De cumplirse el tratado internacional que tantos farisaicos gobernantes han firmado en nombre de sus ciudadanos, el embargo de armas sería total mientras dura el conflicto, pues estamos ante una guerra brutal, tanto más brutal cuanto más lejos del
Guillermo Castán Lanaspa
Activista por los Derechos Humanos
Hace poco más de un año el gobierno español se vio envuelto en una polémica relativa a los derechos humanos y al cumplimiento de los tratados internacionales de los que nuestro país es parte. Se trata de la venta de armas de guerra a Arabia Saudita, país socio de Occidente aunque nunca haya respetado los Derechos Humanos (baste ver la condición de la mujer, sometida en prácticamente todo al varón de turno) y, desde hace más tres años, envuelto en una guerra espantosa en Yemen, al frente de una coalición (por ejemplo con los llamados Emiratos Árabes Unidos) que, en realidad, tan solo da cobertura a sus desmanes y crímenes de lesa humanidad.
El problema se planteó en España cuando salió a la luz la venta de 400 bombas guiadas por láser, de esas que la aviación saudí utiliza para destrozar, como se ha visto ya en tantas ocasiones a lo largo del conflicto, hospitales, escuelas, mercados e infraestructuras civiles fundamentales para la vida de las gentes, que son así rehenes de castas en lucha por el poder y a las que todo el sufrimiento que provocan les tiene absolutamente sin cuidado. Si en un primer momento el gobierno dijo suspender la venta, como estipulan los tratados internacionales, inmediatamente rectificó al ver en peligro el contrato que Arabia tenía intención de firmar con astilleros gaditanos para la construcción de unos barcos de guerra también, por supuesto.
Arduo dilema (en realidad chantajista) el que se planteaba a nivel político, social y ético, desde luego, pues la pérdida de estos contratos navales supondría un enorme castigo para las familias gaditanas, sin alternativas para ganarse la vida ante la falta de desarrollo suficiente en la zona. Reconozcamos que para un partido político gobernante el dilema resulta embarazoso, y más cuando se dicen defensores ante todo de los derechos humanos, que nuestra constitución consagra junto con el derecho internacional. Pero para abordar el problema no era necesario hacer el ridículo al punto que se hizo por parte de varios ministros socialistas, que se atrevieron a decir que como las bombas son inteligentes no iban a provocar daños en la población civil. Ridícula explicación que tiene el defecto, o quizás solo la consecuencia, de considerar que la ciudadanía traga todo lo que ellos, seres superiores (¡¡!!) y que, a lo que se ve, saben sin duda lo que nos conviene, nos echen. Mala cosa esa de considerar idiota a la población en una democracia.
El caso es tan evidente que la ONU y el Parlamento Europeo han condenado este comercio de armas, prohibido, como se sabe, por el Tratado Internacional que lo regula: no se pueden vender armas que vayan a ser utilizadas en conflictos fuera del arbitraje de la ONU o contra la población civil, como es el caso. De cumplirse el tratado que tantos farisaicos gobernantes han firmado en nombre de sus ciudadanos, el embargo de armas sería total mientras dura el conflicto, pues estamos ante una guerra brutal, tanto más brutal cuanto más lejos del foco de la opinión pública, en la que la población civil es la víctima principal (ya van más de 15.000 muertos) sufriendo acciones que, sin duda, constituyen crímenes de guerra, ocasionados, desde luego, por todos los bandos en conflicto.
Hay que decirlo alto y claro: todas las partes implicadas han cometido crímenes de guerra (la alianza encabezada por Arabia, el gobierno de Yemen, los rebeldes hutus y sus aliados iraníes), de los que resultarían seguramente cómplices todos aquellos gobernantes que, conculcando el derecho internacional, participan directamente (en la coalición) o indirectamente (facilitando medios y recursos para las masacres).
La terrible crisis humanitaria que padecen las pobres gentes del Yemen, 22 millones de personas atrapadas en una dinámica infernal que no entienden ni los tiranos que la provocan, reclama a los gobernantes y a los ciudadanos un compromiso y una respuesta ética por encima de las simpladas con que nuestro gobierno ha pretendido anestesiar nuestras conciencias. La postura cínica del gobierno es intolerable: no se puede justificar de ninguna manera el abastecimiento de armas letales a unos países involucrados en un conflicto criminal. Y por lo que sabemos, España ha vendido estas armas a Arabia por un valor de mil millones de Euros entre 2015 y 2017. A eso se llama echar leña o gasolina al fuego. Por eso, Amnistía Internacional, Oxfam, Greenpeace y Fundipau han hecho un llamamiento a las conciencias y al gobierno de España. No podemos ser cómplices de crímenes de guerra.
Y, desde luego, es urgente que los responsables que tienen respuestas tan rápidas cuando se les pone ante el espejo de sus responsabilidades y de sus decisiones tan pragmáticas como huérfanas de ética, busquen también las respuestas que correspondan para que nunca más se tenga que someter a la ciudadanía a la presión que supone decidir entre que se maten allá lejos con nuestras bombas o que familias españolas puedan ganarse la vida dignamente. Falso dilema que, si se da, solo explica la incuria, la falta de coraje y la desatención de los responsables a los problemas reales e importantes de nuestro país y del mundo.