente, los tribunales han avalado la exigencia a las empresas suministradoras de energía del nivel de etiquetado A de la CNMV al respecto del tipo de energía comercializada (este etiquetado garantiza que el 100% de la energía suministrada es de origen renovable).
IU remarca que numerosas administraciones municipales, autonómicas y empresas públicas estatales como ADIF han incorporado estos criterios a sus cláusulas de contratación, siempre con la finalidad de "mejorar el consumo energético, reducir la huella de carbono, y además conminar a las grandes empresas a ponerse del lado del planeta y el clima".