El Tribunal Constitucional estableció en la sentencia 199/1996 que aunque "(...) no puede ignorarse que el Art. 45 de la Constitución enuncia un principio rector, no un derecho fundamental, los Tribunales deben velar por el respeto al medio ambient
María Saiz
Activista por los Derechos Humanos
Es triste observar que para una de las pocas veces que estamos en lo alto de un ranking sea por un motivo tan lamentable. Y es que el 2018 español finalizó dejando un total de 32 casos abiertos en cuanto a infracciones ambientales, adquiriendo España su tercera victoria anual consecutiva en este mundillo. No contentos con obtener el primer puesto, parece ser que los españoles nos hemos puesto de acuerdo, por primera vez, para abarcar con un sinfín de ambientes. La contaminación se extiende desde el aire a la calidad de las aguas, pasando por residuos mineros, caza o daños a los ecosistemas.
Entre estas infracciones se encuentran: la contaminación del agua por la mala gestión de los nitratos, provenientes sobre todo de granjas porcinas; la incorrecta regulación sobre animales destinados a investigación; la falta de evaluaciones de impacto ambiental; los puntos de acumulación de basura? ¡Ni siquiera las islas se libran! como bien muestra el expediente del desarrollo turístico Origo Mare en Fuerteventura. El resort se saltó los informes ambientales y las obras se realizaron "a pesar de haber sido declarada nula por los tribunales españoles".
Y es que, como dice Ana Barreira, presidenta del Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente (IIDIMA), "el medio ambiente todavía no es una prioridad política" y yo me pregunto: si no lo es ahora ¿cuándo lo va a ser? ¿Cuando no queden bosques que arrasar? ¿Cuando no podamos ni respirar el aire? ¿O cuando de una vez por todas entendamos que todo nuestro sistema y modo de vida se cimenta sobre el medio ambiente y la naturaleza? Quizás en ese momento ya sea demasiado tarde.
Por eso será bueno recordar que el principio 10 de la Declaración de Río de Janeiro sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (1992) estableció que "la mejor manera de gestionar los asuntos ambientales es contar con la participación de todos los ciudadanos". De esta forma, se empezó a reconocer que tanto éstos como las ONG y el sector privado pueden desempeñar un importante papel en la protección del medio ambiente. Los ciudadanos, pues, tenemos el derecho y también la obligación cívica de exigir el desarrollo sostenible, respetuoso con el medio ambiente, y de colaborar activamente para logarlo.