Profesor de Derecho Penal de la Usal
El discurso político en España es cada vez más retorcido e interesado y en los últimos tiempos se ha convertido en un ataque frontal a la ética, los buenos modales y a los principios más elementales del sistema democrático ; aquéllos que determinan claramente que la formación política que más apoyos tiene en una confrontación electoral es el que, lógicamente, debería asumir la responsabilidad de gobernar.
Curiosamente las formaciones políticas que defendían esta tesis hace tan sólo un año (PP y Ciudadanos), han cambiado de opinión, sencillamente porque los resultados electorales no les han sido favorables y se acogen a la ley del embudo, aquélla por la que para ellos siempre quieren la parte más ancha y para los adversarios, la más estrecha. Dicho de otro modo, si la situación les favorece, la defienden; de lo contrario, la atacan y se inventan otros postulados y principios con la única finalidad de no perder nunca el "ordeno y mando".
Y quiero analizar en este relato las contradicciones en las que está incurriendo un político del PP, Javier Maroto, persona de la máxima confianza del líder de esta formación, Pablo Casado, que en las elecciones generales iba como candidato al Congreso de los Diputados por el PP en la circunscripción de la provincia de Álava y que, debido a los malos resultados cosechados por el PP en el País Vasco, no resultó elegido.
Ante esta situación, algo tenía que hacer el PP para que Javier Maroto siguiera "viviendo" de la política y la maniobra realizada por los líderes del partido conservador les salió bien, aún a costa de hacerlo violando lo más elemental, con opacidad y a espaldas de los ciudadanos; es decir, de una manera autoritaria, más propia de sistemas políticos dictatoriales que de sistemas "democráticos de derecho". Al constituirse las Cortes de Castilla y León e investir al presidente de la Junta (Fernández Mañueco, del PP, a pesar de perder las elecciones después de estar gobernando ininterrumpidamente desde hace 32 años), el PP podía designar un senador regional y dos el PSOE (vencedor de las elecciones autonómicas). El avalado por el PP fue Javier Maroto.
Estoy seguro que muchos de los lectores están pensando que esto mismo lo hacen todos los partidos. Es cierto que hay muchos cargos electos que habiendo representado a una circunscripción, en un momento determinado el partido político correspondiente los presenta por otra. Casos de estos hay innumerables: Fulanito, nacido en Tarragona y conocido profesionalmente en Madrid, lo presenta el partido X por Gran Canaria y, en cambio, ha sido ya diputado de ese mismo partido por Cuenca durante dos legislaturas. Bueno, aquí no hay fraude a los electores, porque los canarios tienen la oportunidad de darle su apoyo con el voto o no. Ahora bien, Maroto se ha presentado a las generales "Por Vitoria y Álava, siempre"; ese era su eslogan en las pasadas elecciones del 28 de abril.
No salió elegido y el 26 de junio, un mes después de las elecciones municipales, autonómicas y europeas, curiosamente lo empadronan en un pequeño municipio de Segovia, Sotosalbos, sin que nunca hubiera vivido allí, de forma presuntamente fraudulenta y en una vivienda cuyo propietario resulta ser un directivo de una empresa consultora denominada Accenture. Esa vivienda es también el domicilio social de una empresa de explotación de búfalos. La finalidad de este empadronamiento fue, evidentemente, la excusa para presentarlo como senador por nuestra comunidad de Castilla y León.
En resumen, el político vasco no ha sido elegido por ningún ciudadano castellanoleonés para ser representante de esta comunidad autónoma en el Senado. ¿Qué opinará ahora sobre el Condado de Treviño, por ejemplo? Como sabemos, este territorio está enclavado en la provincia de Álava pero administrativamente es de la de Burgos y, por tanto, de Castilla y León. Con independencia de las legítimas reivindicaciones de ese territorio por vascos y castellanos, de lo que no opino, ¿defenderá ahora Maroto los intereses de Castilla y León o los de Euskadi? Hasta hace muy poco reivindicó siempre la titularidad alavesa del Condado de Treviño.
Por otro lado, el señor Maroto siendo alcalde de Vitoria se negó, sistemáticamente, a empadronar a muchos inmigrantes en la capital alavesa para que no se beneficiaran de los servicios sociales a los que tenía derecho cualquier ciudadano de esa ciudad, alegando fraude de ley en este tipo de empadronamientos. Aunque esto no me extraña, puesto que Maroto es el mismo espíritu de la contradicción política, porque entonces pactó con Bildu innumerables acuerdos de gobierno para Vitoria; algo que ahora critica visceralmente cuando otros partidos llegan a pactos con esa formación.
Esto sólo tiene un calificativo: "indecencia política", puesto que supone un engaño para los ciudadanos, en este caso los de Castilla y León, que nunca le han elegido para que sea su representante en el Senado. Cada vez estoy más de acuerdo con el concepto que de la política tenía Shakespeare, para el que "la política está por encima de la conciencia". No debería ser así, pero algunos hacen lo que sea para mantenerse en el poder, pisando el cuello a los demás, dando codazos y violando la legalidad, si es necesario. ¿Qué dice de todo esto el señor Igea y Ciudadanos, que gobiernan junto al PP en Castilla y león? ¿No eran estos señores los adalides de la regeneración política?