Fomento estudia sumar los cuarteles abandonados por la Guardia Civil al parque público de viviendas en Castilla y León
La Consejería de Fomento y Medio Ambiente estudia la posibilidad de incorporar los cuarteles abandonados por la Guardia Civil al Parque Público de Alquiler Social, una iniciativa que suma 1.954 viviendas, de las que un centenar están libres. En el caso de Salamanca hay 175 casas en este programa de las que 123 están alquiladas, 15 disponibles, 25 en trámites o reparación y 9 ocupadas de forma irregular.
Esta apuesta mantiene congelada la promoción de VPO en la comunidad, en línea con la orientación del Plan Estatal 2018-2021, que el Gobierno prevé ahora dotar con más fondos. No obstante, el departamento de Juan Carlos Suárez-Quiñones pretende reforzar el parque público en el medio rural con inmuebles como los cuarteles de la Guardia Civil, tras suscribir ya numerosos convenios para poner en el mercado las casas de los Obispados o de los ayuntamientos, a través del programa Rehabitare. Todo ello ha permitido a Castilla y León rozar las 2.000 viviendas, un 78 por ciento más que en 2013, cuando arrancó con 1.096.
En ese sentido, fuentes de la Consejería de Fomento indicaron que en ocasiones los ayuntamientos les trasladan las dificultades que tienen las personas que deciden instalarse en los pueblos, ante las ofertas de trabajo de agricultores y ganaderos, ya que pese a existir muchas casas cerradas, pocas se alquilan y gran parte de las disponible no presentan las condiciones de confortabilidad adecuadas.
Asimismo, el departamento de Suárez-Quiñones subraya que se ha logrado un aumento «considerable» de las viviendas del Parque Público, puesto que casi han doblado las existentes en cinco años. Además, destacó que se incluyeron las viviendas protegidas de Somacyl, que se había edificado con recursos públicos. Se ofrecen mediante la fórmula del alquiler con opción a compra a cinco años, una figura que sin embargo no se utiliza para la adquisición.
Por estas viviendas de alquiler social se pagan rentas de entre 100 y 150 euros al mes, por lo que la cantidad aportada no es muy elevada. Para ello, la Junta exige estar inscrito en el Registro Público de Demandantes de Viviendas de Protección Pública, solicitando una casa en un municipio determinado y tener unos ingresos entre una y 6,5 veces el IPREM y no disponer de otra vivienda en propiedad.
De las 1.954 viviendas, 1.634 se encuentran alquiladas, de las que 594 se encuentran en Valladolid y 222 en Zamora. Las disponibles suman 105 -dos en Ávila, siete en Burgos, 20 en León, 15 en Palencia, 15 en Salamanca, once en Segovia, 15 en Soria, siete en Valladolid y 13 en Zamora-. Además, otras 157 precisa, para ser arrendadas, obras de reparación o diferentes trámites administrativos.
Otras 58 se encuentran ocupadas de forma irregular. De ellas, 14 se encuentran en Ávila; 22, en Burgos; tres en León; siete en Palencia; nueve en Salamanca; dos en Segovia y una en Zamora. Estas situaciones responden a diversas «circunstancias históricas», según Fomento, quien recuerda que solo representan el 2,8 por ciento, si bien en algunos casos como en Burgos, superan las dos decenas.
La Consejería indicó que trata de regularizar los alquileres, puesto que en la gran mayoría de los casos, cumplen las condiciones para acceder a una vivienda de este tipo en régimen de alquiler social. Sin embargo, se han llevado a cabo algunos desahucios al comprobar que eran utilizadas por personas vinculadas con el narcotráfico que no encajaban en el perfil del demandante establecido por la Junta.
Parque público de vivienda
El Programa de Vivienda Social en Castilla y León, cuyas líneas maestras son fruto del Diálogo Social, contempla el fomento del alquiler como uno de sus objetivos prioritarios. Para ello la Junta puso en marcha un Parque Público de Viviendas en alquiler, entendido como servicio público de interés general, que ha complementado con una ampliación de las convocatorias de subvenciones al alquiler.
El Parque dispone actualmente de 1.954 viviendas incorporadas de distintas procedencias: las propias de la Administración autonómica desocupadas y reservadas para colectivos en riesgo de exclusión social (1.482); otras cedidas por la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), que alcanzan ellas 99; las incluidas en el Programa Rehabitare, que son cedidas por los ayuntamientos a la Junta para su rehabilitación y posterior alquiler en el medio rural, 207; y las viviendas de protección pública propiedad de Somacyl que actualmente se ofrecen en régimen de alquiler con opción a compra (166).