El grupo granate propone que las comprobaciones sean realizadas por personal público y no por una empresa privada, dado que las actuaciones están causando "indignación" en las empresas
Ganemos Salamanca denuncia el malestar y las quejas existentes en la ciudad en lo que se refiere a las tasas por ocupación de vía pública por la realización de obras (ordenanza número 33). El problema radica en que las empresas, y la ciudadanía en general, estarían pagando de más debido a que el Ayuntamiento está permitiendo unos criterios que, en lugar de beneficiar a las personas, se caracterizan por un "afán recaudatorio", como advierte el concejal de la formación granate Gabriel Risco.
Es una empresa privada la que lleva a cabo la comprobación de los metros cuadrados ocupados y, en general, siempre considera que el espacio es mayor que el solicitado. El trámite posterior es la comunicación de esa nueva superficie y la liquidación tributaria que supone, sin permitir posibles alegaciones. Es decir, desde el OAGER (Organismo de Gestión Económica y Recaudación) se hace llegar una carta que confirma el precio final tras el incremento, así como el plazo establecido para el pago.
Sin embargo, legalmente también es posible hacer que estas gestiones se realicen "en beneficio la ciudadanía" y facilitando un plazo para presentar alegaciones en caso de que la o el solicitante esté en desacuerdo con la nueva superficie y su coste, como explica Risco. En la actualidad, sí que existe la posibilidad de interponer un recurso, pero siempre y cuando se haya realizado antes el pago. Además, Ganemos se muestra en contra de que las comprobaciones se estén haciendo desde una empresa privada e insiste en que esta labor debería llevarse a cabo por personal municipal.
Tal y como ha podido conocer Ganemos, el descontento con esta situación es generalizado entre las agrupaciones empresariales. "Estamos ante prácticas detestables que incrementan de forma injustificada los costes de las obras, y esto es algo que hay que corregirlo cuanto antes, porque en general son las comunidades vecinales, es decir, la ciudadanía en general, la que se ve perjudicada", apunta el concejal Risco.
Tarifas aplicadas de forma arbitraria
La "indignación" también proviene de la "falta de criterio" y la "arbitrariedad" con que se aplican las tarifas contenidas en la ordenanza. Existen dos, una para instalaciones temporales -que se cobra por día- y otra para periodos más prolongados, que supone una cuota mensual más elevada. Pero actualmente "se están haciendo cambios de tarifa sin justificación, con las importantes consecuencias económicas que ello supone", añade el concejal de Ganemos.
La forma de comunicación entre el OAGER y la ciudadanía centra otra de las críticas, puesto que, mientras que el organismo obliga a las vecinas y vecinos a hacerle llegar sus notificaciones de forma telemática, las respuestas que emite son siempre en papel. Esta fórmula causa a menudo perjuicios, ya que no siempre las direcciones postales que a las que remite sus cartas están actualizadas, de modo que, en ocasiones, las notificaciones no llegan a tiempo a su destino, con el consecuente recargo por retrasos en los pagos, como agrega el edil de Ganemos Salamanca.