Profesor de Derecho Penal de la Usal
Los pactos a los que están llegando PP, Ciudadanos Vox en diferentes Comunidades Autónomas y Ayuntamientos ponen de manifiesto que los políticos están muy lejos de los ciudadanos que los eligen y a quiénes representan. El interés general como objetivo irrenunciable que debe tener el político honesto y sensato se está convirtiendo en residual y lo que predominan son los desalmados que se sirven del mandato del pueblo para conseguir sus prebendas personales, que priorizan sobre los generales de la colectividad.
La prueba más evidente de lo que manifiesto ha tenido lugar en nuestra tierra castellano-leonesa y la ha protagonizado el líder de Ciudadanos en la Comunidad, Francisco Igea, que ha manifestado, tanto en campaña electoral como después de conocerse los resultados, su deseo de cambio y transparencia en el gobierno de la Junta; con lo que dio a entender que había que cambiar a la formación de gobierno después de 32 años porque ésta estaba involucrado en innumerables casos de corrupción, enquistamiento y clientelismo en la administración regional.
A juzgar por los hechos consumados no sólo no se ha producido ese tan ansiado cambio de gobierno, sino que continúan como consejeros (y en la misma materia) personajes como Suarez-Quiñones, de Fomento y Medio Ambiente, implicado en el famoso "caso Enredadera" a quién grabaron una conversación en la que ofrecía al empresario José Luis Ulibarri la adjudicación de una obra sin concurso previo, sobre gestión de tráfico y de multas. Además, en los pinchazos telefónicos realizados por la policía, el susodicho consejero llegó a afirmar que "la administración soy yo". El señor Igea, en la negociación del nuevo ejecutivo regional, había manifestado, por activa y por pasiva, que no admitiría la continuación de este consejero. ¿Qué se ocultará detrás de todo esto? Los ciudadanos tienen derecho a conocerlo y el gobierno de la Junta, la obligación de investigarlo y darlo a conocer. Por transparencia, por higiene y por regeneración democrática.
¿A qué juega el señor Igea? Pues, de momento, a engañar a los ciudadanos, porque él mismo ha manifestado que "se come sus palabras" y parafraseando a Churchill ha llegado a decir que "a menudo hay que comerse las palabras porque constituye una dieta equilibrada". ¡Lamentable!
Por lo demás, estamos asistiendo a negociaciones y pactos de gobierno en Comunidades Autónomas y Ayuntamientos que, lejos de respetar los principios y valores de un sistema democrático, consolidan conductas más propias de grupos y organizaciones de poder económico y mediático que, en principio, nada tendrían que ver con la política porque a ellos no los elige el pueblo, sino sus empresas privadas, que, recordemos, tienen una finalidad exclusivamente de mercado (crematística y de enriquecimiento, cueste lo que cueste), no de trabajar por la consecución del interés general y por del respeto de los derechos humanos de todos los ciudadanos, sin excepción.
Se está demostrando que los apoyos para la formación de esos gobiernos (autonómicos y locales) van en función, no de un programa político, sino de los cargos que -parafraseando al gran Forges- "vaya a trincar" cada una de esas formaciones. Que el discurso del candidato sea más o menos importante para el interés general, no cuenta, no se escucha. A lo único que se presta atención es si "voy a ocupar una concejalía, una consejería, si voy a tener más o menos poder", con la finalidad de "mandar", no de gobernar por y para el pueblo, como sería lo coherente, racional y sensato.
Esta perversa actuación de los políticos produce alejamiento con los ciudadanos a quienes representan y no pueden éstos, por tanto, estar satisfechos con esos políticos de "poca monta" porque no responden a sus necesidades y demandas. Y esto también es una manifestación de corrupción política, de desviación de las funciones que esos "servidores públicos" tienen encomendadas y que asumieron en un contrato con los ciudadanos. No cumplir con las condiciones de ese contrato, supone un fraude, una estafa, un engaño.
El politólogo italiano Leonardo Morlino viene manifestando desde hace años que estas características de algunos sistemas democráticos convierten a esa democracia en ineficiente o defectiva. Eso es lo que, por desgracia, está pasando en España actualmente. Esperemos que se corrija y no volvamos a vivir los horrores de tiempos pasados, afortunadamente superados.