Profesor de Derecho Penal de la Usal
Los recién estrenados gobiernos locales y autonómicos del PP continúan con la cantinela de prometer bajadas de impuestos; una proclama que, a corto plazo, produce una conducta de atracción inmediata en los ciudadanos; una reacción similar que la provocada en los niños cuando se encuentran bolsas de caramelos a la salida del colegio. Pero, a medio y largo plazo, estos caramelos pueden convertirse en el mejor veneno para acabar con el Estado Social de Derecho y en el instrumento eficaz para implantar un salvaje Estado Liberal que lesiona gravemente los derechos fundamentales (individuales y sociales) de los ciudadanos.
Para demostrarlo con datos, comenzaré el análisis por los años de gobierno de M. Rajoy. Cierto es que bajaron los impuestos directos, que se miden en función de la renta personal, de tal suerte que los más favorecidos han sido las grandes fortunas, que se han ahorrado millones de euros, mientras a las clases más modestas de la sociedad, a los sueldos más bajos, las rebajas han sido simbólicas, de apenas unos euros anuales, en algunos casos se han quedado sólo en céntimos. En cambio, los gobiernos de M. Rajoy incrementaron los impuestos indirectos, que gravan el consumo. Y la misma necesidad de comprar compresas la tienen las mujeres pertenecientes a la aristocracia que las mujeres que forman parte de familias (y numerosas) cuyos ingresos no superan los 400 euros mensuales. Igual sucede con los impuestos indirectos a productos y artículos de primera necesidad. Y todos ellos subieron durante los gobiernos de M. Rajoy. Si a esto le unimos la legislación laboral aprobada durante esos gobiernos, que proporciona salarios de miseria y condiciones precarias en los trabajadores y, en consecuencia, más beneficios para los empresarios, el empobrecimiento de la gran mayoría de la sociedad (que no es precisamente la que vive en el barrio de Salamanca de Madrid o tienen la fortuna personal que diputados como Marcos de Quinto, Álvarez de Toledo o Espinosa de los Monteros) ha sido evidente.
Durante los años de gobierno de M. Rajoy, la administración pública perdió cerca de 150.000 funcionarios, de los cuales 50.000 pertenecían a la enseñanza pública y 33.000 a la sanidad pública. El número de policías y guardias civiles también descendió en 10.000 agentes.
Paradójicamente, la portavoz del PP en el Congreso, la flamante Álvarez de Toledo, ha presentado una proposición no de ley para que envíen más policías y guardias civiles a Barcelona ante el brote de inseguridad que se está viviendo y argumentado en noticias falsas que apuntan a que empresas de reparto (Amazon, Seur o MRW) ya no distribuyen en los barrios más inseguros de la ciudad catalana, cuando no es cierto, dado que las propias empresas lo han desmentido y manifiestan que siguen trabajando con los mismos itinerarios, sin cambios. Además del grave patinazo de la portavoz del PP sobre esa noticia falsa, hay que recordarle a esta señora que si hay brotes de inseguridad puntuales es más probable que se deba a la congelación de las plantillas de policías y guardias civiles durante los gobiernos de M. Rajoy; esto, a corto plazo, porque a largo se notará más la inseguridad, dado que la mejor forma de prevenir la criminalidad, de manera sostenible, es invertir en educación y en políticas sociales que fomenten el equilibrio económico, combatan las desigualdades, garanticen una mejor cohesión social y, por ende, implementen el Estado del Bienestar que consagra nuestra Carta Magna al establecer en su artículo primero que "España se constituye en un Estado Social y Democrático de Derecho". Ya se sabe, "la mejor política criminal es una buena política social".
En definitiva, esta quiebra del Estado Social que estamos viviendo es consecuencia inevitable del descenso de ingresos públicos provenientes de los tributos de los contribuyentes; ingresos que, por otra parte, los gobiernos ultra liberales del PP han preferido destinar a otros recursos y en materia de educación, sanidad y seguridad, a entidades privadas en lugar de destinarlos a políticas públicas. Y esa política fiscal de rebaja de tributos a los más ricos es la que preconiza el actual líder del PP si algún día llega a gobernar, aplaudida por la ultraderecha de Vox y los cada vez más conservadores de Ciudadanos.
Si continuamos por Comunidades Autónomas, la de Madrid no es el mejor ejemplo de implementar políticas sociales. Un ejemplo de la dejadez del gobierno de Madrid lo hemos conocido esta semana en relación a las residencias de Mayores dependientes del gobierno regional. En Alcorcón, varios trabajadores de enfermería de una residencia que alberga a cerca de 300 mayores, algunos de ellos grandes dependientes, han denunciado en los juzgados la escasez de personal que sufre el centro. Los empleados no pueden atender a los residentes y tienen que ser los familiares de estos los que diariamente acudan al centro para cambiarles la ropa de cama, ducharlos y lavarles su ropa y vestidos. Los trabajadores denuncian que incluso reciben cartas de sus superiores de la Consejería que les obligan a ir a trabajar en días libres, por necesidades del servicio. Algunos residentes han hablado diciendo que además de esto la comida es bastante mala y a veces pasa mucho tiempo entre que les sirven un plato y otro.
A este respecto, el nuevo equipo de gobierno municipal de Alcorcón formado por PSOE y Unidas Podemos, ha aprobado una moción en la que solicitan al gobierno de la Comunidad de Madrid que dote de personal suficiente a la residencia de mayores para garantizar la atención de todos los residentes. Esta moción ha sido apoyada por todos los grupos políticos menos el PP. ¿Por qué no la ha apoyado el PP?
La moraleja a este relato sería la siguiente: "Es preferible que los ciudadanos de la clase media aportemos algunos euros más al año en tributos, que los más ricos contribuyan con muchos más y que las clases más desfavorecidas tengan más exenciones tributarias, para garantizar que se implementen adecuadamente las políticas sociales que garanticen el Estado del Bienestar". Aunque todo esto es una perogrullada, hablando en Román Paladino, dado que eso es lo que establece nuestra Constitución en el artículo 31, a saber "Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio". ¡Que se cumpla la Constitución, que se cumpla la ley! ¿No es lo que siempre están pidiendo los líderes de las "derechas políticas" de este país? Claro que lo piden, pero de forma hipócrita, es decir, lo que solicitan es que se cumpla pero sólo en la parte que les conviene.