Profesor de Derecho Penal de la Usal
Durante esta semana hemos tenido la oportunidad de reflexionar sobre la realidad del sistema penal y penitenciario en el III Congreso sobre la cárcel, como institución a debate, organizado por el Área de Derecho Penal y el Título Propio Ciencias de la Seguridad de la Universidad de Salamanca y en el que han colaborado el centro penitenciario de Topas, el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria, el Colegio de Abogados y asociaciones y organizaciones no gubernamentales comprometidas en la intervención en actividades y programas de tratamiento con personas condenadas a penas de prisión: Cáritas Diocesana, Pastoral Penitenciaria, Asdecoba y la asociación Líber.
Con estas jornadas hemos pretendido que prisión y sociedad mantengan una relación más estrecha, porque, en definitiva, el objetivo fundamental de la ejecución de las penas privativas de libertad en las cárceles es la resocialización del delincuente, entendiendo ésta como la interiorización de unos principios y valores que permitan al ex recluso integrarse en el tejido social en las mejores condiciones que le permitan vivir con autonomía personal (como cualquier ciudadano libre) y le posibiliten que se abstenga de cometer delitos en el futuro.
Esto, que para algunos sectores sociales y políticos puede resultar rechazable, sigue siendo un mandato constitucional coherente con los principios y valores que inspiran la construcción sólida de un Estado Social y Democrático de Derecho, a pesar de que las últimas reformas penales han supuesto un incremento en la duración de las penas de prisión (hasta llegar a la denominada prisión permanente revisable) y un endurecimiento de la ejecución de las mismas, regresando a la finalidad retributiva y vindicativa de las penas.
Los artífices del incremento desproporcionado de la duración de las penas de cárcel intoxican a la opinión pública con argumentos falsos, al considerar que con ello se consigue erradicar conductas delictivas gravísimas. Resulta bochornoso escuchar a políticos del PP que "ellos han conseguido acabar con los delitos gravísimos incluyendo en la reforma del Código Penal aprobado por LO 1/2015, la pena de prisión permanente revisable", algo que es rigurosamente falso, porque la experiencia empírica nos demuestra que no son los países con sistemas penales que conservan penas de prisión más elevadas e inhumanas, los que tienen una tasa de criminalidad más baja.
Lo que tiene que hacer el Estado para prevenir la delincuencia es destinar más recursos a políticas sociales que corrijan el desequilibrio económico, la marginalidad y la pobreza, en seguridad ciudadana, incrementando el número de policías y guardias civiles, agentes que disminuyeron en los últimas años por los recortes presupuestarios derivados de la crisis económica y en profesionales y personal cualificado, actividades y programas de tratamiento en centros penitenciarios que posibiliten la resocialización de los condenados.
El Ministerio del Interior no ha destinado los recursos adecuados a Instituciones Penitenciarias, pero sí, presuntamente, a otras actividades que se están conociendo en los últimos días. Si las investigaciones sobre la presunta "policía patriótica", creada por el Ministerio del Interior de Jorge Fernández Díaz, para fabricar pruebas falsas y utilizarlas contra determinadas formaciones políticas con la finalidad de impedir la formación de un gobierno diferente al del PP, después de las elecciones generales de diciembre de 2015 ó 2016, en lo que se está denominando "cloacas del Estado", sería uno de los atentados al Estado de Derecho más graves de la reciente historia de España. Es una cuestión del Estado que debe investigarse hasta sus últimas consecuencias.