En una futura historia universal del absurdo ocupará lugar destacado el proceso de devolución de los documentos y objetos que el ejército franquista incautó en Cataluña al final de la Guerra civil, almacenados en el archivo de Salamanca de la calle hasta hace poco bien denominada "del Expolio".
Una ley de 2005, un dictamen casi unánime de 18 expertos y sentencias de la Audiencia Nacional y del Tribunal Constitucional han avalado esa justa restitución, pero la derecha y la ultraderecha se han mostrado pertinaz y ferozmente opuestos a ella, mostrando un extraño interés en archivos ajenos (extraño porque no lo hay con los propios) y llegando a hacer una surrealista comparación de la unidad del archivo con la de España.
Un problema mal planteado se desarrolla mal y más si algunos se empeñan en complicarlo, politizándolo y dando pábulo al memorial de agravios de los soberanistas. Resultado: después de 14 años, aún quedan cosas pendientes de devolución y aún hay lugar para sentencias judiciales chocantes. Una reciente del Tribunal Constitucional desbloquea la enésima transferencia de documentos que el Estado se resistía a entregar alegando que eran "documentos de personas jurídicas suprimidas o desaparecidas", por lo que no existía "la posibilidad de que los propietarios originarios o sus sucesores los recuperen". Y da un plazo de un año para efectuar tal devolución; si no, los papeles deberán volver a Salamanca.
Por otro lado, se habla de documentos cuya transferencia no ha sido aprobada, referidos al ejército y a las Milicias Antifascistas catalanas, a la Consejería de Defensa y Sanidad de la Generalitat, a la Junta Electoral de Barcelona y al Tribunal Especial Popular de Barcelona. En este caso, a primera vista sí parece que son documentos propios de los catalanes y, sin embargo, no se han enviado. No se sabe por qué.
En resumen: se envía lo que no corresponde y se retiene lo que se debería enviar; así, los documentos incautados manu militari en Cataluña hace 80 años volverán allí para retornar a Salamanca otra vez, seguramente con nuevas denuncias y recursos; lo que recuerda el chiste del gallego que quería que le enterraran en Villanueva de Arriba si moría en la de abajo, y viceversa. ¿Por qué? Por xoder, decía.
Pero hay un asunto de fondo que se suele pasar por alto en este tema: la Generalitat debe considerarse administración del Estado, al menos mientras Cataluña forme parte del Reino de España. Ya Azaña argumentó esto en su famoso discurso sobre el estatuto, pero también reza en el título VIII de la actual constitución. Siendo así, la cuestión es: ¿qué más da que los documentos estén en Barcelona o Salamanca o Cádiz o que los devuelva el Archivo Nacional de Cataluña o el AGC de Salamanca, si ambos son del Estado y están igualmente obligados a cumplir una ley estatal? Aunque es evidente que los posibles investigadores preferirán tenerlos lo más cerca posible. Por lo demás, si se han digitalizado los documentos y queda copia de ellos, el problema desaparece como tal.
Me niego a creer que los magistrados del Constitucional den ya por perdidos los Països Catalans y crean que los papeles de referencia deban volver a Salamanca "por derecho de conquista", como dijo el camisa vieja Torrente Ballester, ilustre salmantino de adopción, y como sostiene la plataforma ultra que pretende salvar el archivo. Para salvar a España, dice.