Hace unos días me sorprendieron gratamente las declaraciones del famoso actor norirlandés Liam Neeson que realizó ante un redactor de eldiario.es con motivo del estreno de la película Venganza bajo cero de la que el actor es el protagonista principal. Para Neeson, la venganza "destruye a quién la ejerce, a sus familias, a sus compatriotas, a una sociedad entera. El ojo por ojo y diente por diente no funciona".
Sabias palabras de alguien que se declara "hijo de Irlanda del Norte", donde vio y vivió tantos años de horrores y venganzas entre unionistas y republicanos. Precisamente las personas que más han sufrido en sus propias carnes la violencia, el terrorismo y las torturas, vengan de donde vengan, y no han perdido la razón, son las que más odian la venganza. Marcos Ana, que sufrió las consecuencias de la represión franquista en las cárceles del exterminio durante 23 años, siempre dijo que "la venganza es inoperante, no puede formar parte de ningún programa político ni de gobierno", puesto que lejos de construir la convivencia, desgarra los lazos de solidaridad humana, tan necesarios en una sociedad moderna y avanzada.
Hago esta breve reflexión porque durante la última semana se han reactivado sentimientos de odio y venganza entre ciertos miembros de la clase política y mediática por la puesta en libertad de dos "etarras", uno de los cuales, Ugarte Billar, participó en el execrable cautiverio de Ortega Lara que duró año y medio. Que quede claro que los actos de homenaje realizados a estos dos miembros de ETA son éticamente reprobables, siempre; si lo han sido penalmente relevantes se verá porque el gobierno ha hecho lo que tenía que hacer: ponerlo en conocimiento de la Fiscalía para que actúe.
Estos miembros de ETA, liberados, cumplieron las penas impuestas en las respectivas sentencias conforme al Código Penal Vigente en aquél momento; es decir, se cumplió con los principios que inspiran el Estado de Derecho consagrado en nuestra Constitución Española, el Código Penal y la legislación penitenciaria: legalidad, jurisdiccionalidad, proporcionalidad, resocialización y humanidad de las penas, como más importantes. Nada hay que objetar, por tanto, desde el punto de vista jurídico, con independencia que éticamente siga siendo repudiable y que las víctimas sigan sintiendo odio y venganza, que es un sentimiento humano comprensible, por supuesto. Pero hay que recordar que es el Estado, por medio de sus organismos competentes, quien legisla, impone las penas correspondientes y las ejecuta, siempre desde el imperio de la razón y no con las vísceras. De ahí que la Ley del Talión haya quedado felizmente superada, porque no es propia de un Estado Social y Democrático de Derecho, sino de un Estado fallido y salvaje al que nunca debemos regresar.
Una de estas reacciones anacrónicas e impropias de un representante del poder legislativo, las hizo el diputado de Ciudadanos Marcos de Quinto en una discusión por las redes sociales con el periodista Antonio Maestre. Éste le preguntó que cuál sería la respuesta penal ante un hecho de estas características (el secuestro de Ortega Lara), 40 años de prisión, pena de muerte o cadena perpetua, a lo que el diputado respondió que Ugarte debería pasar 532 días en un zulo y sin garantías. Esta respuesta es comprensible en un ciudadano normal, pero, ¿lo es en alguien que tiene que legislar?. Cuando este diputado juró o prometió su cargo, ¿no lo fue de cumplimiento y lealtad a la Constitución Española y al resto del ordenamiento jurídico? Si es así, el señor de Quinto debe saber que la orientación constitucional de las penas privativas de libertad no es la venganza, la expiación, el castigo o la retribución, sino la reeducación y reinserción social de los condenados. Por tanto, que no se les llene la boca diciendo que representan a "partidos constitucionalistas", si no respetan ese y otros principios constitucionales.
Otra de las declaraciones impropias de un diputado hechas con las vísceras y no con la razón, son las que sistemáticamente realiza la flamante portavoz del PP en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, cuyos excesos verbales sentenciaron que "detrás del pacto de gobierno de Navarra está ETA". Estos señores, ¿admiten realmente que ETA ha desaparecido o lo hacen sólo para captar votos y enfrentar sistemáticamente a la población civil porque no soportan estar en la oposición, creyéndose ser los únicos que, por casta y tradición, deben gobernar España? Si estos señores gobernaran y tuvieran la posibilidad de reformar el Código Penal, ¿nos devolverían al Código Babilónico de Hammurabi del año 1700 a.C., que implantó la Ley del Talión?, ¿regresaríamos a un Estado salvaje del estilo de "juego de tronos"?
Como estoy convencido que ni una ni otra formación política tienen en su programa político regresar a los tiempos de la barbarie, las declaraciones de líderes como De Quinto y Álvarez de Toledo deberían ser censuradas por los máximos responsables de Ciudadanos y PP. No se puede estar alentando constantemente a la rebelión y al enfrentamiento; estos excesos verbales no ayudan a la convivencia pacífica y armónica, sino al odio y al rencor. Ya lo dejó plasmado, con claridad meridiana, el gran maestro Tomás y Valiente en uno de los artículos más brillantes que se hayan escrito contra el terrorismo ("ETA y nosotros," El País, 19/12/1995, del que recomiendo su lectura íntegra): "Cuidado con las palabras porque ellas preparan el camino de las balas y de las bombas".