Profesor de Derecho Penal de la Usal
En los momentos sociopolíticos actuales, con los graves sucesos que están ocurriendo en Cataluña, la proximidad de unas elecciones generales que otorguen la confianza para gobernar al partido político que mayoritariamente apoyen los españoles y el bloqueo interesado de algunas formaciones políticas para que esta horrible situación perdure en el tiempo, me viene más que nunca a la memoria la figura de un excepcional intelectual e historiador del pensamiento político español que ha fallecido este miércoles 23 de octubre, Santos Juliá. Leer sus ensayos es, quizá, la mejor manera de entender nuestra reciente historia y comprender los auténticos motivos de nuestra eterna lucha fratricida, de las diferencias abismales entre esas dos Españas: "Dos Españas, señores, están trabadas en una lucha incesante", dijo en cierta ocasión Ortega, "una España muerta, hueca y carcomida y una España nueva, afanosa, aspirante, que tiende hacia la vida".
No hace mucho tiempo, aprovechando la presentación en Salamanca de su último ensayo titulado Transición, tuvimos la ocasión de escuchar sus dotes políticas premonitorias, dado que ya venían coleando las consecuencias de los incidentes producidos a raíz del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 en Cataluña, la aplicación del 155 de la CE y los procedimientos penales incoados a los responsables de la Generalitat, hoy condenados. Con ocasión de esa presentación dijo que "si no se construyen las condiciones para un reencuentro que permita un nuevo acuerdo de un proceso de reforma constitucional en el que intervengan todos los poderes del Estado, incluidas las Autonomías, pueden ocurrir lamentables fenómenos políticos en España". Por desgracia no se equivocó, porque ya estamos sufriendo esos "lamentables fenómenos políticos".
A esta triste situación no sólo están contribuyendo los fanatizados independentistas (que, por cierto, se han incrementado en progresión geométrica desde los gobiernos de Rajoy, en 2011), sino también los representantes de ese otro nacionalismo radical, el español, rígido, intolerante y montaraz, que se atrinchera en posiciones numantinas y que es reacio a emprender nuevos caminos de diálogo que permitan avanzar adaptándonos a los nuevos tiempos, a las nuevas realidades sociológicas que proporcionen acuerdos. Son los mismos, los herederos de los que atacaron la República como forma de gobierno que trajo a España la primera etapa democrática y constitucional, de igualdad y de progreso, en 1931, los que quieren conservar los privilegios ancestrales provenientes del Antiguo Régimen.
Y esa España sigue encarnada perfectamente, en la actualidad, en las figuras políticas de Casado y Abascal; políticos promocionados por el icono político de esa tradición de aristocracia y privilegios, Esperanza Aguirre; quién, por cierto, está siendo investigada en presuntos casos de corrupción política que tienen mucho que ver con la presunta financiación ilegal del PP, aquélla con la que conseguían mayorías absolutas en las elecciones, que no se nos olvide. Parece que a ellos se ha unido últimamente también Rivera, quién comenzó siendo liberal progresista (así se definía) y está terminando por abrazar a la extrema derecha. Ya lo reconoce sin ningún pudor el mismo Rivera al afirmar que después de las elecciones se apoyarán también en Vox, si es preciso, para formar gobierno en España al estilo de Andalucía y Madrid.
No es extraño, en consecuencia, que políticos como Casado, debido a su cuestionada formación y experiencia, tengan delirios constantes y propongan políticas incoherentes con el respeto a la legalidad vigente (que, por otro lado, tanto dicen respetar). Esta semana se ha despachado con una propuesta contraria a lo establecido en la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía catalán: recuperar las competencias de ejecución (no de legislación, que corresponde exclusivamente al Estado, como establece el artículo 149.1.6º de la CE) en materia penitenciaria, que tiene asumidas la Generalitat (única Autonomía que las tiene transferidas), en virtud del RD 3482/1983, de 28 de diciembre. Unas competencias que se refieren a la construcción y gestión de centros penitenciarios, en materia de personal y de internos, que supone que sea la Generalitat la que costee esa gestión, y son muchos millones de euros. Algo que se contradice, por cierto, con esa política de bajada de impuestos que predican a bombo y platillo. Si hay menos impuestos, la recaudación es menor y, por tanto, los servicios públicos se verían afectados negativamente. Si revierten la competencia de prisiones al Estado y se bajan impuestos, ¿de dónde sacarán el dinero para afrontar los gastos?
Por otro lado, el Sr. Casado ignora que para la concesión de ciertos beneficios penitenciarios de acortamiento de condenas (por ejemplo a los condenados por el procés), como la libertad condicional, se les debe clasificar previamente en tercer grado de tratamiento penitenciario. Si esta clasificación es decidida por la administración penitenciaria catalana, está sujeta a recurso ante el Juez de Vigilancia Penitenciaria y, en su caso, en apelación ante el Tribunal Sentenciador, que no es otro que el Tribunal Supremo. En estos supuestos, la Fiscalía recurriría, con toda seguridad, y tendría que decidir el Tribunal Supremo, es decir, el poder judicial. ¿También desconfía el Sr. Casado de los jueces y tribunales?. Lo dicho, estos señores, estos políticos delirantes, defienden mucho la Constitución y las leyes, pero siempre cuando les favorece.