El Gobierno de Duterte ha sido denunciado ante la Corte Penal Internacional y podría ser condenado por crímenes de lesa humanidad.
Isabel Miranda Fernández
Activista por los Derechos Humanos
Desde que Rodrigo Duterte fue elegido presidente de Filipinas en 2016, los aspectos negativos que rodean a su gobierno han adquirido mayor repercusión que los positivos. Entre los primeros, destaca su particular "guerra contra las drogas". Ésta va dirigida a acabar con el narcotráfico y el crimen organizado, pero también con cualquier consumidor de droga, los cuales acaban siendo las principales víctimas de esta "guerra". Esto provoca que, aunque haya una gran cantidad de personas detenidas (y asesinadas), el problema del narcotráfico en Filipinas no se vea reducido de forma sustancial. En cifras oficiales del Gobierno, se apunta que han muerto algo menos de 5.000 personas (a fecha de agosto del año pasado), mientras que desde organizaciones como Human Rights Watch se afirma que esta cifra podría ascender hasta las 10.000 personas. Además, a causa de las supuestas operaciones extrajudiciales llevadas a cabo en este contexto, el Gobierno de Duterte ha sido denunciado ante la Corte Penal Internacional, lo cual pone en evidencia el alcance de las mismas, ya que podría ser condenado por crímenes de lesa humanidad. La respuesta del gobierno, por su parte, ha sido formalizar su intención de abandonar el organismo y eliminar su ratificación del Estatuto de Roma, tratado fundacional de la CPI.
Ante la situación planteada, dentro de este marco de "guerra contra las drogas", en Filipinas se está produciendo también una vulneración de las libertades de expresión y de prensa, que afecta tanto a los defensores y activistas de DD.HH., como a medios de comunicación que denuncian la situación del país y que son bastante críticos con el ejecutivo. Como ejemplo de este último caso, podemos encontrar el de Rappler, un sitio web de noticias, cuya directora, María Ressa, ha sido detenida por cargos relacionados con la ciberdelincuencia (ya ha sido puesta en libertad bajo fianza). Ressa defiende que los cargos son falsos y que se trata de un complot contra la página web como consecuencia de las informaciones críticas que se realizan sobre Duterte y su gobierno.
Por todo ello, Filipinas es considerado uno de los países más peligrosos para los periodistas, junto con México, Siria, Irak y Afganistán. De hecho, según Reporteros Sin Fronteras, Filipinas se encontraba en el puesto 133 de 180 en la Clasificación Mundial de Libertad de Prensa de 2018 que realiza la organización. En este mismo orden, desde la Federación Internacional de Periodistas, se insta al gobierno a tomar "medidas inmediatas" para frenar la "cultura de la violencia y la impunidad contra los medios locales".
En definitiva, la posición de Duterte ante las voces críticas que intentan visibilizar la situación del país no debe sorprendernos, ya que son varias las ocasiones en las que ha declarado su intención de luchar contra las informaciones que él considera tergiversadas y dirigidas a dañar su imagen como presidente. Dentro de unos meses se celebran elecciones locales y legislativas en el país, lo que puede que muestre a Duterte, al que todavía le queda la mitad de su mandato, si su partido y candidatos afines (entre otros, Ronald de la Rosa, ex jefe de la Policía de Filipinas, gran protagonista de las operaciones dentro de la "guerra contra las drogas") cuentan con el apoyo de la ciudadanía. Una victoria de la oposición podría significar que la popularidad de la que gozaba el presidente ha ido desapareciendo a consecuencia de sus escándalos, así como de la vulneración de derechos que ha sufrido y sufre la población filipina.