Desde que el jueves 17 de marzo de 2017 el Congreso de los Diputados aprobase por votación la prohibición de amputar colas a los perros por motivos estéticos o funcionales, no así por motivos de salud, se ha levantado la veda en España para ver quien dice o hace el mayor dislate posible. Poco importa ya qué votó cada grupo en aquella sesión parlamentaria aunque es importante reconocer que el PP propuso no aplicar esta prohibición a los perros de las diversas razas de caza debido a su funcionalidad, pues perros que trabajan en el monte, si llevan cola larga, se producen heridas en la punta de la misma nada fáciles de curar y que les suponen más sufrimiento amputársela en el momento de su nacimiento.
Partiendo de la base de que amputar la cola a un cachorro en sus primeras 48 horas de vida, como se había hecho siempre, no le supone sufrimiento alguno por falta de sensibilidad en esas horas, resulta difícil entender que se hayan despreciado las posibilidades que la ciencia ofrece y ni se haya considerado la labor de veterinarios para hacer esta operación con todas las bendiciones que se pudieran exigir. Si los humanos, sirviéndonos de la ciencia, podemos pasar por el quirófano para sufrir mil manipulaciones en nuestro cuerpo ya me dirán si un cachorro no podría pasar por la mesa de un veterinario para amputarle la cola.
Sea como fuere, aquella ley ha destrozado, en mi opinión, algunas razas como pudiera ser, entre otras y principalmente, el Epagneul Bretón, raza cuyos ejemplares son de poca alzada, motivo por el cual veremos ahora si con la cola larga se adaptan técnicamente a lo que describe su estándar de trabajo y su mecánica de movimiento se puede ajustar a lograr esa" rápida sucesión de movimientos recogidos"; la FCI tendrá que decirnos, ahora, que debe hacer un Bretón con su cola cuando galopa, cuando controla emanaciones en tierra o cuando está de muestra, pues hasta ahora sin ella estaba todo dicho. Por otra parte ver a un Braco, a un Perdigueros de Burgos a un Schnauzer o a un Bóxer con cola larga daña la vista, sinceramente.
La ley en La Rioja
Pero la mayor de todas las incongruencias posibles se ha cometido en el parlamento de La Rioja. El pasado 30 de noviembre se publicó en su Boletín Oficial el texto de la Ley 6/18 de protección a los animales en la cual se obliga, entre otras cosas, a los propietarios de mascotas, según su artículo 11, a esterilizar a las mismas en pos de evitar la superpoblación y el posible abandono, supuesta consecuencia de lo anterior.
Independientemente de que la esterilización conduce a la desaparición de las especies, también la humana si fuera el caso, resulta difícil entender cómo en una ley de protección animal se nos prohíbe amputar la cola incluso en la clínica veterinaria y en otra ley con los mismos fines que la anterior se obliga a la esterilización.
La Real Sociedad Canina de España, máxima autoridad en materia canina y cuyo cometido es la conservación, fomento y mejora de las razas puras de perros desde su fundación en junio de 1911 y, que por cierto, nunca ha sido consultada sobre asunto alguno por quien ha legislado en estas materias, ha emitido un comunicado a través de su Comité Científico representado por un Profesor Asociado de Medicina y Cirugía Animal de la Facultad de Veterinaria de la Universidad Complutense de Madrid , donde manifiesta con "rotundidad" su "profundo malestar" ante el contenido de la citada ley y aduce que "la protección y bienestar de los animales domésticos, no puede depender de unas políticas restrictivas basadas en Leyes sin respaldo científico alguno".
Dicho comunicado se extiende, después, haciendo alusión a infinidad de estudios realizados en diversos países y se advierte del error de generalizar en todos los individuos sobre un asunto tan peligroso como la castración, máxime cuando el sector veterinario español no se ha puesto de acuerdo aún para aunar criterios sobre asuntos tales como razas, edades o métodos de esterilización, pues los basados en técnicas de inmunocontracepción son reversibles ante otros basados en técnicas quirúrgicas que son irreversibles. En todo caso parece más lógico y apropiado que la lucha contra una hipotética superpoblación de mascotas se hiciera desde la educación de propietarios encaminada a la tenencia responsable de mascotas y no desde la obligatoriedad de la castración.
Pero no es solo a la hora de legislar cuando el político mete la pata. Hay palabras, gestos o actos desafortunados que se pagan después electoralmente. Hablar de prohibiciones como hizo alguna formación política en Andalucía recientemente, le ha pasado su correspondiente parte de factura. Relacionar a la España casposa con la que va a los toros o de caza, puede tener las mismas consecuencias. En mayo hay elecciones, mejor estar al loro.
Antonio Vicente
Juez internacional canino